CUBA-SOCIEDAD
Redacción Central
La Habana. PLC | La provincia de Las Tunas enfrenta una crisis que crece bajo la tierra y se extiende por los cuerpos de sus habitantes. La minería ilegal de oro, convertida en refugio económico para comunidades golpeadas por la pobreza, está dejando una secuela tóxica: contaminación por mercurio, enfermedades neurológicas, daños renales y trastornos psiquiátricos en una población cada vez más joven. Las advertencias ya no provienen solo de medios independientes; también surgen desde el propio sistema de salud estatal, que reconoce la gravedad del fenómeno.
El municipio de Jobabo y las comunidades de La Guásima y Jobabito se han convertido en epicentro de esta práctica. Allí, el proceso artesanal conocido como “asobe” —lavar tierra, añadir mercurio para amalgamar el oro y quemar la mezcla— libera vapores y residuos que se transforman en compuestos altamente tóxicos. Parte del mercurio termina en lagunas y ríos, donde microorganismos lo convierten en metilmercurio, una sustancia aún más letal que se acumula en peces y en toda la cadena alimentaria.
El toxicólogo Alejandro Mestre Barroso, entrevistado por el estatal Periódico 26, confirmó que el primer caso llegó como un “párkinson raro”, pero pronto quedó claro que se trataba de intoxicación por mercurio. Desde 2024, más de 25 pacientes han sido atendidos con insuficiencia renal aguda, una cifra que triplica los registros nacionales. Jóvenes de apenas 25 a 30 años presentan daños neurológicos, trastornos paranoides, cuadros depresivos y fallos renales severos. Jobabo registra hoy uno de los mayores índices de pacientes nefrológicos y psiquiátricos de la provincia.
La minería ilegal no es nueva, pero sí más extendida. Las alertas oficiales comenzaron en 2024, continuaron en 2025 y se repitieron este año. Lejos de disminuir, la actividad se ha expandido hacia El Cornito y otras zonas, con personas que llegan desde municipios vecinos atraídos por un mercado donde un gramo de oro refinado supera los 60 000 pesos, una cifra imposible de igualar con cualquier ingreso rural tradicional.
El Estado reconoce el problema, pero no lo enfrenta con la urgencia que exige una emergencia sanitaria. La contaminación por mercurio no es un accidente: es el resultado directo de la precariedad, la falta de alternativas económicas y la ausencia de control institucional. Mientras tanto, las comunidades afectadas quedan atrapadas entre la necesidad de sobrevivir y el riesgo de enfermar gravemente.
La crisis en Las Tunas revela una verdad incómoda: en Cuba, la pobreza está empujando a miles a prácticas que comprometen su salud y su futuro, mientras las autoridades responden con advertencias tardías y medidas insuficientes. La minería ilegal no solo destruye el entorno; está destruyendo vidas. Y el silencio oficial, más que una omisión, se convierte en complicidad.
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