CUBA-ESTADOS UNIDOS/HIDROCARBUROS
La Habana. PLC | La importación de combustible desde Estados Unidos por parte del sector privado cubano, valorada en casi 24 millones de dólares solo en mayo, ha sido presentada como un alivio para las pequeñas empresas que intentan sobrevivir en medio de apagones prolongados y un colapso energético sin precedentes. Sin embargo, detrás de esta narrativa emerge una realidad más compleja: en Cuba, la frontera entre lo privado y lo estatal es porosa, y en sectores estratégicos como el energético esa frontera prácticamente no existe. La pregunta que muchos analistas se hacen es si parte de estas importaciones no están, en realidad, destinadas a sostener la maquinaria del Estado, incluyendo su aparato represivo y la élite militar que controla los recursos del país.
El sector privado cubano ha crecido en los últimos años, pero lo ha hecho bajo un marco legal diseñado para garantizar que el Estado mantenga control sobre las actividades económicas más sensibles. En Cuba no existe un mercado energético libre, ni infraestructura independiente para la distribución de combustible. Todo lo que entra al país, incluso lo que importan las MIPYMES, pasa por puertos, almacenes y operadores estatales. Esto significa que el Gobierno tiene la capacidad de supervisar, redirigir o condicionar el uso de cualquier cargamento, especialmente en momentos de crisis.
A ello se suma un fenómeno ampliamente documentado: la existencia de empresas privadas vinculadas a familiares de altos funcionarios, antiguos cuadros del Partido Comunista o personas con conexiones directas con GAESA, el conglomerado militar que controla buena parte de la economía nacional. Estas empresas operan con ventajas logísticas y permisos que no están al alcance del resto de los emprendedores. En sectores como el transporte, la importación de alimentos, la construcción y la energía, varias de estas entidades funcionan como extensiones informales del Estado, permitiendo que el Gobierno acceda a recursos sin tener que hacerlo de manera oficial.
En el contexto actual, donde Cuba necesita alrededor de 100.000 barriles de crudo diarios y solo produce algo más de 40.000, la tentación de utilizar estas estructuras para garantizar combustible a la casta gobernante es evidente. El aparato represivo —la Seguridad del Estado, las fuerzas especiales, la policía antimotines— requiere movilidad constante, generadores eléctricos y acceso garantizado a diésel. En un país donde los hospitales, las escuelas y los hogares sufren apagones de más de diez horas, estas instituciones continúan operando sin interrupciones. Esa continuidad no se explica únicamente por las reservas estatales, hoy profundamente afectadas por el embargo petrolero estadounidense y la caída de los envíos venezolanos.
La importación privada de combustible desde Estados Unidos se convierte así en un canal alternativo que el régimen puede aprovechar de manera discreta. No es necesario que el Estado aparezca como comprador: basta con que empresas afines importen cargamentos que luego se redistribuyen internamente bajo mecanismos opacos. En Cuba, donde la transparencia es inexistente y la fiscalización independiente está prohibida, este tipo de prácticas no solo es posible, sino coherente con la lógica de supervivencia del sistema.
Esto no significa que todas las MIPYMES que importan combustible sean tapaderas del Estado. Muchas son negocios reales que dependen de generadores para mantener operaciones básicas. Pero en un país donde el poder político controla cada eslabón de la cadena logística, es ingenuo pensar que el régimen no aprovecha esta vía para garantizar su propio suministro. La coexistencia de apagones masivos con la continuidad operativa de las instituciones represivas es un indicio claro de que el Estado ha encontrado formas de acceder a combustible incluso cuando sus canales oficiales están bloqueados.
El flujo de combustible desde Estados Unidos hacia el sector privado cubano revela, en última instancia, una transformación profunda en la economía política de la isla. Mientras el Gobierno denuncia el bloqueo y la crisis, utiliza estructuras privadas para sortear sus propias limitaciones. La paradoja es que el combustible que llega desde puertos estadounidenses puede estar contribuyendo, directa o indirectamente, a sostener el aparato que mantiene el control político sobre la población. En un país donde la energía se ha convertido en un instrumento de poder, la línea entre la supervivencia económica y la supervivencia del régimen es cada vez más difícil de distinguir.
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