ALZHÉIMER CIUDADANO: CUBA FRENTE AL OLVIDO Y LA PÉRDIDA DE CIUDADANÍA

Por Juan Moreno el octubre 12, 2026 8:19 am |

Crisis social, Cuba, Derechos Humanos, Opinión, Represión y Últimas noticias

CUBA-SOCIEDAD

Por: Juan Moreno – Prensa Libre Cubal

La Habana. PLC-Opinión | Hay pueblos que conservan con firmeza su historia; otros quedan atrapados en un presente que les impide comprenderla y transformar su futuro. El alzhéimer es una enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente la memoria y las capacidades cognitivas. Quien la padece puede tener dificultades para reconocerse, comprender su entorno o conservar recuerdos esenciales de su propia existencia.

Trasladada al terreno sociopolítico, esta imagen permite formular una pregunta inquietante sobre la realidad cubana: ¿qué ocurre cuando una sociedad pierde la conexión con su memoria histórica, debilita su conciencia de ciudadanía y termina aceptando como inalterables circunstancias que afectan su dignidad y sus derechos? A ese fenómeno lo denomino alzhéimer ciudadano: una metáfora para describir el deterioro de la conciencia cívica, la erosión de la memoria colectiva y la desconexión entre los ciudadanos, sus derechos y su capacidad para intervenir en el destino de la nación.

No es una condición inevitable ni una característica inherente al pueblo cubano. Es un proceso social y político que debe analizarse en sus causas, sus consecuencias y las posibilidades de revertirlo. Durante décadas, el sistema político cubano ha privilegiado la uniformidad ideológica, la centralización del poder y un discurso oficial que exalta sus propios logros, mientras la vida cotidiana revela una realidad mucho más compleja. La educación política, la comunicación pública y la interpretación de la historia han estado condicionadas por ese modelo, con escaso espacio para el pluralismo y el cuestionamiento independiente.

Pero ninguna sociedad puede comprenderse solo desde las decisiones de sus gobernantes. También es necesario examinar cómo el miedo, la necesidad, la desconfianza y la lucha diaria por sobrevivir reducen la participación ciudadana y debilitan los vínculos que hacen posible la acción colectiva. La Cuba actual no puede analizarse al margen de la prolongada crisis económica y social. Apagones, inflación, escasez de alimentos y medicamentos, deterioro de los servicios públicos e incertidumbre sobre el futuro forman parte de la experiencia cotidiana de amplios sectores de la población. A ello se suman la emigración masiva, la separación de familias, el envejecimiento demográfico y el debilitamiento de redes comunitarias que durante décadas sirvieron de apoyo frente a las adversidades.

En estas circunstancias, sobrevivir se convierte en una tarea que absorbe casi todas las energías. Resolver qué llevar a la mesa, cómo conseguir un medicamento o cómo enfrentar otro apagón desplaza cualquier preocupación por la participación pública, la organización comunitaria o el ejercicio de los derechos ciudadanos. Ese repliegue no debe interpretarse como apatía ni falta de patriotismo. A menudo es la expresión de un agotamiento acumulado, de la precariedad material o del temor a sufrir consecuencias por expresar opiniones críticas. Pero sus efectos colectivos son profundos: cuando cada individuo queda reducido a resolver aisladamente sus necesidades, disminuyen las posibilidades de identificar problemas comunes, articular demandas y construir soluciones compartidas.

La crisis no es solo económica. Es también humana, cultural y cívica: cómo impedir que la lucha diaria por sobrevivir termine desplazando el derecho a participar en las decisiones que afectan la vida de cada ciudadano. Imaginemos a una persona frente a un espejo: reconoce sus rasgos físicos y su entorno, pero tiene dificultades para reconocerse plenamente en su propia historia. La analogía con la ciudadanía cubana no implica que los cubanos hayan perdido la memoria o la capacidad de pensar. La diversidad de opiniones, las iniciativas solidarias, las expresiones artísticas, el periodismo independiente y las múltiples formas de inconformidad demuestran que la sociedad conserva recursos intelectuales y morales considerables.

El problema surge cuando ese potencial no encuentra espacios seguros y efectivos para transformarse en participación organizada. Un ciudadano no ejerce plenamente su condición cívica solo porque identifique sus dificultades. Necesita reconocer que posee derechos, que puede exigir responsabilidades, que su opinión tiene valor y que la gestión de los asuntos públicos no es patrimonio exclusivo de una élite gobernante. La ciudadanía implica responsabilidades, pero también libertades y garantías. Supone comprender que el Estado debe rendir cuentas, que las instituciones existen para servir a la sociedad y que disentir no convierte a nadie en enemigo de su país.

Cuando la crítica se interpreta como deslealtad, el debate público se empobrece. Cuando la participación depende de la obediencia ideológica, la representación social pierde legitimidad. Cuando el miedo sustituye al diálogo, las diferencias dejan de ser oportunidades para encontrar soluciones y se convierten en barreras. El resultado es una sociedad donde muchos reconocen los problemas, pero no encuentran cómo actuar conjuntamente para resolverlos.

Una nación que desconoce, simplifica o instrumentaliza su pasado queda expuesta a repetir sus errores. La memoria histórica no consiste en idealizar épocas anteriores ni en seleccionar solo los acontecimientos que favorecen una posición política. Tampoco debe convertirse en un repertorio de agravios para perpetuar enfrentamientos. Su valor reside en examinar hechos, contrastar testimonios, reconocer responsabilidades y aprender de las experiencias de distintas generaciones.

Cuba posee una historia marcada por luchas independentistas, aspiraciones de justicia social, conflictos políticos, proyectos de transformación, sacrificios personales y profundas divisiones. Comprender esa trayectoria exige reconocer conquistas y fracasos, sin imponer una interpretación única ni silenciar voces incómodas. La memoria de episodios como el Maleconazo de 1994 o las protestas del 11 de julio de 2021 debe abordarse con rigor: causas, protagonistas, demandas y consecuencias. Son oportunidades para estudiar tensiones acumuladas, demandas insatisfechas y la dificultad de procesar conflictos mediante mecanismos institucionales abiertos y confiables.

Olvidar esas experiencias o utilizarlas selectivamente impide comprender por qué reaparecen determinadas frustraciones y qué cambios serían necesarios para evitar su repetición. La memoria, en definitiva, no debe alimentar la venganza, sino construir una ciudadanía informada, consciente de sus derechos y menos vulnerable a la manipulación.

En mi artículo original advertía sobre los riesgos de una explosión social sin consenso, organización ni liderazgo capaz de conducir las demandas colectivas hacia objetivos concretos. Mantengo esa preocupación, pero es necesario ampliarla. La historia demuestra que el descontento, por intenso que sea, no garantiza una transformación duradera. Una multitud puede compartir frustraciones y, al mismo tiempo, carecer de acuerdos sobre soluciones, prioridades o instituciones alternativas.

El Maleconazo de 1994 ilustra esa diferencia entre la expresión del malestar y la capacidad de convertirlo en cambios sostenibles. Lo mismo ocurre con otros momentos de protesta: las causas son diversas y profundas, mientras las posibilidades de organización y negociación permanecen limitadas. Advertir sobre los riesgos de una movilización sin objetivos compartidos no significa defender la pasividad ni justificar la represión. Significa reconocer que la participación ciudadana necesita condiciones para expresar demandas, construir consensos y defender derechos sin violencia ni persecución.

El desafío consiste en transformar el descontento disperso en una cultura cívica capaz de sostener el diálogo, documentar problemas, promover iniciativas comunitarias y exigir responsabilidades públicas. Eso requiere ciudadanos informados, medios independientes, asociaciones autónomas, espacios de deliberación y garantías para quienes expresan opiniones diferentes. Requiere liderazgos responsables, sujetos al escrutinio público y dispuestos a escuchar. Ningún liderazgo debería aspirar a reemplazar la voluntad ciudadana. Su legitimidad debe surgir de la confianza, la transparencia y la capacidad de representar intereses diversos.

Si el alzhéimer ciudadano representa la pérdida de conciencia cívica y de vínculos con la memoria colectiva, su reversión no puede depender de consignas ni de cambios superficiales. Comienza por recuperar la confianza en la capacidad individual y colectiva para intervenir en la realidad. Comienza cuando una persona comprende que tiene derechos, que puede exigir explicaciones y que su dignidad no depende de una ideología. Continúa cuando las comunidades recuperan espacios para debatir, cuando las diferencias políticas no se convierten en exclusiones y cuando la información verificable desplaza rumores y propaganda.

También exige que las instituciones reconozcan el pluralismo, garanticen la libertad de expresión y asociación, protejan a quienes ejercen la crítica y establezcan mecanismos efectivos de rendición de cuentas. La reconstrucción cívica demanda una mirada hacia las nuevas generaciones: transmitirles la historia de Cuba como herramienta para pensar críticamente, contrastar versiones y construir conclusiones propias. No se trata de sustituir una doctrina por otra, sino de defender el derecho a pensar libremente.

El patriotismo no se mide por la obediencia, el silencio o la permanencia física en el territorio. Amar a Cuba también puede expresarse mediante la crítica responsable, la defensa de los derechos humanos y el compromiso con la comunidad. El mayor peligro del alzhéimer ciudadano no es olvidar una fecha o un acontecimiento, sino olvidar que la ciudadanía es una condición permanente; que los derechos no son concesiones del poder; que ninguna sociedad puede desarrollarse si sus integrantes quedan reducidos a espectadores de su propio destino.

La crisis cubana plantea interrogantes que trascienden la economía: cómo reconstruir la confianza entre los ciudadanos, cómo recuperar los espacios de participación, cómo evitar que la emigración y la precariedad sigan fragmentando familias y comunidades, cómo establecer una convivencia política donde disentir no implique ser tratado como adversario irreconciliable. No existen respuestas sencillas. Tampoco sería responsable prometer que una sola iniciativa o un liderazgo providencial resolverá problemas acumulados durante décadas.

Lo indispensable es abandonar la resignación y comprender que la reconstrucción nacional necesita memoria, participación, responsabilidad y garantías para todos. Cuba no necesita una ciudadanía uniforme. Necesita ciudadanos capaces de pensar, recordar, debatir y actuar con libertad; personas que comprendan que las diferencias no anulan su pertenencia a una misma nación. La recuperación de esa conciencia no exige odio ni revancha. Exige verdad, respeto a la dignidad humana y voluntad de construir instituciones que respondan a la sociedad.

Una nación no pierde su futuro cuando atraviesa una crisis, sino cuando sus ciudadanos llegan a creer que ya no tienen derecho a imaginarlo ni capacidad para transformarlo. Cuba necesita recuperar su memoria cívica, reconocerse en la diversidad de su pueblo y devolver al ciudadano el lugar que le corresponde: no como espectador de la historia, sino como protagonista legítimo de su presente y su futuro.