CUBA-SOCIEDAD
Estocolmo. PLC / En Cuba, los aumentos salariales anunciados por el Gobierno han sido presentados como un gesto de alivio para la población. Pero en la práctica, esos incrementos se evaporan en cuestión de días, devorados por una inflación que no cede y por una economía sumergida que marca los precios reales del país. Los trabajadores que dependen exclusivamente del peso cubano, sin acceso a remesas ni divisas, son quienes cargan con el peso más brutal de esta crisis. Su salario, aunque nominalmente mayor, vale cada vez menos y no alcanza para cubrir ni una fracción de la canasta básica.
La situación se agrava por un hecho que rara vez se menciona en los discursos oficiales: Cuba carece de un sistema de protección social comparable al de las democracias occidentales. No existe un mecanismo de ayudas directas para los más vulnerables, ni subsidios focalizados, ni programas de emergencia para quienes no pueden valerse por sí mismos. El Estado cubano, que durante décadas se presentó como garante de la justicia social, ha dejado a los sectores más frágiles sin ningún tipo de soporte institucional. La eliminación de la libreta de abastecimiento, que durante más de medio siglo funcionó como un mínimo colchón de supervivencia, confirma que el país ha renunciado incluso a su último instrumento de protección.
La ausencia de ayudas sociales convierte la pobreza en una condición estructural. En Europa, Canadá o América Latina democrática, los Estados amortiguan las crisis con transferencias, subsidios, bonos alimentarios o apoyos temporales. En Cuba, nada de eso existe. El único “programa social” real es la remesa familiar, es decir, la ayuda que llega desde el extranjero y que el Estado no provee, pero sí aprovecha para sostener su economía. Quien no tiene familiares fuera del país queda atrapado en una precariedad sin salida, condenado a sobrevivir con un salario que equivale a pocos dólares mensuales y que pierde valor cada semana.
La eliminación de la libreta no es solo un cambio administrativo: es la señal más clara de que Cuba ya no puede sostener ni siquiera la ficción de un Estado protector. El país se parece cada vez más a los Estados pobres sin estructura social, donde la supervivencia depende del mercado informal, de la ayuda externa o de la pura resistencia individual. En términos de protección social, Cuba se acerca más a Haití o Burundi que a cualquier modelo de bienestar. La narrativa oficial insiste en la “justicia social”, pero la realidad es que el Estado ha abandonado a los más vulnerables en un momento de crisis profunda.
La inflación, la dolarización informal y la ausencia de ayudas han creado una fractura social que divide al país en dos: quienes tienen acceso a divisas y quienes no. Los primeros pueden comprar alimentos, medicinas y productos básicos; los segundos viven en un sistema donde el peso cubano no sirve para vivir. La desigualdad ya no es un fenómeno marginal: es el eje central de la vida cotidiana. La pobreza se ha vuelto hereditaria, y la movilidad social, inexistente.
Cuba atraviesa una crisis que no es solo económica, sino moral y política. Un Estado que se proclamó durante décadas como defensor de los humildes ha dejado de protegerlos. Los aumentos salariales son un gesto vacío en un país donde los precios reales se fijan fuera del control estatal y donde la moneda nacional ha perdido su función básica. Sin ayudas sociales, sin subsidios, sin red de protección, la población queda expuesta a una precariedad que el Gobierno no reconoce y que la propaganda no puede ocultar.
La realidad es simple y devastadora: Cuba ya no es un país con estructura social. Es un país sin red, sin amortiguadores, sin mecanismos de protección. Un país donde el Estado exige resistencia, pero no ofrece soporte. Un país donde la pobreza no se combate, sino que se administra. Y mientras el Gobierno insiste en hablar de “transformaciones”, la vida de millones de cubanos se hunde en una crisis que no tiene salida dentro del modelo actual.
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