LA INFANCIA EN CUBA: ¿EDUCAR PARA SER LIBRES O ENSEÑAR A OBEDECER?

CUBA-EDUCACIÓN & ADOCTRINAMIENTO

Por Juan Moreno | Prensa Libre Cuba

El adoctrinamiento político desde las aulas, los límites de la patria potestad y las contradicciones de un sistema que proclama proteger a la niñez.

La Habana. PLC Opinión | Hay algo que debería estar fuera de cualquier disputa política: la infancia.

Un niño no nace comunista, liberal, conservador ni opositor. No llega al mundo con un carné de militante ni con una ideología predeterminada. Nace con una enorme capacidad para preguntar, descubrir, equivocarse, aprender y construir, poco a poco, su propia manera de entender el mundo.

Sin embargo, en Cuba hay una pregunta que merece hacerse sin consignas: ¿hasta qué punto el sistema educativo respeta la libertad de pensamiento de los niños y adolescentes cuando la formación escolar está vinculada a un proyecto político que se presenta como incuestionable?

Una cosa es educar en valores como la solidaridad, la honestidad y el respeto. Otra muy distinta es convertir esos valores en una puerta de entrada a la adhesión obligatoria a una doctrina política.

Y ahí empieza el problema.

En una sociedad donde el Estado mantiene un papel central en la educación y donde el Partido Comunista de Cuba ocupa una posición constitucional de fuerza política dirigente superior, resulta legítimo preguntarse si los estudiantes disponen de espacio real para cuestionar las ideas oficiales, debatir otras corrientes de pensamiento y desarrollar una conciencia crítica sin temor a consecuencias.

No se trata de impedir que conozcan la historia de su país. Se trata de algo más elemental: que un niño pueda aprender a pensar sin que le digan de antemano qué debe pensar.

La escuela: ¿espacio para aprender o fábrica de convicciones políticas?

En Cuba, la formación ideológica no aparece solo en los discursos. Está presente en los símbolos, las ceremonias, las organizaciones estudiantiles, las conmemoraciones históricas y actividades políticas que forman parte de la vida escolar.

Desde edades tempranas, los alumnos participan en actos patrióticos, aprenden relatos oficiales sobre la historia nacional y se incorporan a organizaciones como la Organización de Pioneros José Martí. Más adelante, pueden integrarse a estructuras juveniles vinculadas al sistema político.

Estudiar la historia de Cuba o participar en actividades colectivas no constituye, por sí mismo, una vulneración de derechos. El problema surge cuando la educación patriótica deja de fomentar el pensamiento independiente y se convierte en una herramienta para exigir adhesión ideológica.

¿Puede un estudiante cuestionar una interpretación oficial de la historia? ¿Puede expresar una opinión contraria a la del profesor sin que se interprete como falta de compromiso revolucionario? ¿Puede un adolescente decir que no se identifica con el socialismo o que desea conocer otros modelos económicos sin que eso afecte su evaluación o sus oportunidades futuras?

Son preguntas que merecen respuestas concretas.

El nivel educativo de una sociedad no se mide solo por cuántos alumnos aprenden a leer o resolver ecuaciones. También se mide por su capacidad para formar ciudadanos capaces de analizar argumentos, contrastar información y defender sus opiniones con respeto.

Un aula donde solo se premia la respuesta esperada podrá producir alumnos disciplinados. Pero disciplina no siempre significa pensamiento crítico.

Como diría cualquier cubano en la esquina: una cosa es aprender la lección y otra muy distinta es repetirla para que no se forme el lío.

Lo que dicen las leyes: derechos reconocidos y preguntas pendientes

La legislación cubana reconoce derechos de los niños, regula responsabilidades familiares y establece obligaciones para las instituciones educativas. El debate no consiste en negar esos derechos sobre el papel, sino en examinar cómo se concilian con las prácticas escolares y la libertad de conciencia.

La Constitución de 2019 reconoce la libertad de pensamiento, la responsabilidad parental, el derecho a la educación y la protección de los menores. Pero también establece una orientación ideológica estatal para la política educativa. La pregunta es inevitable: ¿cómo se garantiza la libertad de pensamiento cuando la educación está vinculada a una doctrina oficial?

El Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes añade otro elemento. Para afirmar que una disposición concreta restringe la patria potestad o impone sanciones a padres, es necesario examinar el texto oficial. Lo que sí merece atención es cómo se interpreta el interés superior del niño cuando existen discrepancias entre la familia y las instituciones sobre la educación o la participación en actividades políticas.

La protección infantil no debería confundirse con la obligación de aceptar una única interpretación ideológica. Tampoco debería utilizarse el desacuerdo entre padres y autoridades como prueba automática de perjuicio al menor.

La legislación educativa cubana organiza el sistema escolar y define sus principios. En ese marco, es legítimo examinar la presencia de contenidos político-ideológicos y las garantías para los estudiantes que expresan opiniones discrepantes.

Una denuncia jurídica requiere documentos, normas aplicables y hechos comprobables. En periodismo, una acusación puede ser contundente, pero cuando viene acompañada de pruebas, tiene mucha más fuerza.

Los derechos internacionales de la infancia también cuentan

Cuba es Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este instrumento reconoce la libertad de pensamiento, expresión y conciencia; el derecho a ser escuchado; la responsabilidad parental; y la obligación de que la educación fomente el respeto por los derechos humanos y prepare al niño para una vida responsable en una sociedad libre.

La Convención no exige que los niños permanezcan al margen de la política. Exige que reciban herramientas para comprenderla y participar progresivamente en ella.

Pero una educación orientada al desarrollo integral no puede reducirse a la repetición de una doctrina ni a la descalificación automática de ideas diferentes.

La educación debe preparar para vivir en libertad, no para pensar exactamente igual que quienes gobiernan.

¿Dónde termina la autoridad del Estado y comienza la responsabilidad de la familia?

Los padres tienen responsabilidades educativas y de protección. Las escuelas tienen obligaciones de cuidado y enseñanza. El Estado debe garantizar acceso a la educación y protección frente a la violencia y la discriminación.

Ninguna de estas responsabilidades es ilimitada.

La familia no puede maltratar ni privar de educación. Pero discrepar del discurso oficial no equivale a perjudicar al menor.

El problema aparece cuando una diferencia política entre adultos se convierte en presión sobre los niños, o cuando una familia considera que una actividad escolar contradice sus convicciones y no dispone de vías claras para plantearlo sin que el estudiante sea señalado.

¿Qué sucede si unos padres no desean que su hijo participe en una actividad de contenido partidista? ¿Qué mecanismos existen para solicitar alternativas sin represalias? ¿Cómo se resuelve el conflicto cuando la familia considera que se presiona al menor para expresar una convicción que no comparte?

Proteger a un niño significa escuchar también a su familia, considerar su madurez y resolver los conflictos sin convertirlo en rehén de las diferencias entre adultos y poder.

Un niño no es una propiedad ideológica

Los niños no son propiedad del Estado ni propiedad absoluta de sus padres. Son personas con derechos propios y capacidades en desarrollo.

La educación debe enseñar a convivir, respetar, comprender la historia y asumir responsabilidades. También debe dar herramientas para cuestionar, investigar y cambiar de opinión.

Eso es educar.

Adoctrinar es orientar el aprendizaje hacia la aceptación de determinadas creencias, desalentar el examen crítico y castigar el desacuerdo.

Si un estudiante aprende que discrepar tiene un precio, puede terminar dominando una lección más peligrosa que cualquier contenido de un libro: la de callar para evitar problemas.

Y un país donde los niños aprenden a callar antes de aprender a argumentar tiene motivos suficientes para revisar sus métodos educativos.

La contradicción que Cuba no puede ignorar

El discurso oficial presenta la protección de la infancia y la educación universal como conquistas fundamentales. Es legítimo reconocer esos logros. También es legítimo examinar críticamente cualquier aspecto del sistema que limite libertades fundamentales.

La educación gratuita no sustituye la libertad de conciencia. La escolarización universal no elimina la obligación de proteger la libertad de expresión. La formación patriótica no debería confundirse con la adhesión incondicional a un partido o Gobierno.

El derecho de un niño a aprender no puede depender de que su familia comparta todas las posiciones políticas de las autoridades.

La verdadera garantía está en proteger al menor frente a las imposiciones, venga la presión de donde venga.

Entonces nos preguntamos: ¿quién protege al niño cuando el poder y la familia discrepan? ¿Qué espacio real tiene un estudiante cubano para cuestionar una consigna política sin ser etiquetado? ¿Existen procedimientos independientes para denunciar presiones ideológicas o represalias? ¿Se escucha a los adolescentes de acuerdo con su madurez, como exige la Convención?

No se trata de convertir las escuelas en trincheras políticas. Se trata de impedir que se conviertan en espacios donde una sola corriente de pensamiento sea incuestionable.

Los niños cubanos merecen educación, protección, oportunidades y respeto. Merecen conocer su historia con luces y sombras. Merecen escuchar distintas ideas y desarrollar herramientas para evaluarlas. Merecen equivocarse, preguntar y descubrir quiénes quieren ser.

La infancia no debería ser terreno de conquista ideológica.

Un niño no necesita que le enseñen a obedecer una consigna para amar a su país. Necesita que le permitan conocerlo, comprenderlo y tener la libertad de contribuir a cambiarlo.

La infancia merece protección, no imposiciones.