Washington estrecha el cerco sobre la élite cubana con una ofensiva de sanciones sin precedentes

CUBA-ESTADOS UNIDOS

Washington. PLC / Estados Unidos ha ampliado de forma significativa su ofensiva contra el régimen cubano con una nueva ronda de sanciones que golpea simultáneamente a la estructura económica, portuaria, energética y represiva de La Habana. La Administración Trump, a través del Departamento de Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), designó en las últimas horas a nueve entidades y dos altos funcionarios, en una operación que busca cortar las fuentes de financiamiento del aparato militar y político cubano y aumentar el costo internacional de la represión.

Las nuevas sanciones alcanzan a tres empresas del sector energético —Centro de Investigaciones del Petróleo S.A. (CEINPET), Empresa de Energía S.A. (ENERSA) y Einarbo S.A.— consideradas por Washington como engranajes esenciales en la obtención de divisas y en la evasión de sanciones previas. A ellas se suman cuatro entidades vinculadas al conglomerado militar GAESA y a la logística portuaria: la Terminal de Contenedores de Mariel S.A., Coral Marítima S.A., Ceiba Investments Limited y Orbit S.A., señaladas por facilitar operaciones financieras y comerciales que sostienen al núcleo del poder castrista.

La ofensiva incluye también a estructuras asociadas a las misiones médicas en el extranjero, un programa que Washington acusa de explotación laboral y de servir como fuente de ingresos opacos para el régimen. Entre las entidades sancionadas figuran la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC) y la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM). En este mismo apartado fueron designadas dos figuras clave: Gretza Sánchez Padrón, directora de la UCCM, y José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba.

A la lista se suman sanciones individuales de alto impacto político. OFAC incorporó a Alejandro Castro Espín, figura histórica del aparato de inteligencia; a Lis Cuesta Peraza, esposa de Miguel Díaz‑Canel; a Manuel Anido Cuesta; y a Raúl Alejandro Castro Calis, nieto de Raúl Castro. Todos ellos quedan sujetos a congelación de activos y prohibición de transacciones bajo jurisdicción estadounidense.

El Departamento de Estado complementó estas designaciones con una ampliación de sanciones a diez entidades adicionales vinculadas a la represión interna y a sectores estratégicos de la economía. Entre ellas figuran las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), la Corporación Antillana Exportadora (ANTEX S.A.), las Brigadas de Respuesta Rápida, ENETEC S.A., COREYDAN S.A., el Grupo Empresarial de Comercio Exterior (GECOMEX), la Organización Superior de Dirección Empresarial Caudal S.A., el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR) y el Ministerio de Turismo (MINTUR).

Marco Rubio, secretario de Estado, reforzó el mensaje político de la medida al anunciar sanciones adicionales contra once aliados del régimen, insistiendo en que Cuba representa “una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad del hemisferio”. La ofensiva se enmarca en la orden ejecutiva 14404, que habilita sanciones contra personas y entidades vinculadas a la represión, la inteligencia, el sector energético y cualquier actividad considerada lesiva para los intereses estadounidenses.

La Habana ha respondido denunciando una “agresión económica” y acusando a Washington de intentar asfixiar al país en medio de una crisis profunda. Sin embargo, el alcance de las nuevas sanciones es mayor que en rondas anteriores: golpea simultáneamente a la élite política, a los operadores financieros, a la infraestructura portuaria y a los sectores energéticos y turísticos, pilares de la supervivencia económica del régimen. Para la oposición y la diáspora, la medida confirma que la política estadounidense hacia Cuba ha entrado en una fase de presión estructural y sostenida.

La Administración Trump anticipa nuevas designaciones en las próximas semanas. El mensaje es inequívoco: cualquier intento de normalización con Estados Unidos pasa por una transformación profunda del comportamiento del régimen y por el desmantelamiento de sus redes de financiamiento y control.