La finca de los Castro: cómo una familia convirtió el Estado cubano en un patrimonio privado

CUBA

Estocolmo. PLC Análisis / Durante más de seis décadas, la familia Castro ha administrado Cuba como si fuera una propiedad hereditaria. No es una metáfora: la estructura económica, militar y política del país fue diseñada para funcionar como una finca donde la familia controla la tierra, los recursos, las instituciones y los mayorales que garantizan la obediencia. La crisis actual —económica, energética, social y moral— no es solo el agotamiento de un modelo político; es el agotamiento de una dinastía que ya no puede sostener el país que construyó para sí misma.

Desde los años sesenta, Fidel Castro gobernó Cuba como un caudillo propietario. Sus decisiones económicas no respondían a criterios técnicos, sino a impulsos personales: megaproyectos agrícolas fallidos, inversiones ruinosas, experimentos industriales improvisados, alianzas internacionales diseñadas para su propio protagonismo. La economía nacional quedó subordinada a sus obsesiones, desde la zafra de los diez millones hasta la quimera de convertir a Cuba en una potencia láctea sin vacas productivas. El país se adaptó a sus caprichos, no a sus necesidades.

Cuando Fidel dejó el poder, Raúl Castro heredó no solo la jefatura del Estado, sino el control de la maquinaria económica que había ido construyendo silenciosamente durante décadas: GAESA. Ese conglomerado militar, dirigido por su yerno y luego por su círculo más cercano, se convirtió en el verdadero Ministerio de Economía. Controla el turismo, las remesas, las tiendas en divisas, las importaciones, las exportaciones, las telecomunicaciones, las zonas francas y buena parte del sistema financiero. GAESA no es una empresa estatal: es la caja fuerte de la familia Castro. Su estructura es opaca, no rinde cuentas y opera con una autonomía que ningún ministerio posee.

La pregunta que muchos cubanos se hacen es inevitable: ¿dónde está el dinero? Durante años, GAESA manejó ingresos multimillonarios provenientes del turismo, de las remesas, de la venta de servicios médicos, del comercio exterior y del petróleo venezolano. Sin embargo, la infraestructura del país está en ruinas: carreteras destruidas, hospitales sin recursos, escuelas deterioradas, transporte colapsado, viviendas en estado crítico y un sistema eléctrico que funciona con plantas de los años setenta. No hay evidencia pública de que GAESA haya invertido en modernizar el país. La riqueza generada por la economía nacional no se ha traducido en bienestar colectivo. El dinero existe, pero no está en Cuba.

El petróleo venezolano es otro capítulo de esta historia. Durante más de una década, Venezuela envió a Cuba cantidades suficientes para sostener la generación eléctrica y el transporte. Pero una parte significativa de ese petróleo nunca llegó a las termoeléctricas. Se revendió en el mercado internacional para obtener divisas, se utilizó para financiar operaciones políticas en terceros países o se destinó a circuitos económicos controlados por la élite militar. El resultado es visible hoy: plantas destruidas, motores sin combustible y un país que vive entre apagones de veinte horas. La crisis energética no es un accidente técnico; es la consecuencia directa de decisiones políticas tomadas para beneficiar a la cúpula, no a la nación.

El aparato represivo es el otro pilar de esta finca familiar. Mientras la economía se derrumba, la policía política, la Seguridad del Estado y las fuerzas especiales reciben recursos, entrenamiento y privilegios. Son los mayorales que garantizan que la finca siga funcionando, incluso cuando ya no produce nada. En un país donde la población vive en la pobreza extrema, los cuerpos represivos son la única estructura estatal que funciona con eficiencia. Su misión no es proteger a los ciudadanos, sino proteger a la familia que gobierna.

Pero cada día es más difícil gobernar Cuba. La crisis económica es total, la legitimidad política está erosionada, la población está exhausta y el país ha perdido su capacidad de generar riqueza. La finca se ha vuelto ingobernable. Sin embargo, la familia Castro conserva el control del aparato represivo y de los recursos estratégicos. Esa combinación —poder sin prosperidad— es la que define el momento actual: un régimen que ya no puede ofrecer nada, pero que aún puede castigar.

La pregunta que atraviesa hoy a la sociedad cubana es si un país puede sobrevivir cuando su estructura económica y política ha sido diseñada para beneficiar a una familia y no a su pueblo. La respuesta se está escribiendo en tiempo real: Cuba vive el colapso de un modelo que nunca fue nacional, sino patrimonial. La finca está en ruinas, pero los propietarios aún no están dispuestos a abandonarla.