Cuba normaliza lo insoportable: la resignación como victoria política del régimen

OPINIÓN

Por Humberto López y Guerra

Estocolmo. PLC. Opinión / La pregunta es incómoda, pero inevitable: ¿hasta qué punto la vida sin electricidad, sin agua, sin transporte y sin servicios mínimos se ha convertido en una rutina aceptada por millones de cubanos? ¿Cuándo lo excepcional dejó de serlo? ¿Cuándo el apagón de 24, 48 o 72 horas pasó de ser una crisis a ser simplemente “lo que toca”? Y, sobre todo, ¿qué significa para la permanencia del régimen que la población haya sido empujada a un umbral de resistencia tan extremo que la protesta se reduce, en la mayoría de los casos, al sonido metálico de una cazuela?

La normalización de lo anormal es uno de los mecanismos más eficaces —y más perversos— de control político. En Cuba, este proceso no es nuevo, pero en 2026 ha alcanzado una profundidad inédita. La vida cotidiana se ha reorganizado alrededor de la ausencia: ausencia de luz, de agua, de transporte, de alimentos, de expectativas. La gente calcula su día no en función de lo que puede hacer, sino de lo que el Estado no podrá garantizar. Se cocina cuando llega el gas, se lava cuando llega el agua, se duerme cuando llega la electricidad. La ciudadanía vive en un estado de espera permanente, una especie de limbo operativo donde la planificación es un lujo y la improvisación es la única estrategia de supervivencia.

Pero esta adaptación no ocurre en un vacío. Está sostenida por un sistema de represión que actúa como frontera psicológica y física. Desde 2021, el régimen ha perfeccionado un modelo de contención que combina vigilancia, intimidación y castigo ejemplar. Cada protesta, por pequeña que sea, genera un despliegue policial inmediato: patrullas, motos eléctricas, agentes vestidos de civil, brigadas de respuesta rápida. La presencia es desproporcionada y el mensaje es inequívoco: cualquier intento de convertir el cacerolazo en manifestación organizada será sofocado antes de nacer.

A esto se suma el sistema judicial, convertido en herramienta política. Las condenas por “desórdenes públicos”, “desacato”, “instigación a delinquir” o “propagación de epidemias” funcionan como mecanismo de disuasión. Jóvenes que gritan durante un apagón, vecinos que filman un operativo policial, activistas que convocan a una marcha pacífica: todos pueden terminar con penas de meses o años. El castigo no busca solo neutralizar al individuo, sino educar al resto. La represión se convierte en un recordatorio permanente de que la protesta tiene un costo que la mayoría no puede asumir.

En ese contexto, la protesta se reduce a su mínima expresión simbólica: el cacerolazo. Un gesto que expresa rabia, pero también agotamiento. Un gesto que no busca derribar nada, sino simplemente recordar que la gente sigue ahí, que no se ha extinguido. La calle ya no es un espacio de confrontación, sino un espacio de desahogo. Y esa transformación es crucial: cuando la protesta pierde su dimensión política y se convierte en catarsis, el régimen gana tiempo, oxígeno y narrativa.

La pregunta central es si esta normalización del desastre —reforzada por la represión y las condenas— constituye una nueva victoria para el poder. La respuesta, aunque incómoda, apunta en esa dirección. El régimen ha logrado que la población internalice la crisis como paisaje. Ha conseguido que el colapso estructural se perciba como una condición natural, casi inevitable. Ha logrado que la gente se adapte a la oscuridad, al silencio de los grifos, a la basura acumulada, a la falta de transporte, a la inflación que devora salarios, a la represión que castiga cualquier intento de romper el guion.

Pero esta victoria es frágil. La normalización no es aceptación; es resignación. Y la resignación es un estado volátil. La gente soporta, pero no olvida. La gente se adapta, pero no perdona. La gente calla, pero no consiente. El régimen puede prolongar su permanencia en el poder a costa del sacrificio desmedido de la población, pero cada día que pasa ese sacrificio se convierte en un recordatorio de la distancia irreconciliable entre gobernantes y gobernados.

Cuba vive hoy en una paradoja: la crisis se ha vuelto normal, pero la normalidad es insostenible. Y en esa tensión se juega el futuro político del país. El régimen puede seguir administrando la oscuridad, pero no puede convertirla en un proyecto de nación. Puede seguir culpando a factores externos, pero no puede ocultar que el deterioro es interno, acumulado y estructural. Puede seguir reprimiendo, pero no puede impedir que la desesperación se convierta, en algún momento, en acción.

La pregunta que abre este artículo —si lo anormal se ha vuelto normal en Cuba— tiene una respuesta inquietante: sí, pero solo por ahora. La historia demuestra que ningún sistema político sobrevive indefinidamente a la normalización del sufrimiento. La resistencia silenciosa es resistencia al fin y al cabo. Y la resignación, cuando se agota, suele transformarse en algo que ningún poder puede controlar.