CUBA-SOCIEDAD
La Habana. PLC | El nuevo decreto ley aprobado por el Consejo de Estado, que establece un seguro obligatorio de responsabilidad civil para todos los vehículos que circulen por el país, marca un giro tardío y revelador en la política de transporte cubana. La medida, que alcanzará a propietarios particulares, entidades estatales, empresas y titulares extranjeros, introduce una obligación que existe en prácticamente todos los países del planeta. Que Cuba llegue a 2026 sin haber implementado un seguro de esta naturaleza no es solo una anomalía jurídica: es el síntoma de un Estado que durante más de medio siglo no garantizó mecanismos básicos de protección ciudadana.
El seguro obligatorio de responsabilidad civil es una pieza elemental en cualquier sistema de movilidad moderno. Su función es sencilla: cubrir daños causados a terceros durante la circulación de un vehículo. En países de Europa, América Latina, Asia o África, esta cobertura es un requisito indispensable para obtener matrícula, circular por vías públicas o realizar inspecciones técnicas. En Cuba, sin embargo, la ausencia de esta obligación dejó durante décadas a víctimas de accidentes sin respaldo económico, a conductores expuestos a litigios imposibles y a un Estado que nunca asumió la responsabilidad de regular un sector que crecía en precariedad y riesgo.
La aprobación del decreto llega en un momento de transformaciones aceleradas en el parque automotor cubano. El gobierno ha anunciado nuevas reglas para la legalización de vehículos ensamblados por partes y piezas, ha prometido eliminar restricciones al sector privado y ha declarado su intención de que en 2027 no circule ningún vehículo sin registrar ni matrícula. En ese contexto, la introducción del seguro obligatorio parece más una reacción a la crisis que una política planificada. La isla enfrenta un aumento de accidentes, un deterioro profundo de la infraestructura vial y un crecimiento desordenado del transporte privado, especialmente motocicletas y autos importados por particulares.
La falta de detalles sobre la norma —costos, categorías, procedimientos, entidades aseguradoras, plazos de implementación— revela que el decreto fue aprobado antes de que existiera un sistema operativo capaz de sostenerlo. Todavía no se conocen las primas, las coberturas mínimas ni las indemnizaciones previstas. Tampoco se ha informado qué instituciones podrán ofrecer estos contratos, en un país donde el mercado asegurador es estatal, limitado y poco transparente. La publicación en la Gaceta Oficial será decisiva para saber cómo deberán proceder los propietarios actuales y qué sanciones enfrentarán quienes circulen sin la cobertura exigida.
La pregunta inevitable es cómo fue posible que Cuba llegara a 2026 sin un seguro obligatorio de responsabilidad civil. La respuesta apunta a un modelo estatal que durante décadas priorizó el control político sobre la regulación técnica, que mantuvo un parque automotor envejecido y que nunca desarrolló un sistema moderno de protección al ciudadano. En la mayoría de los países, el seguro obligatorio es una herramienta para garantizar justicia, seguridad y responsabilidad. En Cuba, su ausencia fue una expresión más del abandono institucional que caracteriza al sector del transporte.
El decreto, aunque necesario, llega tarde y en medio de una crisis económica que hará difícil su implementación. Los propietarios deberán asumir un nuevo costo en un contexto de inflación, escasez y salarios insuficientes. Las entidades estatales, con flotas deterioradas y presupuestos mínimos, enfrentarán una carga adicional. Y los extranjeros que circulen por la isla deberán adaptarse a una norma que Cuba debió haber adoptado hace décadas.
La introducción del seguro obligatorio no es solo una medida técnica: es la evidencia de un país que intenta modernizarse desde el retraso, no desde la planificación. Cuba incorpora ahora una obligación universal que el resto del mundo considera básica. Lo hace tarde, sin claridad y en medio de una crisis que pone en duda su capacidad de aplicarla. Pero lo hace porque ya no puede seguir ignorando una realidad que durante años dejó a millones de ciudadanos desprotegidos en sus propias calles.
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