La investigación de la operación Strongbox ha abierto una derivada incómoda en torno a Cuba, las energías renovables y los minerales estratégicos. Según los informes policiales citados por El Español y reproducidos por otros medios, empresarios alicantinos vinculados a una trama internacional de blanqueo ligada a la mafia rusa habrían intentado impulsar en la isla proyectos fotovoltaicos que serían pagados no con dinero, sino con níquel, cobalto y oro. La causa está instruida por el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid y las pesquisas proceden de intervenciones telefónicas de la UDYCO.
El esquema descrito por los investigadores combinaba una apariencia de inversión energética con el atractivo económico de minerales críticos. Los empresarios exploraban la instalación de un parque solar fotovoltaico en Cuba y, según las conversaciones intervenidas, manejaban la posibilidad de que el Gobierno cubano pagara “en especie” con níquel y cobalto. En una llamada citada por los medios, uno de los implicados afirma que La Habana habría aceptado “el parque de un giga a cambio de níquel y cobalto”.
Los nombres que aparecen en esa línea de investigación son Jerónimo Sarmiento Morato, vinculado a Servigestión Lucentum, y Jorge Martínez Odriozola. La Policía atribuye a la primera sociedad un papel de intermediaria entre el Gobierno cubano y empresas instaladoras de parques solares de China, Sudáfrica y México, además de señalar posibles conexiones con intereses de PEMEX en refinerías cubanas.
La mención al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero surge, siempre según esos informes policiales, cuando las negociaciones con interlocutores cubanos se habrían estancado. Las escuchas recogen que los empresarios plantearon recurrir al círculo del expresidente para desbloquear la operación. En una de las conversaciones, los investigados hablan de haber acudido al “grupo de ZP” y añaden que esas gestiones “no hacen las cosas gratis”.
Entre los funcionarios y contactos cubanos citados figuran Rosell Guerra Campaña, del Ministerio de Energía y Minas; René Capote, diplomático de la Embajada de Cuba en España; y Alfredo López Valdés, director de la Unión Eléctrica Cubana. También aparece mencionado Julio Martínez, descrito en las publicaciones como persona próxima a Zapatero y relacionado con otras investigaciones.
El entorno del expresidente ha negado cualquier vínculo con la operación y sostiene que no tiene información sobre los hechos investigados. Jerónimo Sarmiento, por su parte, afirmó no conocer personalmente a Zapatero y evitó precisar si trató con personas de su círculo.
La pieza llega en un momento de fuerte presión judicial y mediática sobre el expresidente. El Español informó también de la personación de Hacienda en la investigación sobre joyas halladas en una oficina de Zapatero, valoradas por Ansorena en 1,3 millones de euros, dentro de una pieza separada en la que el juez ofreció a la Agencia Tributaria ejercer acciones como posible perjudicada.
Por ahora, lo acreditado públicamente es que la UDYCO trasladó al juez conversaciones intervenidas en las que empresarios investigados hablan de Cuba, de minerales estratégicos y de recurrir al “grupo de ZP”. Lo que queda por determinar judicialmente es si aquellas gestiones pasaron del terreno de las conversaciones al de los hechos, si hubo intermediación real y qué responsabilidad, si alguna, corresponde a las personas mencionadas.
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