El excongresista demócrata cubanoamericano Joe García ha asumido públicamente la defensa de estos emigrantes y ha reclamado mayor protección para quienes todavía no han logrado regularizar definitivamente su situación. Foto captura Facebook
CUBA-ESTADOS UNIDOS-EMIGRACIÓN
Redacción Central
Miami. PLC. | La política migratoria de la Administración de Trump comienza a provocar una discusión incómoda en el exilio cubano. La tradicional firmeza frente al régimen de La Habana convive ahora con otra realidad: cubanos que llegaron recientemente a Estados Unidos, muchos sin antecedentes criminales, enfrentan órdenes de deportación, procesos migratorios inciertos o la posibilidad de ser enviados a terceros países.
No se trata de un problema abstracto. Entre octubre de 2025 y junio de 2026, los tribunales migratorios de Florida emitieron 4.007 órdenes de deportación contra ciudadanos cubanos. Una orden de deportación no significa necesariamente que la expulsión ya haya sido ejecutada, pero la cifra permite apreciar la dimensión del problema.
También se han documentado casos de cubanos amenazados con ser enviados a terceros países cuando su deportación directa a Cuba resulta difícil. Abogados de inmigración han denunciado además incertidumbre y falta de información entre algunos detenidos respecto de los procedimientos que enfrentan.
La posición de García toca un punto especialmente sensible en Miami: hasta dónde debe llegar la política migratoria de Trump cuando comienza a afectar a una comunidad que contribuyó considerablemente a su respaldo político en Florida.
Una reciente encuesta de Florida International University (FIU) ayuda a medir ese descontento. El sondeo, realizado entre 1.004 cubanoamericanos de Miami-Dade, encontró que el 76% desaprueba el aumento de las deportaciones de cubanos sin antecedentes criminales. Entre los llegados después de 2020, el rechazo resulta todavía mayor: el 92% se declaró firmemente contrario. Además, el 87% quiere que Washington reanude el procesamiento de beneficios migratorios para cubanos que ya se encuentran en Estados Unidos.
Estas posiciones no significan que la comunidad cubanoamericana haya abandonado su tradicional dureza frente al régimen de La Habana. La misma encuesta señala que el 77% respalda una política de máxima presión hacia el Gobierno cubano.
Ahí está precisamente la distinción que debería dominar este debate: estar contra el régimen cubano no significa estar contra los cubanos que emigran.
Durante décadas, buena parte del exilio pudo defender simultáneamente una política firme frente a La Habana y una acogida favorable a quienes escapaban de la Isla. El endurecimiento migratorio actual obliga ahora a revisar esa convivencia histórica.
García ha llevado esta discusión directamente al terreno político. Su intervención obliga también a mirar hacia los representantes cubanoamericanos republicanos en Washington. Sería incorrecto afirmar que todos han permanecido completamente en silencio, porque algunos han cuestionado determinados aspectos de la política migratoria. Pero otra cuestión es si están dispuestos a enfrentarse a la Casa Blanca cuando las medidas afectan directamente a miles de compatriotas.
Nada obliga a elegir entre fronteras controladas y un sistema migratorio humano. Defender el cumplimiento de las leyes no significa renunciar al debido proceso. Del mismo modo, combatir políticamente al régimen cubano no exige tratar automáticamente como una amenaza a quienes salieron de Cuba buscando establecerse en Estados Unidos.
Tampoco conviene exagerar las cifras. No existe confirmación oficial de un supuesto plan para deportar a 500.000 cubanos, una posibilidad sobre la que García ha realizado declaraciones y que ha generado controversia. Los hechos comprobados son suficientemente graves como para no necesitar inflarlos.
La encuesta de Florida International University aporta otro dato políticamente relevante: pese al fuerte rechazo a las deportaciones, el 68% de los entrevistados afirmó que votaría por candidatos republicanos. Incluso entre los republicanos consultados, el 63% desaprueba la deportación de cubanos sin antecedentes criminales.
Eso coloca a los dirigentes cubanoamericanos republicanos ante una responsabilidad particular. Pueden respaldar a Trump, defender una política de firmeza frente a La Habana y exigir mayor control migratorio. Pero representan también a una comunidad que está diciendo claramente que no quiere ver deportados indiscriminadamente a compatriotas sin historial delictivo.
La posición asumida por García merece atención precisamente porque introduce esa preocupación en el centro del debate público. No hace falta coincidir con todas sus posiciones políticas ni con su visión histórica sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos para reconocer que plantea una cuestión legítima.
El exilio cubano construyó buena parte de su identidad sobre la defensa de quienes abandonaban una dictadura en busca de libertad. Sería difícil explicar que esa solidaridad terminara justamente cuando una nueva generación de cubanos ha conseguido llegar a Estados Unidos.
La firmeza debe dirigirse contra el régimen de La Habana, no confundirse con indiferencia hacia quienes huyeron de él.
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