ESTADOS UNIDOS-CUBA
Washington. PLC | La decisión de Donald Trump de prorrogar por un año más la aplicación de la Ley de Comercio con el Enemigo —el instrumento jurídico que sostiene el embargo estadounidense desde 1962— no altera la arquitectura normativa vigente, pero sí consolida el marco que permite a Washington mantener y ampliar sanciones contra el régimen cubano en un momento de extrema vulnerabilidad económica para la isla. El memorando, firmado el 20 de agosto y publicado esta semana en el Registro Federal, extiende hasta el 14 de septiembre de 2027 la autoridad presidencial para aplicar dicha ley, cuyo vencimiento estaba previsto para el 14 de septiembre de 2026. Trump justificó la medida como un asunto de “interés nacional” para Estados Unidos, en línea con la práctica anual que todos los presidentes han seguido desde 1978, independientemente de su signo político.
La reacción de La Habana fue inmediata y furiosa. El canciller Bruno Rodríguez calificó la prórroga como una “política genocida” y denunció que no se trata de un trámite administrativo, sino de la confirmación de que Washington busca “asfixiar a una nación entera”. Según el Gobierno cubano, la extensión llega en el “momento más cruel” de la ofensiva estadounidense, marcada por un cerco petrolero y financiero sin precedentes: sanciones a navieras y aseguradoras que transportan crudo, multas a bancos extranjeros y presiones a empresas de terceros países que operan en sectores estratégicos como energía y turismo.
La prórroga de la Ley de Comercio con el Enemigo no introduce cambios inmediatos en los viajes, remesas o transacciones financieras de ciudadanos cubanos y cubanoamericanos, pero sí mantiene viva la base legal que permite a Washington aprobar nuevas sanciones, como las dictadas el pasado 20 de agosto contra funcionarios vinculados a la maquinaria internacional de propaganda del castrismo y contra empresas mineras y de la construcción.
Marco Rubio, secretario de Estado, ha defendido la estrategia como una vía para empujar a Cuba hacia un futuro “próspero, seguro y alineado con Washington”, y ha asegurado que antes de que concluya el mandato de Trump la isla estará encaminada “irreversiblemente” hacia un escenario distinto. A la vez, acusa al régimen de “simular reformas” mientras busca mecanismos para evadir sanciones. En contraste, Miguel Díaz-Canel sostiene que el diálogo con Washington está “estancado” y que Estados Unidos “no tiene autoridad moral” para exigir concesiones.
La prórroga llega, además, en un contexto diplomático adverso para La Habana. Aunque cada año Cuba presenta en la ONU una resolución contra el embargo —respaldada por la mayoría de los países—, el texto es no vinculante y no altera la capacidad de Washington para mantener su política de presión. Organismos como la CEPAL han señalado que el embargo constituye el principal obstáculo para la inserción plena de Cuba en la economía global, mientras el Gobierno cubano estima pérdidas anuales superiores a los 7.500 millones de dólares. El movimiento de Trump, rutinario en apariencia, adquiere así un peso político mayor en un momento en que la crisis interna cubana alcanza niveles inéditos y la Administración estadounidense intensifica su estrategia de máxima presión. Para el régimen, la prórroga confirma que Washington no cederá; para la Casa Blanca, es una herramienta indispensable para sostener una política que busca forzar cambios estructurales en la isla. En medio de apagones, escasez y un deterioro social acelerado, la extensión del embargo no solo prolonga una política de más de seis décadas: profundiza la confrontación en el peor momento económico de Cuba en décadas
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