Fe bajo vigilancia

CUBA-RELIGIÓN

Por Micaela Hierro Dori – Prensa Libre Cuba – Análisis

Buenos Aires. PLC Análisis | Pocas instituciones incomodaron tanto al proyecto totalitario cubano como las iglesias. No por su poder político, sino porque representaban algo que el régimen nunca pudo tolerar: un espacio de conciencia, de pertenencia y de organización que no dependía del Estado. La historia de esa confrontación va desde las expulsiones masivas de 1961 hasta la represión sofisticada de hoy, que convive con un discurso oficial de “libertad religiosa”. Al inicio de 1961 había en Cuba 723 sacerdotes, 483 de ellos de órdenes religiosas y casi todos dedicados a la enseñanza, y 2.225 monjas y religiosas, en su mayoría educadoras. En junio llegó la nacionalización de la enseñanza: unos 350 colegios católicos y 100 protestantes pasaron a manos del Estado, además de varias universidades privadas, entre ellas la Universidad Católica de Santo Tomás de Villanueva. Con esa medida el régimen se quedó con el monopolio de la educación y le quitó a la Iglesia su principal obra social. El golpe más simbólico llegó el 17 de septiembre, poco después de que se prohibiera la procesión de la Virgen de la Caridad: 131 sacerdotes fueron expulsados en el buque Covadonga, 86 españoles, 33 cubanos y 12 de otras nacionalidades. Entre 1965 y 1968, el régimen creó las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP): campos de trabajo forzado donde fueron internados los “desviados” del ideal revolucionario. Allí terminaron homosexuales, jóvenes considerados “antisociales” y, sobre todo, creyentes: católicos, bautistas, pentecostales, adventistas y Testigos de Jehová, que se negaban a jurar la bandera o a trabajar en sábado. Para ese entonces, el Partido había creado la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central, inspirada en los modelos soviético y chino, para controlar la actividad religiosa. Durante décadas, ser creyente significaba quedar excluido de ciertas carreras, del Partido y de muchos cargos públicos.

Desde los años noventa, el régimen suavizó su discurso. La Constitución dejó de definir al Estado como ateo, el papa Juan Pablo II visitó la isla en 1998 y las iglesias recuperaron cierto espacio. Pero la estructura de control nunca desapareció; solo se volvió más sofisticada. La Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central sigue funcionando. En 2022 se le sumó un Departamento de Atención a las Instituciones Religiosas dentro del Gobierno, aunque el propio Partido aclaró que la Oficina seguiría implementando la política de la Revolución hacia la religión y los creyentes. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) registró al menos 873 violaciones a la libertad religiosa en 2025. Christian Solidarity Worldwide (CSW) documentó 667 casos contra protestantes, católicos, grupos afrocubanos y Testigos de Jehová entre enero de 2025 y junio de 2026, además de 94 “actas de advertencia” contra líderes religiosos: documentos que anticipan futuras detenciones por delitos que todavía no se cometieron.

Los casos tienen nombre y apellido. El pastor Lorenzo Rosales Fajardo, de la iglesia independiente Monte de Sion, fue condenado a siete años por participar pacíficamente en las protestas del 11J, y un grupo de trabajo de la ONU declaró arbitraria su detención. Fue liberado en enero de 2025. La líder yoruba Donaida Pérez Paseiro también estuvo presa. El pastor Alexis Padrón Lorenzo fue excarcelado este mes, tras más de tres meses detenido, pero sigue procesado y debe presentarse dos veces por semana. Y las Damas de Blanco son detenidas de manera sistemática para impedirles ir a misa.

Además de reprimir, el régimen construyó una red de instituciones religiosas y seudorreligiosas que le dan una fachada de pluralismo y diálogo, pero que funcionan dentro de los límites que el Estado fija. El caso más claro es el Consejo de Iglesias de Cuba (CIC), una organización oficialmente reconocida que trabaja en estrecha cooperación con el gobierno. En ese ecosistema está el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo (CCRD), en Cárdenas, fundado por el reverendo Raimundo García. Obtuvo licencia oficial en 2011, es miembro del Consejo de Iglesias y, en su propia página, incluye entre sus aliados al

MININT, el ministerio a cargo de la Seguridad del Estado, que es la que persigue a los pastores independientes.

Un caso similar es el Centro Félix Varela, registrado en 1993 como organización “independiente”, pero que en el sitio de la Academia de Ciencias de Cuba se presenta como institución oficial del Estado cubano. Entre sus objetivos declarados está divulgar los logros del pueblo cubano. No hay que confundirlo con el Centro Cultural Padre Félix Varela, que depende del Arzobispado de La Habana. Pero el uso del nombre del sacerdote que enseñó a pensar a los cubanos para una institución estatal es, en sí mismo, provocador.

La jerarquía católica eligió, desde los años noventa, un camino de diálogo y convivencia con el poder. Esa estrategia le permitió recuperar espacios: más sacerdotes, publicaciones, obras de Cáritas y centros culturales. Sin embargo, dentro de la Iglesia hay voces que se niegan a callar como el Padre Alberto Reyes, párroco en Esmeralda, Camagüey, autor de textos muy críticos del régimen, el Padre Castor Álvarez, detenido y golpeado durante las protestas del 11J en Camagüey, o el Padre José Conrado Rodríguez Alegre, histórico denunciante de la falta de libertades.

En el mundo evangélico destacan pastores como Rosales Fajardo, Padrón Lorenzo y Rolando Pérez Lora, “El Pregonero de Cristo”, junto a jóvenes creadores cristianos como Anna Bensi, hoy procesada.

La historia de la relación entre el régimen cubano y las iglesias no es la historia de una reconciliación, sino de una estrategia que cambió de forma. En 1961, el régimen expulsaba sacerdotes y expropiaba colegios. Hoy prefiere cooptar, administrar y advertir. La verdadera medida de la libertad religiosa en Cuba no está en los templos abiertos, sino en lo que les pasa a los creyentes que se atreven a hablar fuera de ellos.

En vísperas del juicio contra Anna Sofía Benítez Silvente, Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, previsto para el 1 de octubre, la Junta Directiva de la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental dio a conocer un comunicado de respaldo a ambas, que son miembros de una iglesia bautista del este de La Habana. El gesto tiene un peso especial. No proviene de una iglesia independiente o no registrada, de las que suelen sufrir la represión más dura, sino de una denominación histórica y legalmente reconocida: los bautistas occidentales son la segunda denominación evangélica con mayor membresía del país. Es decir, se trata de una institución que forma parte del mismo ecosistema religioso oficial que el régimen administra y que, por eso mismo, tiene mucho que perder si lo confronta. Que una iglesia institucional salga en defensa pública de dos de sus fieles muestra que la estrategia de control tiene límites. Cuando la represión alcanza a los propios miembros de una congregación, la “convivencia” se vuelve más difícil de sostener. Anna Bensi se ha convertido en una de las voces más escuchadas dentro de la isla, con un mensaje que une la fe cristiana y el rechazo al sistema totalitario. El respaldo de su iglesia confirma que su causa no es solo política, sino también de libertad religiosa y de conciencia.

La pregunta que queda abierta es si este pronunciamiento será una excepción o el comienzo de una actitud más firme de las iglesias reconocidas frente a la persecución de sus fieles.

Micaela Hierro Dori

Micaela Hierro Dori, internacionalista y politóloga. Presidente de la Asociación Civil Cultura Democrática y autora del libro “Memoria y Cultura por la Democracia en Cuba”