URUGUAY-MIGRACIÓN DE CUBANOS
Redacción Central
Montevideo. PLC | El Gobierno de Uruguay ha decidido intervenir en uno de los problemas más persistentes y menos atendidos de su sistema migratorio: el limbo en el que permanecen decenas de miles de solicitantes de refugio, en su mayoría cubanos. Un decreto presidencial firmado el 8 de octubre de 2026 crea una vía extraordinaria de residencia permanente por arraigo y ofrece, al menos en teoría, una salida para quienes llevan años atrapados en un trámite que nunca avanza y que rara vez se resuelve.
El nuevo mecanismo permitirá regularizar a extranjeros que hayan ingresado al país antes del 1 de enero de 2026 y que se encuentren en dos situaciones: ser solicitantes de refugio dispuestos a renunciar expresamente a ese trámite, o tener una denegación firme. La renuncia se registrará en el expediente y se comunicará a la Comisión de Refugiados, mientras el solicitante recibirá un certificado que habilita una cédula provisoria como residente en trámite. Una vez aprobada la residencia permanente, podrá obtener la cédula definitiva.
La medida reconoce abiertamente el colapso del sistema de refugio uruguayo. La Cancillería admite un “desajuste estructural” entre el volumen de solicitudes y la capacidad de la CORE para procesarlas. El decreto funciona como una válvula de escape: regulariza sin que el Estado tenga que pronunciarse sobre cada caso, evitando además el conflicto diplomático que implicaría reconocer persecución política en Cuba. De las cerca de 30.000 solicitudes cubanas, solo 52 han sido aprobadas en los últimos años, una cifra que revela la magnitud del atasco y la falta de voluntad política para resolverlo.
Pero la vía de arraigo llega con condiciones difíciles de cumplir para muchos cubanos. El solicitante debe haber entrado por un punto migratorio habilitado, no tener impedimentos legales y demostrar medios de vida superiores al salario mínimo nacional. También debe presentar antecedentes penales de los últimos cinco años del país de residencia anterior, un requisito que obliga a gestionar documentos ante autoridades cubanas, con costos, demoras y dependencia del mismo Estado del que muchos huyeron. Para quienes llevan años sin residencia y sin empleo formal, demostrar ingresos suficientes es casi imposible.
El decreto contempla excepciones por razones humanitarias, falta de consulado, costos excesivos o ausencia de familiares, pero estas medidas son facultativas. No garantizan que se apliquen. Uruguay ya había implementado un programa similar en 2024 para regularizar a unos 20.000 extranjeros, también mayoritariamente cubanos, pero el Gobierno actual dejó vencer el plazo sin renovarlo. La nueva norma reabre la puerta, pero con un corte de ingreso que deja fuera a quienes llegaron después del 1 de enero de 2026, incluso si ya están en el país.
La renuncia al refugio implica un costo jurídico, aunque el decreto deja abierta la posibilidad de solicitarlo nuevamente en el futuro. Falta ver si esa opción será viable o quedará en el terreno de lo teórico. Mientras tanto, miles de cubanos continúan atrapados en una espera que les impide alquilar, acceder a préstamos, obtener continuidad médica para sus hijos o formalizar un empleo. Son personas que viven en Uruguay, trabajan, pagan impuestos y se integran, pero no existen legalmente.
El decreto no resuelve la pregunta de fondo: si los cubanos que llegan a Uruguay son refugiados o migrantes económicos. Tampoco detiene el flujo ni corrige las causas que empujan a tantos a abandonar la Isla. Pero para quienes llevan años esperando, puede significar un alivio concreto. La residencia permanente abre el acceso progresivo a derechos civiles, económicos y sociales, y permite salir de un limbo que ha marcado la vida de miles de familias.
Uruguay ha optado por una solución pragmática que evita el debate político sobre Cuba y alivia la presión sobre su sistema de refugio. Para los cubanos atrapados en la espera, es una oportunidad. Para los que lleguen después, la incertidumbre continúa.
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