Golpe judicial a la Casa Blanca: cubanos entre los beneficiados por la anulación del veto migratorio

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Providence. ULC. Un juez federal de Rhode Island declaró este viernes ilegales las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno de Donald Trump que, durante los últimos seis meses, paralizaron los procesos de asilo y otros trámites migratorios de ciudadanos de 39 países, incluidos Cuba, Venezuela y Haití. El fallo, emitido por el magistrado John McConnell Jr., supone un revés directo a la estrategia del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que había justificado la suspensión de solicitudes con argumentos de seguridad nacional que el juez calificó de “pretextuales” y discriminatorios.

En una opinión de más de cien páginas, McConnell concluyó que la agencia actuó fuera de los límites legales y dejó a “incontables inmigrantes en un limbo indeterminado”, sin acceso a decisiones sobre asilo, permisos de trabajo, residencia o naturalización. El juez subrayó que la pausa no respondía a ninguna conducta de los solicitantes, sino “a la casualidad de su nacimiento”, lo que, a su juicio, violaba tanto las leyes migratorias como las normas administrativas que rigen al Gobierno federal.

Las políticas anuladas formaban parte de un paquete de restricciones endurecidas tras un ataque en Washington en noviembre de 2025, que la administración Trump utilizó para justificar un veto migratorio ampliado. Documentos citados en el fallo incluyen declaraciones de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que pedía “un veto migratorio en cada maldito país” que, según ella, enviaba “invasores extranjeros”, un lenguaje que el juez consideró incompatible con la obligación legal de neutralidad del USCIS.

El fallo abre la puerta a la reactivación inmediata de miles de expedientes congelados y obliga al Gobierno a restablecer los procedimientos migratorios sin discriminar por nacionalidad. Para los ciudadanos cubanos, venezolanos y haitianos —entre los más afectados— la decisión supone un respiro tras meses de incertidumbre y parálisis administrativa. Para la Casa Blanca, en cambio, representa un golpe jurídico a una de las piezas centrales de su política migratoria, cuestionada ahora no solo por su dureza, sino por su ilegalidad.