Estados Unidos deportó este jueves a 96 migrantes irregulares cubanos en un vuelo que aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, en un momento en que la relación bilateral atraviesa su fase más áspera en años. El Ministerio del Interior (MININT) confirmó que el grupo estaba compuesto por 78 hombres y 18 mujeres y que, nada más tocar tierra, tres de ellos fueron arrestados y trasladados a un órgano de investigación “por presuntos hechos delictivos cometidos antes de salir del país”.
Con esta operación, Cuba suma 740 personas retornadas en lo que va de 2026, en un total de 25 vuelos y operativos coordinados desde Estados Unidos y otros países de la región. El ritmo, según los datos oficiales, se ha acelerado hasta convertirse prácticamente en una rutina mensual.
La administración Trump ha intensificado las devoluciones desde su regreso a la Casa Blanca. Los vuelos de deportación alcanzan cifras récord: solo entre abril de 2023 y junio de 2026, más de 3.142 cubanos han sido deportados en 32 operaciones aéreas, más del doble de lo registrado durante la etapa de Joe Biden. En los primeros cinco meses de este año, antes del vuelo del jueves, ya habían sido devueltos 612 cubanos, lo que confirma una política migratoria de endurecimiento sostenido.
El MININT insiste en que estas devoluciones se realizan bajo los acuerdos migratorios bilaterales y que Cuba mantiene su “compromiso con una migración regular, segura y ordenada”. Pero el contexto en la Isla desmiente cualquier apariencia de normalidad. La crisis interna —apagones prolongados, protestas crecientes, colapso de servicios básicos y un deterioro económico sin precedentes— ha convertido la migración irregular en una vía de escape masiva. Las autoridades cubanas alertan sobre “el peligro y las condiciones de riesgo para la vida” de las salidas ilegales, mientras la corrupción vinculada a trámites migratorios tradicionales se dispara.
La operación de este jueves también llega en un momento en que la atención pública se ha volcado sobre familiares de altos cargos del régimen residentes en Estados Unidos, algunos enfrentando procesos judiciales o pendientes de deportación. En paralelo, la administración Trump ha enviado a cubanos con antecedentes penales a centros de procesamiento de inmigrantes criminales en África cuando La Habana se ha negado a recibirlos, un movimiento que añade tensión a la ya compleja relación bilateral.
El Gobierno cubano no reveló la identidad de los tres detenidos ni los delitos que se les imputan. Tampoco aclaró si existían órdenes de captura previas o procesos judiciales abiertos antes de su salida del país. La opacidad es habitual: los informes oficiales suelen limitarse a mencionar “hechos delictivos” sin aportar detalles verificables.
La cifra acumulada de deportados refleja la magnitud del éxodo cubano. En 2025, Estados Unidos y otros países de la región devolvieron 1.669 migrantes irregulares a la Isla. Y aunque los cruces fronterizos han disminuido en los últimos meses, el flujo sigue siendo uno de los más altos de América Latina: solo en el año fiscal 2025, 33.056 cubanos llegaron a territorio estadounidense.
El vuelo de este jueves es un episodio más de una crisis que ya no se mide solo en cifras migratorias, sino en la erosión acelerada de un país que se vacía mientras su Gobierno se atrinchera. La Habana recibe a sus deportados entre controles policiales, interrogatorios y detenciones selectivas, mientras miles de cubanos siguen buscando cualquier vía para escapar de una realidad que se vuelve cada día más insoportable.
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