CUBA-CONDENAS
La Habana. PLC | La cifra es tan reveladora como grotesca: más de 460 procesos penales abiertos en Cuba por supuestos delitos contra el sistema eléctrico entre 2025 y la primera mitad de 2026. La Fiscalía General anuncia sanciones de nueve a veinte años de prisión, decomisos, confiscaciones y medidas cautelares de prisión provisional para el 87% de los imputados. Granma lo celebra en primera plana como si se tratara de una victoria moral. Pero lo que realmente muestra este despliegue punitivo es el intento desesperado del régimen por convertir su propio fracaso estructural en un problema de “delincuentes”, “saboteadores” y “enemigos internos”.
El comunicado de la Fiscalía describe robos de aceite dieléctrico, sustracción de angulares, cortes de cables y daños en torres de alta tensión. Son hechos reales, pero no son la causa de los apagones ni de la crisis energética. Son la consecuencia de vivir en un país donde la infraestructura está abandonada, donde la pobreza empuja a la gente a desmontar lo que puede vender y donde el Estado ha dejado de cumplir su función básica. Un transformador sin aceite puede afectar un barrio; una línea cortada puede apagar un circuito. Pero ninguno de esos incidentes explica que Cuba haya sufrido doce apagones generales en dos años, siete de ellos solo en 2026. Ningún “vándalo” provoca que una termoeléctrica de 45 años se incendie, que una turbina colapse o que un motor de generación distribuida se apague por falta de combustible.
El régimen lo sabe. Por eso necesita una narrativa que convierta la crisis en un ataque, no en un fracaso. Desde mayo de 2025, el Tribunal Supremo decidió que cualquier daño a la infraestructura eléctrica puede ser considerado “sabotaje”, con penas de hasta treinta años de prisión o incluso muerte. Es un salto semántico diseñado para justificar la represión y para evitar la pregunta que el Gobierno no quiere responder: ¿por qué Cuba tiene un sistema eléctrico que se cae cada semana? ¿Por qué la isla vive en apagones de veinte, treinta o cuarenta horas? ¿Por qué las plantas de generación están en ruinas?
La respuesta es incómoda para el poder: porque durante décadas el régimen no invirtió en infraestructura. Porque las termoeléctricas operan con tecnología soviética sin repuestos. Porque la red de transmisión es un entramado remendado que no soporta la demanda. Porque GAESA absorbió recursos que debieron destinarse a modernizar el país. Porque se construyeron hoteles, no plantas eléctricas. Porque la prioridad nunca fue la vida cotidiana de los cubanos, sino la supervivencia política de la élite.
El discurso del sabotaje es la coartada perfecta para no admitir esta verdad. Granma habla de “cerco energético” estadounidense, pero no menciona que el sistema eléctrico cubano ya estaba colapsado antes del bloqueo petrolero. Habla de “delincuentes”, pero no menciona que la población protesta porque lleva días sin electricidad, sin agua y sin gas. Habla de “rigor de la ley”, pero no menciona que la ley se usa para castigar la desesperación, no para corregir la negligencia estatal.
La criminalización masiva de la crisis energética es un síntoma de algo más profundo: el régimen ha perdido la capacidad de gestionar el país y solo conserva la capacidad de castigar. No puede garantizar electricidad, pero puede garantizar prisión. No puede reparar las termoeléctricas, pero puede fabricar culpables. No puede iluminar la isla, pero puede oscurecer la verdad.
Cuba no está a oscuras por culpa de 460 personas. Está a oscuras porque quienes gobiernan nunca se preocuparon por iluminarla. Y cada nuevo proceso penal es un recordatorio de que el régimen prefiere encarcelar a su población antes que admitir su propio fracaso.
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