CUBA-ONU
Redacción Central
La Habana. PLC | La reunión entre Miguel Díaz-Canel y Kamal Kishore, representante especial de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres, no fue un gesto protocolario más en la agenda diplomática de La Habana. El mensaje que Kishore dejó tras el encuentro —la ONU está “codo a codo con Cuba” y hará “todo lo posible” para ayudar al país— llega en un momento en que la crisis energética ha dejado de ser un problema técnico para convertirse en un factor de riesgo humanitario masivo.
La propia ONU ha descrito con precisión el alcance del deterioro. Los apagones no solo apagan luces: comprometen el suministro de agua, afectan las telecomunicaciones y golpean directamente al sistema de salud. Incubadoras, respiradores, equipos de soporte vital y cadenas de frío para vacunas dependen de una infraestructura eléctrica que hoy es frágil, intermitente y, en muchas zonas, sencillamente insuficiente. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima que 3,5 millones de personas enfrentan dificultades de abastecimiento de agua, una cifra que por sí sola define el nivel de vulnerabilidad en que se encuentra la población.
El plan humanitario de la ONU para Cuba, concebido para mitigar los efectos más graves de la crisis, ha recibido hasta ahora 42 de los 94 millones de dólares previstos. Es decir, menos de la mitad de los recursos necesarios según las propias estimaciones del organismo. Esa brecha financiera revela un dato incómodo: mientras la ONU declara su voluntad de acompañar a Cuba, la respuesta internacional concreta sigue siendo limitada frente a la magnitud del problema.
La lectura política de este escenario es inevitable. El Gobierno cubano insiste en atribuir la crisis energética y sus consecuencias al embargo estadounidense y a las sanciones que restringen el acceso a combustible, piezas de repuesto y financiamiento. Pero los informes técnicos y las propias declaraciones oficiales han reconocido también la obsolescencia del sistema electroenergético, la falta de mantenimiento acumulada y la incapacidad de la infraestructura para sostener la demanda. La ONU, al centrar su preocupación en los efectos sobre servicios esenciales, introduce un lenguaje que se sitúa más allá de la propaganda: el de la protección de la población.
Que un organismo multilateral hable de incubadoras, respiradores y cadenas de frío para vacunas no es un detalle menor. Significa que la crisis energética se está midiendo en términos de riesgo para la vida de recién nacidos, pacientes críticos y programas de inmunización. En ese contexto, la expresión “codo a codo con Cuba” adquiere un doble sentido: por un lado, la voluntad de apoyo; por otro, el reconocimiento implícito de que el país ha cruzado un umbral en el que la precariedad de los servicios básicos puede traducirse en daños irreversibles.
El déficit de financiamiento del plan humanitario plantea otra pregunta de fondo: ¿hasta qué punto la comunidad internacional está dispuesta a asumir que la crisis cubana no es solo un problema político, sino también un problema humanitario que requiere respuestas sostenidas, no solo gestos puntuales? La combinación de apagones, escasez de agua, deterioro sanitario y pérdida de capacidad institucional configura un escenario en el que la frontera entre crisis económica y emergencia humanitaria se vuelve cada vez más difusa.
Para el Gobierno cubano, la presencia de la ONU y su discurso de apoyo ofrecen una oportunidad de legitimación externa en medio del desgaste interno. Pero al mismo tiempo, los datos que el propio sistema de Naciones Unidas pone sobre la mesa obligan a mirar más allá de la narrativa oficial. Cuando un país necesita un plan humanitario para garantizar agua, electricidad funcional en hospitales y continuidad de programas de vacunación, la discusión ya no puede limitarse a quién tiene la culpa, sino a quién asume la responsabilidad de evitar que la crisis se convierta en una tragedia silenciosa.
La reunión entre Díaz-Canel y Kishore, y el mensaje de que la ONU estará “codo a codo con Cuba”, deben leerse en ese marco: no como una foto diplomática, sino como la confirmación de que la situación del país ha entrado en una fase en la que la energía, el agua y la salud dejan de ser indicadores sectoriales para convertirse en variables de riesgo humanitario. Y en ese terreno, las cifras —3,5 millones de personas con dificultades de acceso al agua, menos de la mitad del plan humanitario financiado— hablan con más crudeza que cualquier discurso.
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