La tormenta perfecta: sanciones, crisis y protestas en la isla.

Por: Alejandro Tur Valladares.

Especial para PLC — De un tiempo a esta parte, se está volviendo recurrente el despertar y leer en los diarios internacionales sobre nuevas sanciones impuestas por la administración Trump al gobierno cubano. Al mismo tiempo, por primera vez, desde que tengo uso de razón, tengo la sensación de que esta vez las sanciones no son coyunturales, no son reactivas, sino parte de un plan maestro que posee sentido de dirección, cronogramas y objetivos claros a alcanzar.

Por lo pronto, el impacto para Cuba es profundo y estructural: la combinación de sanciones, presiones judiciales y aislamiento financiero ha creado un entorno donde la inversión extranjera —especialmente en turismo— se contrae de forma sostenida.

El caso Marriott en 2020 marcó un precedente clave: mostró que Washington puede forzar la salida de empresas mediante la simple no renovación de licencias. Desde entonces, el riesgo regulatorio para compañías extranjeras en Cuba se disparó. La activación del Título III de la Ley Helms‑Burton intensificó ese efecto, generando demandas contra cadenas como Meliá e Iberostar, lo que elevó su percepción de riesgo y complicó su acceso a financiamiento internacional. Aunque en esa ocasión estas empresas no abandonaron la isla, sí ralentizaron inversiones y adoptaron estrategias defensivas. Hoy el panorama es más escabroso y muchas compañías que se creían inmunes han comenzado a abandonar el barco insular a toda prisa.

El impacto más severo proviene del aislamiento bancario asociado a la designación de Cuba como “Estado patrocinador del terrorismo”. Esto ha llevado a salidas de compañías poderosas como NH/Minor Hotels y a la congelación de planes de expansión de grupos como Accor. Para Cuba, esto significa menos divisas, menor modernización hotelera y creciente dependencia de un número reducido de socios dispuestos a asumir riesgos.

En 2026, el fenómeno es un “éxodo silencioso”: muchos negocios y cadenas no anuncian retiros abruptos, sino que dejan vencer contratos y evitan nuevas inversiones. Esto erosiona la competitividad del turismo cubano y limita su capacidad de recuperación económica.

Hacia lo interno, el dólar cada día rompe su propio récord; para cuando escribía este artículo, su valor rondaba los 650 pesos. El salario mínimo en la isla ronda los 2500 cup, lo que equivale, de acuerdo a la tasa del mercado informal, a unos 4 dólares. El salto en el valor de la moneda foránea refleja un colapso profundo de la capacidad del Estado para sostener su moneda y administrar expectativas económicas.

La depreciación acelerada del peso responde a tres factores principales. En primer lugar, a la crisis productiva interna. La economía cubana, – de acuerdo a datos oficiales – ha perdido alrededor del 15 % del PIB entre 2020 y 2025, reduciendo la oferta de bienes y aumentando la dependencia de importaciones. Menos producción y más escasez empujan a la población hacia el dólar como refugio.

En segundo lugar, el fracaso de la Tarea Ordenamiento — La unificación monetaria no logró eliminar distorsiones; por el contrario, disparó precios, redujo salarios reales y destruyó confianza en el CUP.

Y como tercer elemento, la presión externa y sanciones. El bloqueo energético y las sanciones secundarias descritas en sucesivas Órdenes Ejecutivas estadounidenses limitan el acceso de Cuba a divisas, combustible y financiamiento, acelerando los tiempos y agravando la crisis cambiaria.

Impacto en la sociedad cubana

La devaluación golpea directamente el poder adquisitivo. Los salarios estatales, pagados en CUP, pierden valor cada semana, empujando a más familias a la pobreza. La inflación se acelera porque los precios informales —que marcan la realidad cotidiana— se indexan al dólar. Esto profundiza la desigualdad entre quienes reciben remesas o trabajan en sectores dolarizados y quienes dependen del Estado. Además, la incertidumbre cambiaria alimenta la emigración, la informalidad y la desconfianza en las instituciones.

El alza en el número de protestas callejeras que están teniendo lugar en la isla revela un agotamiento social acumulado ante apagones que alcanzan hasta 40 horas. La cifra de 1.311 protestas indica que la conflictividad dejó de ser excepcional y se ha vuelto sistemática.

El deterioro energético no tiene precedentes: siete termoeléctricas fuera de servicio, más de cien centrales distribuidas paralizadas y un déficit del 63% de la demanda nacional. Los problemas energéticos no son la excepción en las molestias que padecen los cubanos; se combinan con inflación, precariedad de servicios y pérdida de confianza institucional.

La vida del cubano se ha vuelto insostenible: alimentos que se echan a perder, interrupciones del agua, inseguridad nocturna y dificultades para trabajar o estudiar. Esto genera estrés social, irritabilidad y una creciente disposición a protestar, incluso en barrios tradicionalmente amistosos con las políticas del régimen.

Ante un escenario de inestabilidad, el régimen apuesta por lo que mejor sabe hacer: la represión. La presencia de fuerzas especiales en las calles y drones de vigilancia sobrevolando los cielos aumenta el temor, sí, pero también alimenta la percepción de que el Estado se encuentra débil y asustado y que prioriza el control sobre la solución. La protesta nocturna y descentralizada, aunque por el momento no es un gran peligro para el régimen, muestra que el miedo ciudadano se erosiona, y esas son muy malas noticias para quienes administran el polvorín.

El Gobierno sabe bien que enfrenta una pérdida acelerada de legitimidad, evidenciada por consignas directas contra Díaz‑Canel y el sistema político. La simultaneidad de protestas dificulta el control territorial y la narrativa oficial. La respuesta represiva tiene un costo político interno y externo, mientras la incapacidad para estabilizar el sistema eléctrico amenaza con episodios de ingobernabilidad generalizada.

Si no mejora la generación eléctrica, es probable un ciclo continuo de protesta y represión, con riesgo de expansión nacional y mayor desgaste institucional.

Por lo pronto, nos animamos a proyectar tres escenarios a futuro.

La dolarización del país. Proceso que ya se está desarrollando y que en poco tiempo podría llegar a un punto de no retorno. Si el CUP sigue perdiendo valor, la economía empezaría a operar casi totalmente en divisas.

Nuevas reformas económicas de aplicación temporal en busca de frenar la espiral de la crisis y garantizar una bocanada de oxígeno. (Apertura a inversión privada y flexibilización del mercado cambiario, etc.

Y por último, mayor contracción económica: Si continúan las sanciones y la falta de divisas, el deterioro podría acelerarse hasta límites inimaginables. El escenario presente es tan desalentador que los cubanos han adoptado como actitud generalizada pedir algún tipo de intervención foránea que les ayude a librarse del entuerto.