ESTADOS UNIDOS-UCRANIA-RUSIA-STARLINK
Redacción Central
Estocolmo. PLC | La repentina restricción del sistema de comunicaciones por satélite utilizado por las fuerzas ucranianas ha dejado de ser un problema meramente tecnológico para convertirse en un nuevo frente de la creciente confrontación entre Kyiv y Washington. La pregunta que inquieta al Gobierno de Volodymyr Zelenskyy es políticamente explosiva: ¿fue una avería o una decisión estadounidense destinada a presionar a Ucrania?
Por el momento no hay pruebas públicas de que Trump haya ordenado personalmente limitar las comunicaciones militares ucranianas. La Casa Blanca no ha aclarado las acusaciones. Pero las sospechas cobraron fuerza después de que Elon Musk estableciera una distinción fundamental entre el Starlink comercial de SpaceX y Starshield, su variante para uso gubernamental y militar. Según el empresario, los sistemas de Starshield están bajo control del Gobierno estadounidense y cualquier limitación de velocidad o utilización corresponde a las autoridades militares y, en última instancia, al presidente.
La crisis comenzó entre el martes y el miércoles, cuando las fuerzas ucranianas detectaron restricciones inesperadas en las terminales utilizadas para determinadas operaciones militares. El asesor tecnológico de defensa Serhii Beskrestnov aseguró que las fuerzas armadas no habían recibido advertencia previa y que varias misiones resultaron afectadas. Las informaciones disponibles señalan que las conexiones comenzaron a interrumpirse en terminales desplazándose a gran velocidad, afectando especialmente a operaciones con drones.
La alarma llegó rápidamente a Washington. Denys Sienik, principal diplomático ucraniano en Estados Unidos, contactó urgentemente con legisladores estadounidenses para advertirles de que las restricciones sobre terminales militares habían sido introducidas sin explicación y podían perjudicar la capacidad de Ucrania para responder a ataques rusos. Funcionarios ucranianos comenzaron entonces a plantearse si la medida formaba parte de la creciente presión ejercida sobre Zelenskyy.
El contexto explica por qué una alteración técnica ha adquirido semejante dimensión política.
El Gobierno de Trump está presionando a Ucrania para que detenga sus ataques contra las refinerías rusas. Paralelamente, Washington ha promovido un acuerdo que permite aumentar la presencia del diésel ruso en los mercados internacionales. Trump ha relacionado públicamente los ataques ucranianos contra las refinerías con el encarecimiento internacional del combustible.
Ucrania, sin embargo, considera esos ataques una pieza fundamental de su estrategia para debilitar la economía de guerra rusa.
Una investigación de The Washington Post constató que al menos dos tercios de las 36 grandes refinerías rusas analizadas por S&P Global Energy fueron atacadas entre el 1 de abril y el 31 de agosto. El periódico señala que la campaña ucraniana ha contribuido a provocar una grave crisis rusa de combustibles y que los precios de la gasolina y el diésel habían aumentado alrededor de un 20% desde comienzos del año.
La magnitud exacta del daño sigue siendo objeto de estimaciones diferentes. El Ministerio de Defensa ucraniano afirmó a comienzos de octubre haber neutralizado el 51% de la capacidad rusa de refino, cifra que AP señaló que no había podido verificar independientemente. Otras estimaciones citadas por medios especializados sitúan las refinerías rusas operando aproximadamente al 60% de su capacidad instalada. Por tanto, presentar como un hecho comprobado que Ucrania ha inutilizado “entre el 40% y el 50%” sería ir más allá de lo que puede demostrarse de manera independiente.
La controversia sobre Starshield resulta particularmente delicada porque sus consecuencias no se limitarían a operaciones ofensivas contra territorio ruso. Las restricciones afectaron también, según las informaciones disponibles, a drones empleados para interceptar aparatos rusos dirigidos contra Ucrania. Zelenskyy ha insistido precisamente en ese argumento al denunciar que la interrupción compromete la protección de la población.
De ahí que el problema vaya más allá de quién pulsó el botón.
Si Washington ha utilizado efectivamente las capacidades de Starshield como instrumento de presión política sobre Kyiv, se estaría introduciendo un elemento de enorme trascendencia en la relación entre ambos países: la posibilidad de condicionar en tiempo real determinadas capacidades militares ucranianas para obligar a Zelenskyy a modificar su estrategia. Si, por el contrario, las restricciones obedecieron a otras razones operativas, la negativa estadounidense a ofrecer hasta ahora una explicación inequívoca ha permitido crecer precisamente la sospecha que Washington debería estar interesado en disipar.
El episodio coincide, además, con el rápido deterioro de la relación entre Trump y Zelenskyy. Reuters informó este jueves que el mandatario ucraniano interpreta los cambios introducidos en la capacidad de los receptores militares como una decisión deliberada y no como un simple problema técnico. Musk, por su parte, volvió a señalar que las decisiones relacionadas con el uso de Starshield corresponden al Gobierno estadounidense.
La situación se agrava por el fracaso del llamado alto el fuego energético impulsado por Trump. Ucrania suspendió temporalmente sus ataques contra las refinerías rusas, pero posteriormente Rusia continuó lanzando misiles y drones, también contra instalaciones energéticas ucranianas. Este jueves, Zelenskyy dio por terminada la pausa y Ucrania volvió a atacar una refinería rusa.
Todo ello dibuja una secuencia difícil de ignorar: Washington exige a Ucrania detener ataques contra las instalaciones petroleras rusas; Trump busca aumentar la oferta de diésel procedente de Rusia; aparecen restricciones en un sistema militar de comunicaciones esencial para determinadas operaciones ucranianas; Musk señala que Starshield está controlado por las autoridades estadounidenses; y Zelenskyy concluye que no se trató simplemente de un problema tecnológico. Cada uno de esos hechos está documentado. Lo que no puede afirmarse todavía es que formen parte de una misma orden política dictada por Trump.
Ese matiz es esencial, pero no elimina el problema político de fondo.
El servicio afectado habría sido restaurado este jueves, de acuerdo con una fuente del Ministerio de Defensa ucraniano citada por Reuters, pero Kyiv continúa buscando explicaciones sobre lo sucedido. Eso resuelve provisionalmente el problema operacional, no la crisis de confianza.
Y ahí reside probablemente la consecuencia más seria del episodio. La cuestión ya no consiste únicamente en determinar cuánto tiempo dejaron de funcionar determinadas terminales. La verdadera pregunta para Ucrania es hasta qué punto puede confiar en aquellas capacidades estratégicas que dependen de Washington en momentos en que la Casa Blanca y Kyiv discrepan abiertamente sobre cómo conducir la guerra.
Para Vladimir Putin, una fractura semejante constituye una ventaja sin necesidad de conquistar un solo kilómetro adicional. Cuanto mayor sea la desconfianza entre Washington y Kyiv, menor será la cohesión política y militar del frente occidental.
La crisis de Starshield ha dejado así al descubierto algo bastante más profundo que una interrupción de comunicaciones. Ha mostrado que la batalla por Ucrania también se libra alrededor de quién controla la tecnología de la que depende su defensa. Y mientras no aparezca una explicación convincente sobre quién ordenó las restricciones y por qué, las sospechas sobre Washington continuarán pesando sobre una alianza que atraviesa uno de sus momentos más delicados.
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