La Habana. PLC Análisis | La expansión de las mipymes constituye una de las transformaciones más importantes ocurridas en la economía cubana durante los últimos años. Hasta septiembre de 2026 existían 10.568 micro, pequeñas y medianas empresas privadas, frente a apenas 262 cuando comenzaron a autorizarse en 2021. Sin embargo, según las estadísticas divulgadas, no puede determinarse cuántas de esas empresas continúan realmente activas.
La paradoja salta a la vista. Nunca desde 1959 había existido en Cuba un universo empresarial privado de esta magnitud y, sin embargo, su crecimiento coincide con uno de los peores momentos económicos del país.
La pregunta inevitable es si las mipymes han fracasado o si, por el contrario, se les está pidiendo resolver una crisis que ninguna pequeña y mediana empresa podría solucionar por sí sola.
Las mipymes no pueden sustituir una economía nacional
El crecimiento de las empresas privadas no ha conseguido corregir la escasez ni recuperar el poder adquisitivo. Muchos establecimientos comercializan productos importados cuyos precios quedan fuera del alcance de trabajadores estatales y jubilados. Al mismo tiempo, el Estado mantiene importantes mecanismos de autorización y regulación sobre estas empresas.
La propia economista Ileana Díaz Fernández, profesora de la Universidad de La Habana, identifica dos necesidades fundamentales para que las empresas puedan producir: “dinero y energía”. También reconoce que las condiciones económicas y sociales internas, junto con la política estadounidense de máxima presión, dificultan la implementación de las reformas.
Este punto resulta fundamental porque permite escapar de dos explicaciones demasiado cómodas.
La primera, la del régimen, consiste en atribuir prácticamente cualquier fracaso económico a Estados Unidos. La segunda sería sostener que las sanciones y la restricción del combustible no tienen consecuencias importantes sobre la economía real. Ninguna de las dos lecturas explica por sí sola lo que está sucediendo.
La crisis cubana no comenzó con Trump
Sería históricamente difícil atribuir la crisis estructural de la economía cubana a la actual Administración estadounidense. Las mipymes surgieron precisamente dentro de una economía que ya padecía enormes problemas de productividad, inversión, moneda, abastecimiento e infraestructura.
El deterioro continuó antes de la actual escalada estadounidense. Un reporte del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana estima que el PIB cayó alrededor de un 5% en 2025, tercer año consecutivo de contracción, y que entre 2020 y 2025 la reducción acumulada superó el 15%.
Por tanto, responsabilizar a Donald Trump del origen de la crisis resulta insostenible.
Otra cuestión muy diferente es preguntarse si su política actual agrava esa crisis hasta un punto que termina perjudicando precisamente a los sectores independientes que Washington afirma querer promover.
Y ahí la respuesta resulta bastante más incómoda.
Una estrategia estadounidense con una contradicción interna
La estrategia de Washington no consiste simplemente en cerrar toda actividad económica con Cuba. El Departamento de Estado afirma que las nuevas sanciones buscan intensificar la presión contra el aparato militar y de inteligencia, sus redes financieras y las entidades vinculadas a la represión.
Más significativo todavía es lo sucedido con el combustible.
La Administración Trump permitió exportaciones de combustible destinadas específicamente al sector privado cubano. Reuters informó en marzo que proveedores estadounidenses habían enviado aproximadamente 30.000 barriles exclusivamente al sector privado. El secretario de Estado Marco Rubio explicó que la política buscaba situar a los cubanos privados no vinculados al Gobierno ni a los militares en una posición privilegiada frente a la empresa estatal.
Es un dato importante porque modifica considerablemente la discusión: Washington no busca necesariamente destruir a las mipymes. Al contrario, pretende utilizarlas como alternativa económica al Estado socialista.
La cuestión es si esa separación puede funcionar en la realidad cubana.
¿Es posible sancionar al Estado sin afectar a la economía que controla?
Aquí aparece el problema estratégico.
Una mipyme necesita electricidad, transporte, combustible, banca, puertos, comunicaciones, proveedores y capacidad de importación. Todos esos elementos funcionan dentro de una economía donde el Estado conserva controles esenciales.
Por eso una sanción dirigida al aparato estatal puede tener consecuencias que terminan recorriendo toda la cadena económica hasta alcanzar al pequeño empresario.
El endurecimiento estadounidense de septiembre ofrece un buen ejemplo. Las nuevas medidas cerraron las operaciones bancarias conocidas como “U-Turn” y eliminaron la posibilidad de que bancos sujetos a jurisdicción estadounidense abrieran o mantuvieran cuentas para determinados emprendedores privados cubanos independientes.
Ahí aparece una contradicción evidente: promover al empresario cubano como alternativa al Estado y simultáneamente reducir algunos de sus canales financieros puede terminar debilitando una de las pocas fuerzas económicas relativamente autónomas surgidas dentro del sistema.
Pero La Habana también teme la autonomía económica
El otro error sería convertir a las mipymes en simples víctimas de Washington.
El Gobierno cubano conserva importantes mecanismos regulatorios. Según la información disponible, en agosto de 2026 aumentaron las inspecciones, multas y amenazas de cierre relacionadas con precios, y aunque posteriormente se avanzó hacia mecanismos de importación y exportación directa, las empresas siguen necesitando autorización del Ministerio de Comercio Exterior para determinados procedimientos.
Aquí está posiblemente el núcleo político del problema.
Una verdadera economía privada necesita algo más que licencias para vender productos. Necesita seguridad jurídica, financiación, capacidad de contratar, importar, exportar, invertir y decidir dónde colocar su capital sin quedar permanentemente subordinada a decisiones administrativas.
Las 10.568 mipymes demuestran que existe iniciativa empresarial cubana. No demuestran que exista todavía un auténtico mercado libre en Cuba.
Entonces, ¿es errónea la política de Trump?
No necesariamente en sus objetivos, pero sí puede ser contraproducente en algunos de sus instrumentos.
Existe una lógica política comprensible en impedir que recursos estadounidenses fortalezcan conglomerados estatales, estructuras militares o aparatos represivos. También resulta coherente con ese objetivo facilitar combustible y determinadas operaciones al sector privado, como ha hecho Washington.
Pero una estrategia que pretenda debilitar al régimen necesita una precisión casi quirúrgica.
Si las sanciones terminan impidiendo que un empresario privado consiga crédito, realice pagos internacionales, importe maquinaria o mantenga funcionando su negocio, el resultado puede ser exactamente el contrario del perseguido: menos independencia económica frente al Estado y no más.
La cuestión, por tanto, no debería formularse simplemente en términos de embargo sí o embargo no. La verdadera pregunta para Washington es mucho más sofisticada: ¿cómo aumentar el costo económico del autoritarismo sin aumentar simultáneamente el costo de la independencia económica de los cubanos?
Las mipymes pueden ser parte de otra Cuba
Las mipymes no salvarán por sí mismas la actual economía cubana. Pero constituyen algo mucho más importante a largo plazo: la reaparición de una cultura empresarial independiente después de décadas de monopolio estatal.
Por eso deben ser analizadas también políticamente.
Una política estadounidense inteligente debería diferenciar de manera transparente entre empresarios genuinamente independientes, estructuras vinculadas al poder y empresas estatales. Y una reforma cubana auténtica tendría que hacer precisamente lo que el régimen continúa resistiéndose a hacer plenamente: ceder poder económico real al ciudadano.
El dilema de las mipymes se encuentra, por tanto, entre dos presiones. Por un lado, un Estado cubano que permite la iniciativa privada pero continúa limitando su autonomía. Por otro, una política estadounidense que intenta estrangular económicamente al aparato estatal, pero corre el riesgo de producir daños colaterales sobre quienes precisamente podrían reducir la dependencia de ese Estado.
Culpar exclusivamente a Washington de la crisis sería repetir la coartada histórica del régimen. Negar que las actuales sanciones y restricciones energéticas agravan las condiciones en que funcionan las empresas privadas sería igualmente poco convincente.
La pregunta decisiva para la Administración Trump no es solamente cuánto más puede presionar al régimen, sino a quién fortalece y a quién debilita cada nueva medida.
Porque si la intención es favorecer una Cuba económicamente libre, la política estadounidense debería procurar que cada dólar, cada mecanismo financiero y cada barril de combustible que consiga separar al ciudadano del Estado fortalezca al primero y no al segundo.
Y quizás sea allí, en esa pequeña pero creciente economía independiente, donde una política hacia Cuba podría encontrar una palanca de transformación mucho más poderosa que el simple estrangulamiento económico.
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