La crisis energética cubana: medio siglo de decisiones equivocadas que hoy se cobran su factura completa

CUBA-CRISIS ENERGÉTICA

La Habana. PLC- Análisis / La crisis energética que atraviesa Cuba no es un accidente ni una tormenta coyuntural. Es el resultado acumulado de cincuenta años de decisiones políticas, económicas y estratégicas que han dejado al país con un sistema eléctrico que funciona como un fósil industrial: termoeléctricas de los años setenta, tecnología obsoleta, ausencia de repuestos, dependencia de combustibles de baja calidad y una estructura de gestión que nunca ha sido capaz de planificar más allá de la urgencia del día siguiente. El apagón actual es solo la expresión visible de un deterioro que lleva décadas avanzando sin freno.

Las termoeléctricas cubanas fueron construidas en un momento en que la URSS garantizaba combustible, piezas y asistencia técnica. Ese mundo desapareció hace más de treinta años, pero el régimen nunca diseñó una transición energética real. Las plantas siguieron funcionando con parches, soldaduras improvisadas y piezas recicladas. La Guiteras, la Renté, la Nuevitas, la Mariel y la Antonio Maceo son hoy estructuras fatigadas que operan muy por encima de su vida útil. Cada avería es un síntoma, no la causa. La pregunta que muchos cubanos se hacen es por qué el Estado nunca emprendió la modernización del sistema eléctrico. La respuesta es incómoda: porque el modelo político priorizó la supervivencia del poder sobre la inversión en infraestructura, y porque la economía nacional nunca generó los recursos necesarios para una renovación tecnológica de miles de millones de dólares.

El país tampoco avanzó en energías renovables. Cuba tiene uno de los mejores índices de radiación solar del Caribe y zonas con potencial eólico significativo. Sin embargo, la inversión en paneles solares y parques de viento ha sido mínima. Los proyectos anunciados nunca pasaron de la fase piloto o quedaron atrapados en la burocracia. La razón es doble: falta de capital y falta de voluntad política. El régimen nunca quiso abrir el sector energético a inversiones privadas reales, y los acuerdos con empresas extranjeras se diseñaron bajo esquemas que ahuyentaron a los inversionistas. La transición energética, que en otros países ha sido una oportunidad para modernizar y diversificar, en Cuba quedó reducida a discursos y maquetas.

A esto se suma un factor que rara vez se menciona en la prensa oficial: el desvío sistemático del petróleo venezolano. Durante años, Venezuela envió a Cuba entre 80.000 y 120.000 barriles diarios, suficientes para sostener la generación térmica y los motores de diésel. Pero una parte significativa de ese petróleo nunca llegó a las termoeléctricas. Se revendió en el mercado internacional para obtener divisas, se utilizó para financiar operaciones políticas en terceros países o se destinó a circuitos económicos controlados por GAESA. El resultado fue que las plantas siguieron funcionando con crudo nacional de baja calidad, que deteriora las calderas y acelera las averías. La crisis actual es también la consecuencia de esa desviación sistemática.

La pregunta sobre GAESA es inevitable. Durante décadas, el conglomerado militar ha controlado los ingresos más importantes del país: turismo, remesas, comercio exterior, telecomunicaciones, zonas francas, tiendas en divisas. Su flujo de caja ha sido superior al presupuesto de varios ministerios juntos. Sin embargo, la inversión en infraestructura nacional ha sido mínima. No hay evidencia pública de que GAESA haya destinado recursos significativos a modernizar el sistema eléctrico, renovar la red de transmisión, construir parques solares o reparar termoeléctricas. La opacidad es total: no existen informes auditados, no hay rendición de cuentas y el destino final de esos ingresos es desconocido. La crisis energética también es la consecuencia de un modelo económico donde la principal corporación del país opera sin control público y sin responsabilidad social.

El colapso actual es la suma de todos estos factores: plantas envejecidas, falta de inversión, ausencia de renovables, desvío de combustible, mala gestión, sanciones externas y una estructura estatal incapaz de planificar. El país necesita entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reconstruir su sistema eléctrico, una cifra imposible para una economía en recesión crónica. La población vive entre apagones de veinte horas, alimentos que se pudren, agua que no se bombea, hospitales que funcionan a medias y una sensación de agotamiento colectivo que atraviesa todas las provincias.

La crisis energética cubana no es solo un problema técnico: es la evidencia de un modelo político que ha agotado su capacidad de sostener la vida cotidiana. El apagón es la metáfora perfecta de un país que lleva demasiado tiempo funcionando sin luz, sin transparencia y sin futuro energético. La pregunta ya no es cuándo volverá la electricidad, sino si el sistema que la administra tiene alguna posibilidad real de sobrevivir.