CUBA-SOCIEDAD
Por Carlos Cabrera Pérez – Prensa Libre Cuba
La Habana. PLC Opinión | El tardocastrismo malgasta su escaso tiempo intentando persuadirnos de que Cuba es un estado de derecho, con el esfuerzo decisivo del compañero Díaz-Canel, quien pontifica boberías solemnes a diestra y siniestra. En febrero lanzó una de sus pedradas habituales: “No somos una democracia para las vidrieras; somos una democracia de trincheras”. Las vidrieras cubanas —las que aún resisten— están en candela, pero el presidente está peor, sobre todo cuando la limonada le cae mal en ayunas y se pone a cantinflear sin nadie que le coloque la pastillita debajo de la lengua. No es desvarío reciente: ya en 2021, recién estrenado en la rifa del guanajo, soltó otra joya: “Tener un solo partido no nos convierte en dictadura”. Una pena que no haya rescatado aquella reliquia fideliana: Martí fundó un solo partido y andando se quita el frío.
Boberías solemnes y choteo aparte, este es el récord que ostenta tan peculiar democracia de parapeto en su comportamiento internacional en materia de justicia y derechos humanos, plagado de trucos de tahúr de la presa Minerva, con inflamado discurso que intenta convertir una guarandinga en portaaviones. Los Pactos Internacionales de la ONU sobre derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales están vigentes desde 1966, pero La Habana no los firmó hasta 2008 y nunca los ha ratificado. Este ejemplo de malabarismo político bastaría para caracterizar al pan con na, pero el inventario es más sabroso y no cuesta nada.
En 1972, Cuba ratificó la Convención contra la Discriminación Racial, pero con salvedad al artículo 22 porque no acepta la competencia de la Corte Internacional de Justicia para resolver controversias. La ONU ha constatado incumplimientos. Los negros y mestizos siguen sufriendo discriminación estructural, con impacto desproporcionado en pobreza, vulnerabilidad, marginación, empleo, vivienda y servicios básicos, además de una sobrerrepresentación en las cárceles. Naciones Unidas documenta uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, perfilamiento racial, restricciones a la reunión pacífica, hostigamiento y criminalización de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. También registra hostigamiento y detenciones arbitrarias de miembros de grupos religiosos afrocubanos y hace énfasis en la discriminación interseccional contra mujeres y niñas negras, con mayor exposición a embarazos adolescentes, mortalidad materna y violencia de género.
En 1980, Cuba ratificó la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, pero nunca ratificó su Protocolo Facultativo, pese a haberlo firmado en 2000, evitando así el mecanismo de denuncias individuales. La ONU sostiene que las cubanas sufren elevadas tasas de violencia de género, feminicidios, violaciones, maltratos sexuales y violencia doméstica, y que las víctimas carecen de suficientes casas de acogida. La legislación es insuficiente, la policía ejerce brutalidad contra lesbianas y las mujeres rurales, discapacitadas, negras y mestizas son las más discriminadas. Naciones Unidas documenta amenazas, ataques, intimidación, detenciones arbitrarias, criminalización y represalias contra mujeres defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas, y ha pedido expresamente a La Habana que cese su hostilidad contra ellas.
Cuba firmó la Convención contra la Tortura en 1986 y la ratificó en 1995, pero en 2022 el Comité contra la Tortura señaló que la dictadura más cañenga de Occidente no ha tipificado de manera autónoma el delito de tortura. Los detenidos sufren menoscabo de garantías legales, se producen detenciones arbitrarias, las autoridades retrasan el acceso a abogados y a exámenes médicos independientes. Las condiciones penitenciarias son “preocupantes”, con denuncias de torturas y sin mecanismos independientes de verificación. Reos y familiares denuncian golpes, incomunicación prolongada, aislamiento, cambios bruscos de temperatura y amenazas. El Comité expresó preocupación por la prisión provisional prolongada, figuras delictivas como “estado peligroso” y sedición, el juzgamiento de civiles en tribunales militares y las represalias contra periodistas, artistas y defensores de derechos humanos. Cuba tampoco ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, rechazando así el sistema internacional de visitas preventivas a lugares de detención.
La Convención sobre los Derechos del Niño fue ratificada en 1993, pero la tiranía también incumple. La ONU documenta restricciones a la reunión pacífica de menores y casos de niños detenidos violentamente en julio de 2021, sacados de sus casas sin informar a las familias, incomunicados y sometidos a interrogatorios. Varios menores fueron procesados y condenados a penas de entre cinco y quince años por ejercer su derecho de reunión pacífica. El Comité pidió al Gobierno acabar con las restricciones arbitrarias, suprimir la criminalización de las reuniones pacíficas, evitar el uso excesivo de la fuerza contra niños y revisar la proporcionalidad de las condenas.
Cuba ratificó en 2007 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero nunca su Protocolo Facultativo. La ONU señala que la legislación no está armonizada con la convención, que el país carece de una ley integral sobre discapacidad, que estas personas sufren marginación en la toma de decisiones y que las entidades existentes carecen de autonomía suficiente.
La Convención sobre Desapariciones Forzadas fue ratificada en 2009. La ONU no documenta casos, pero señala que la desaparición forzada no está tipificada como delito autónomo, que la responsabilidad penal de superiores jerárquicos no está plenamente recogida y que la prescripción no garantiza que el plazo comience cuando cesa la desaparición. La subordinación institucional de los tribunales afecta su independencia, y la ONU cuestiona que estos casos puedan ser juzgados por tribunales militares. No existe un mecanismo legal que impida que agentes sospechosos intervengan en la investigación. Los detenidos solo acceden a abogados una vez dictada la medida cautelar, no desde el inicio de la privación de libertad. La prisión provisional es potestad del fiscal, no de un juez. Cuba tampoco tiene un mecanismo independiente de visitas regulares a lugares de detención. La legislación no garantiza un sistema integral de reparación a las víctimas, y las conductas de sustracción de menores no están tipificadas conforme a la convención.
La ONU ha recomendado a Cuba que considere su adhesión a las convenciones sobre refugiados y apátridas. El Comité de Derechos del Niño sugirió firmar las convenciones de apatridia, que evitan privar a las personas de su nacionalidad.
Cuba ha firmado y ratificado diez convenios principales de la OIT, pero sus incumplimientos superan la decena. La OIT mantiene reclamos porque Cuba no reconoce la libertad sindical y mantiene a la CTC como monopolio subordinado al Partido Comunista. También mantiene abierto un expediente sobre trabajo forzoso de sanitarios, incluidas restricciones a la libertad de movimiento y al sistema de retribuciones. La ONG Archivo Cuba posee la mejor base de datos sobre los atropellos laborales y civiles contra médicos, enfermeras y personal sanitario arrendado a terceros países, con testimonios de quienes han escapado del yugo verde oliva.
Vistos los casos y comprobados los hechos, cuando Díaz-Canel y demás mataperros —incluidos extranjeros estabulados por el ICAP en mansiones de protocolo del oeste de La Habana— se pongan a cotorrear sobre democracia y a mentir con descaro, solo hay que recordarles su rosario de violaciones e incumplimientos registrados por Naciones Unidas. Y cuando griten, basta ripostarles con la Musicalísima, Beatriz Márquez, y aquel hit suyo inspirado por Juan Almeida Bosque: no me grites, que no hay por eso más razón en lo que dices. Y si Limonardo Click se pusiera trágico, recordarle que deje de seguir mintiendo porque le crecerá la barba.
Descubre más desde Prensa Libre Cuba
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Sé el primero en comentar