Medio millón de cubanos en riesgo: el punto más explosivo de las negociaciones entre Washington y La Habana

Redacción Prensa Libre Cuba Basado en una entrevista publicada originalmente por el Palm Beach Post (Florida, EE. UU.)

En Florida, donde la política hacia Cuba suele vivirse como un pulso emocional permanente, el debate público vuelve a llenarse de consignas, alarmas y lecturas interesadas. Pero detrás del ruido electoral y de los gestos simbólicos, se desarrolla un proceso mucho más delicado: negociaciones discretas entre Washington y La Habana que podrían redefinir la relación bilateral después de décadas de confrontación. Y, según advierten voces con acceso a ambas orillas, podrían hacerlo de una manera que pocos imaginan.

Joe García, excongresista demócrata por el sur de Florida, abogado y empresario, es una de esas voces. En declaraciones al Palm Beach Post, García insiste en que la opinión pública está mirando el escenario equivocado. “Hay mucho ruido que tiene que ver con las elecciones y las posturas, y que proviene de partes que no están en la mesa de negociaciones”, afirma. Lo que realmente importa —dice— es lo que se discute fuera de cámara.

Y entre esos temas, uno sobresale por encima de todos: la posible deportación de hasta 500 000 cubanos desde Estados Unidos, un escenario que, de concretarse, tendría un impacto humano, económico y político sin precedentes en la historia reciente de la isla. La administración del presidente Donald Trump ha puesto sobre la mesa una exigencia que La Habana considera casi imposible de asumir: aceptar el retorno de cientos de miles de personas que llegaron a Estados Unidos en los últimos años, muchas bajo programas de libertad condicional, otras con antecedentes penales, y otras simplemente atrapadas en un limbo migratorio. Para Cuba, sumida en una crisis económica profunda, recibir semejante flujo sería devastador. Para Florida, sostiene García, también sería contraproducente.

Las conversaciones exploran fórmulas alternativas: permisos de trabajo temporales, deportaciones escalonadas a lo largo de varios años, y un sistema de visados de turismo que permitiría a quienes cumplan la ley regresar con frecuencia a Estados Unidos tras su repatriación. García asegura que no respalda una deportación masiva, pero reconoce que es una exigencia central de la Casa Blanca. Y es aquí donde, según él, se juega la verdadera partida.

El resto de los temas —aunque importantes— orbitan alrededor de este núcleo. Washington exige la liberación de más de un millar de presos políticos, un gesto que considera indispensable para cualquier avance. También reclama reformas económicas profundas, más allá de las aperturas limitadas que La Habana ha permitido en sectores como el médico y el petrolero. La isla, con fábricas abandonadas, tierras improductivas y empresas obsoletas, necesita inversión urgente, y lo único que puede ofrecer hoy es tierra y mano de obra cualificada.

Otro expediente que vuelve a la mesa es el de las propiedades confiscadas tras 1959. Según García, La Habana estaría dispuesta a compensar económicamente a empresas y ciudadanos estadounidenses, y se exploran vías para atender también las reclamaciones de cubanos, no mediante la devolución de viviendas, sino mediante títulos de propiedad sobre terrenos u otros activos. Las reformas políticas —exigidas por la legislación estadounidense que regula el embargo— constituyen el tabú mayor para el Gobierno cubano, pero García sostiene que algún nivel de apertura será inevitable si se quiere cerrar un acuerdo.

En un giro que sorprende incluso a sectores de su propio partido, García afirma que Donald Trump es el presidente con mayor capacidad política para levantar el embargo, debido al control que ejerce sobre su partido y al respaldo que podría obtener de una parte significativa de los demócratas. Si las sanciones desaparecen, Cuba podría reincorporarse a la OEA y volver a acceder a créditos del Banco Mundial y del BID, lo que abriría la puerta a miles de millones de dólares para reconstrucción y modernización. La supervisión del FMI —impopular en sectores de izquierda— sería inevitable dada la crisis fiscal y monetaria del país.

Pero en este punto emerge una pregunta que, aunque pocos formulan en voz alta, atraviesa cualquier análisis serio: ¿hasta qué punto estas negociaciones, si prosperan, podrían terminar apuntalando a la élite gobernante cubana en lugar de transformarla?

La posibilidad no es menor. Un acuerdo que combine alivio económico, acceso a financiamiento internacional, reconocimiento diplomático y una apertura controlada podría ofrecer a la cúpula del poder en La Habana —incluida la familia Castro y su círculo militar-empresarial— una vía para perpetuarse bajo un modelo “renovado”, con reformas cosméticas y sin cambios estructurales en la distribución del poder. La historia reciente de otros regímenes autoritarios muestra que la apertura económica sin apertura política suele reforzar a quienes ya mandan. Y en Cuba, donde el Estado controla los sectores estratégicos y la élite militar gestiona conglomerados empresariales, la llegada de capital extranjero podría consolidar aún más ese entramado.

El riesgo, según analistas consultados por Prensa Libre Cuba, es que un acuerdo mal diseñado termine legitimando a un sistema que ha demostrado una notable capacidad para adaptarse sin transformarse. La pregunta de fondo es si Washington está dispuesto a exigir reformas reales o si, en su afán por resolver la crisis migratoria y estabilizar la región, aceptará una transición “administrada” que deje intacto el núcleo del poder.

Mientras en Miami se multiplican las consignas y los gestos simbólicos, las negociaciones avanzan en silencio. Y aunque el ruido electoral seguirá creciendo a medida que se acerquen las elecciones estadounidenses, lo que se discute en esas reuniones discretas podría definir el futuro de cientos de miles de familias cubanas… y también el futuro político de quienes gobiernan la isla desde hace más de seis décadas. El desenlace, por ahora, sigue envuelto en la misma opacidad que caracteriza a las grandes decisiones de Estado. Pero si algo queda claro en las palabras de García es que, detrás del teatro político, se está jugando una partida de consecuencias históricas. Y que no solo está en juego la vida de medio millón de cubanos, sino también la posibilidad —o el riesgo— de que el poder en Cuba se recicle sin cambiar de manos.