CUBA-ESTADOS UNIDOS
Nueva York. PLC / El New York Times ha vuelto a prestar su plataforma al discurso del Gobierno cubano, esta vez amplificando unas declaraciones del vicecanciller Carlos Fernández de Cossío que, más que una señal diplomática, parecen un guiño calculado hacia el entorno empresarial de Donald Trump. En una entrevista reciente, el funcionario afirmó: “No lo excluimos a él ni a su organización de hacer negocios en Cuba, si lo hace respetando las leyes cubanas”. La frase, reproducida sin mayor cuestionamiento por el diario, abre un nuevo capítulo en la relación entre el periódico y un régimen que históricamente ha sabido utilizar a ciertos medios internacionales para proyectar una imagen de apertura que rara vez se corresponde con la realidad interna de la isla.
El contexto no es menor. En Washington circulan especulaciones sobre posibles inversiones de figuras cercanas a Trump en sectores estratégicos de Cuba, especialmente en un momento en que La Habana atraviesa una crisis económica sin precedentes y busca desesperadamente oxígeno financiero. La oferta del vicecanciller, presentada como una disposición pragmática, es en realidad una maniobra clásica del Gobierno cubano: insinuar oportunidades económicas para atraer atención y dividir a sus críticos, sin comprometer cambios estructurales ni transparencia.
Lo llamativo es la actitud del New York Times, que vuelve a servir de altavoz a un régimen que mantiene encarcelados a artistas, periodistas y activistas, y que reprime cualquier forma de disidencia. El periódico, que en otras latitudes ejerce un escrutinio riguroso sobre gobiernos autoritarios, adopta en el caso cubano un tono sorprendentemente indulgente. La entrevista con Fernández de Cossío se presenta como una pieza informativa, pero el marco narrativo suaviza la naturaleza del interlocutor y omite elementos esenciales: la falta de libertades económicas reales, la inexistencia de un Estado de derecho y la arbitrariedad con la que el Gobierno decide quién puede invertir y quién no.
Las palabras del vicecanciller, además, revelan una contradicción evidente. Mientras La Habana insiste en que cualquier inversión debe “respetar las leyes cubanas”, el propio sistema legal de la isla está diseñado para garantizar el control absoluto del Estado sobre cualquier actividad económica. No existe seguridad jurídica, no hay tribunales independientes y los inversores extranjeros dependen de la voluntad política del Partido Comunista. En ese marco, hablar de “hacer negocios” es más un gesto propagandístico que una propuesta seria.
El New York Times, al reproducir estas declaraciones sin someterlas a un análisis crítico, contribuye a una narrativa que beneficia al régimen y confunde al lector. La cuestión no es si Trump o su entorno podrían invertir en Cuba, sino por qué el Gobierno cubano utiliza a un medio influyente para enviar señales políticas mientras mantiene intacto su aparato represivo. La operación comunicativa es evidente: proyectar normalidad, insinuar oportunidades y presentarse como un actor racional ante la comunidad internacional, justo cuando la situación interna es cada vez más insostenible.
Para Cuba, estas declaraciones son parte de una estrategia de supervivencia. Para el New York Times, representan un riesgo para su credibilidad. Y para los cubanos, dentro y fuera de la isla, son un recordatorio de cómo el régimen sigue utilizando la retórica diplomática para ganar tiempo, mientras la vida cotidiana se hunde en la precariedad.
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