Ese dato cambia la dimensión política del episodio. El debate ya no puede presentarse simplemente como otro enfrentamiento entre la Casa Blanca y la oposición demócrata. Trump está chocando también con sectores de su propio espacio político que consideran indispensable mantener la presión económica sobre Moscú. Imagen de IA, archivo.
ESTADOS UNIDOS-RUSIA-SANCIONES
Por Humberto López y Guerra – Prensa Libre Cuba
Estocolmo. PLC análisis | La decisión del presidente Donald Trump de suspender la aplicación de importantes sanciones y aranceles contra Rusia, apenas un mes después de haber firmado la legislación que los establecía, representa mucho más que un reajuste técnico de la política económica estadounidense. Es una señal de cambio en la estrategia de Washington frente a Vladímir Putin y una decisión que coloca en tensión tres objetivos difíciles de conciliar: contener los precios de la energía, presionar a Moscú para terminar la guerra y mantener el respaldo estadounidense a Ucrania.
El 16 de octubre, Trump firmó la orden ejecutiva que aplica la Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, una ley que él mismo había promulgado el 18 de septiembre. Pero simultáneamente hizo uso de la Sección 115 de la legislación, que permite al presidente eximir determinadas sanciones, restricciones y aranceles si certifica ante el Congreso que hacerlo responde al interés nacional de Estados Unidos. Eso es precisamente lo que hizo la Casa Blanca.
La precisión es importante. No estamos ante la eliminación completa del régimen estadounidense de sanciones contra Moscú. Las medidas impuestas anteriormente mediante otras órdenes ejecutivas continúan vigentes. Lo que Trump ha neutralizado son disposiciones centrales de la nueva ley que debían incrementar considerablemente la presión económica sobre Rusia y determinados socios comerciales de Moscú.
Entre las medidas contempladas figuraba un incremento arancelario del 500% sobre productos procedentes de Rusia y gravámenes del 100% sobre bienes de los cinco mayores importadores de petróleo y gas ruso que continuaran realizando nuevas compras en las condiciones establecidas por la ley. La orden presidencial deja esas medidas sujetas a las exenciones dictadas por el propio Trump.
Otras disposiciones suspendidas alcanzaban bancos extranjeros que mantuvieran negocios significativos con bancos estatales rusos, operaciones relacionadas con deuda soberana rusa, determinadas inversiones estadounidenses en Rusia y transacciones en beneficio del Gobierno ruso o de funcionarios de Moscú.
El giro resulta particularmente llamativo porque, pocos meses atrás, la propia Administración defendía la Graham Act como un instrumento para aumentar el costo que debía pagar Rusia y quienes continuaran haciendo negocios con entidades rusas. En julio, la Administración había respaldado oficialmente la legislación y argumentado que fortalecería las herramientas de Trump para conseguir que Moscú avanzara hacia una solución negociada de la guerra.
Ahora Washington ha decidido no utilizar buena parte de esas herramientas.
El contexto energético ayuda a explicar el viraje. La decisión llega después del acuerdo anunciado por Trump con Putin para introducir diésel ruso en los mercados en momentos de fuertes presiones sobre los precios energéticos. La Administración presenta esa apertura como una forma de incrementar la oferta y aliviar el costo de los combustibles.
Aquí se encuentra el centro de la contradicción.
Durante años, uno de los objetivos fundamentales de la política occidental de sanciones ha sido reducir la capacidad de Moscú de convertir sus exportaciones energéticas en ingresos mientras Rusia sostiene su guerra contra Ucrania. Ahora Estados Unidos busca simultáneamente mantener presión sobre el Kremlin y recurrir al combustible ruso como instrumento para estabilizar el mercado energético.
La decisión puede ser defendida desde una lógica pragmática: un presidente estadounidense tiene motivos políticos y económicos para impedir que una crisis energética golpee a consumidores, transportistas y empresas. Pero geopolíticamente el precio puede ser elevado. Cada espacio comercial que se reabre para la energía rusa reduce, al menos parcialmente, la fuerza de una estrategia diseñada precisamente para restringir los ingresos de Moscú.
La reacción en Washington demuestra que el problema atraviesa las divisiones partidistas.
El rechazo ya no procede únicamente de los demócratas. La decisión de Trump ha provocado críticas republicanas. Ted Cruz afirmó que consideraba la medida un error y dijo que habría aconsejado al presidente no suspender las sanciones. La exembajadora estadounidense ante Naciones Unidas Nikki Haley fue aún más contundente y calificó la decisión como un grave error de cálculo respecto a Putin.
Ese dato cambia la dimensión política del episodio. El debate ya no puede presentarse simplemente como otro enfrentamiento entre la Casa Blanca y la oposición demócrata. Trump está chocando también con sectores de su propio espacio político que consideran indispensable mantener la presión económica sobre Moscú.
La controversia es todavía más profunda porque la Graham Act nació del consenso bipartidista del Congreso y fue concebida precisamente para elevar el costo económico de continuar comerciando con sectores fundamentales de la economía rusa. La Administración, de hecho, apoyó esa filosofía cuando promovió la capacidad presidencial de utilizar las sanciones como instrumento negociador.
Desde Kiev, la reacción ha sido frontal.
El presidente Volodímir Zelenski considera que la suspensión favorece a Rusia y teme que marque el comienzo de nuevas concesiones. El dirigente ucraniano defendió la Graham Act como una herramienta de presión y sostuvo que debilitar las sanciones no obligará a Putin a detener la guerra.
Moscú, por el contrario, recibió la decisión con satisfacción. El enviado ruso Kirill Dmitriev calificó la suspensión de la Graham Act como un momento de gran importancia, señalando que la aplicación de las penalizaciones habría perjudicado severamente las posibilidades de cooperación económica entre Estados Unidos y Rusia.
Quizá ninguna reacción explique mejor el problema político que esas dos respuestas opuestas: Kiev interpreta la decisión como un alivio para su adversario, mientras Moscú la celebra.
La cuestión ahora es qué pretende obtener Trump a cambio.
Si la suspensión de sanciones forma parte de una estrategia negociadora capaz de producir concesiones verificables de Putin, la Casa Blanca podrá argumentar que utilizó inteligentemente la flexibilidad que el propio Congreso incluyó en la ley. Si, por el contrario, Moscú obtiene nuevas oportunidades económicas sin modificar sustancialmente su comportamiento en Ucrania, la medida adquirirá una lectura mucho más problemática.
Hay además un elemento especialmente significativo: las exenciones no tienen en la orden un plazo fijo de expiración. Permanecerán hasta que el presidente o las autoridades designadas determinen que corresponde adoptar nuevas medidas. Washington conserva, por tanto, la posibilidad de volver a endurecer la presión.
Eso convierte las sanciones no solamente en un castigo, sino en una moneda de negociación.
Trump parece apostar por una concepción transaccional de la política exterior: mantener abiertas simultáneamente la amenaza económica y la posibilidad del acuerdo. Pero esa estrategia encierra un riesgo evidente. Una sanción es poderosa no solamente por el daño que puede provocar, sino por la credibilidad de que será aplicada. Suspenderla justo antes de su entrada en vigor puede reducir ese poder de disuasión si el adversario llega a la conclusión de que Washington priorizará otros intereses cuando el costo interno de mantener la presión aumente.
La paradoja es considerable. El Congreso diseñó una de las herramientas económicas más agresivas contra Moscú; Trump la firmó; y, un mes después, el propio presidente utilizó una facultad contenida en esa misma legislación para impedir que buena parte de su fuerza entrara en funcionamiento.
Para Putin, el giro supone un alivio político evidente. Para Zelenski, una señal preocupante sobre la dirección de Washington. Para el Congreso, especialmente para los legisladores republicanos que respaldaron la ley, constituye una prueba de hasta dónde están dispuestos a desafiar a su propio presidente en política exterior.
Y para Trump, es una apuesta de alto riesgo.
Si logra convertir el alivio de las sanciones y el comercio energético en instrumentos capaces de arrancar concesiones reales a Moscú, podrá presentar la maniobra como pragmatismo negociador. Si Putin recoge los beneficios sin alterar el curso de la guerra, la Casa Blanca habrá debilitado voluntariamente una poderosa herramienta de presión precisamente cuando el Congreso pretendía endurecerla.
La diferencia entre una maniobra diplomática audaz y una concesión estratégica dependerá, por tanto, de algo mucho más importante que las palabras utilizadas para justificarla: de lo que Trump consiga de Putin a cambio.
Humberto López y Guerra es escritor, periodista y cineasta sueco‑cubano, autor de El otro espía y otras novelas de espionaje, y responsable para América Latina del PEN Swedish Writers in Prison Committee. Redactor jefe y director responsable de Prensa Libre Cuba, combina análisis político, investigación periodística y defensa activa de la libertad de expresión en Cuba.
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