CUBA-CRISIS ENERGÉTICA
Redacción Central
LA HABANA, 13 de octubre de 2026. PLC | En medio de una crisis energética que castiga la vida cotidiana y la actividad económica, el Gobierno cubano ha decidido abrir al capital privado nacional y extranjero uno de los sectores que durante décadas mantuvo bajo un férreo control estatal: el petróleo y el gas.
No se trata, sin embargo, de una privatización de la industria petrolera cubana. El nuevo marco jurídico permite que mipymes, otras empresas privadas, cooperativas e inversionistas extranjeros participen en diferentes eslabones del negocio, pero mantiene los yacimientos bajo propiedad estatal y somete las operaciones a autorizaciones oficiales. Incluso instalaciones estratégicas como refinerías y grandes depósitos podrán recibir capital privado mediante acuerdos específicos sin dejar de permanecer bajo control del Estado.
El giro está contenido en el Decreto-Ley 135/2026, “De Petróleo y Gas”, y en su reglamento, el Decreto 184/2026, publicados el 12 de octubre en la Gaceta Oficial número 85. Las nuevas disposiciones regulan la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento y comercialización del petróleo, el gas y sus derivados, y entrarán en vigor el 19 de octubre.
El Gobierno reconoce así, aunque no lo formule en esos términos, una realidad difícil de ocultar: la recuperación de la industria petrolera cubana necesita dinero, tecnología y recursos que el Estado no dispone por sí solo en cantidad suficiente.
La reforma representa un cambio significativo. El reglamento contempla expresamente que micro, pequeñas y medianas empresas, empresas privadas de más de cien trabajadores y cooperativas no agropecuarias puedan solicitar participación directa en la exploración y explotación mediante concesiones petroleras. Los inversionistas extranjeros también podrán participar bajo las modalidades correspondientes de inversión extranjera.
Pero abrir la puerta no equivale a entregar las llaves.
Las empresas interesadas deberán obtener las autorizaciones correspondientes, y para la exploración y explotación la Oficina Nacional de Recursos Minerales interviene en la acreditación. La concesión necesaria para operar requiere las aprobaciones previstas por el nuevo marco regulatorio.
La diferencia resulta fundamental para interpretar el alcance político y económico del anuncio. La Habana está buscando capital privado sin renunciar al poder estatal de decidir quién entra, dónde opera y bajo qué condiciones.
La legislación incorpora las concesiones petroleras junto a los contratos de producción compartida. Estos últimos podrán extenderse hasta 40 años y prorrogarse otros diez. Las concesiones pueden llegar a 30 años con posibilidad de una prórroga adicional de una década.
También se modifica el escenario de la comercialización. Las refinerías podrán vender combustible directamente al público cuando cuenten con una autorización específica, además de comercializar sus productos al por mayor directamente o mediante empresas especializadas. El reglamento exige a los comercializadores los registros, licencias y permisos correspondientes.
Otro elemento especialmente sensible para el consumidor cubano aparece en el artículo 105 del Decreto-Ley 135. Los precios del petróleo, el gas y sus derivados tomarán como base una referencia actualizada del mercado internacional, pero la metodología quedará en manos de las autoridades competentes. La disposición no establece nuevos precios de gasolina o diésel ni significa por sí misma la liberalización de los precios.
Es precisamente ahí donde la “apertura” encuentra uno de sus límites principales: el Gobierno permite nuevos actores económicos, pero conserva instrumentos decisivos de regulación.
La paradoja es que el mercado ya había empezado a moverse antes que la nueva legislación.
En julio, A granel, una mipyme descrita por 14ymedio como una empresa con capital extranjero, vendía diésel importado de Estados Unidos a 2,50 dólares el litro desde instalaciones pertenecientes a Cubalub, empresa de la estatal Cupet. Según comprobó ese periódico, el combustible estaba dirigido entonces a empresas privadas y el pago debía efectuarse desde el exterior.
El crecimiento de las importaciones privadas desde Estados Unidos añade un componente particularmente revelador al nuevo escenario energético. Datos publicados en septiembre, atribuidos a la Administración de Información Energética estadounidense, situaron en 1,674 millones de barriles las importaciones cubanas de combustibles variados desde Estados Unidos durante el primer semestre de 2026.
Es decir, mientras durante décadas el discurso oficial presentó el enfrentamiento con Washington como explicación recurrente de las dificultades económicas de la Isla, combustible estadounidense está entrando ahora en Cuba por vías comerciales vinculadas al sector privado. Según la información disponible, Washington aclaró en febrero que la excepción “Support for the Cuban People” puede amparar, bajo determinadas condiciones, exportaciones de gas y derivados del petróleo de origen estadounidense destinadas a entidades privadas elegibles y consumidores individuales cubanos.
La contradicción es difícil de ignorar.
El Estado cubano, que construyó durante décadas una economía basada en el predominio casi absoluto de la propiedad estatal, necesita ahora del empresario privado para importar combustible, del inversionista extranjero para aportar capital y tecnología y de nuevas fórmulas contractuales para intentar recuperar una industria que las propias autoridades admiten requiere inversiones en todos sus eslabones.
Pero sería prematuro interpretar los decretos como el comienzo de una liberalización económica profunda. El nuevo marco amplía considerablemente quién puede participar, pero preserva el papel rector del Estado, las autorizaciones administrativas y la propiedad estatal de los recursos estratégicos.
Tampoco existe en las normas una garantía de que la apertura se traduzca automáticamente en más gasolina o diésel en los depósitos de los automóviles cubanos. La legislación crea condiciones para invertir, contratar, producir y comercializar; no crea petróleo ni capital por decreto.
Ese será el verdadero examen de la reforma.
Si consigue atraer inversiones, aumentar la producción y ampliar establemente la oferta, representará una rectificación práctica de uno de los dogmas económicos mantenidos durante décadas. Si, por el contrario, el capital privado queda atrapado entre permisos, discrecionalidad administrativa, controles y falta de garantías, la reforma habrá cambiado la arquitectura jurídica sin resolver la escasez.
La Habana parece haber llegado, empujada por la emergencia energética, a una conclusión que durante años se resistió a admitir: necesita al capital privado incluso en el petróleo.
Lo que todavía no está dispuesta a hacer es cederle el control.
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