La Habana. PLC | El Gobierno cubano acaba de reconocer, aunque indirectamente, uno de los problemas sociales más profundos que ha dejado la crisis del país: una parte considerable de sus jóvenes ha perdido el vínculo tanto con el trabajo como con los estudios y, sobre todo, las expectativas de construir un proyecto de vida dentro de la Isla.
El Acuerdo 10463/2026, publicado el 22 de octubre en la Gaceta Oficial No. 88, crea un programa destinado inicialmente a jóvenes de entre 18 y 30 años que no estudian ni trabajan. Los participantes podrán realizar cursos de uno a seis meses y recibir durante ese tiempo una cantidad equivalente al salario mínimo.
A primera vista se trata de una política razonable: capacitar a quienes se encuentran fuera del sistema educativo y laboral y facilitarle posteriormente el acceso a un empleo. El problema aparece cuando se examina qué reconoce la medida, cuánto representa realmente la ayuda y, especialmente, las condiciones que acompañan su pago.
Según la información publicada, el salario mínimo vigente es de 3.210 pesos cubanos mensuales. Los cursos deberán tener al menos 20 horas lectivas semanales y estarán orientados hacia las necesidades de fuerza laboral existentes en cada territorio.
El programa contempla formación en oficios, emprendimiento, gestión de pequeños negocios y competencias digitales. Las autoridades municipales deberán identificar las plazas laborales existentes para tratar de relacionarlas con la capacitación impartida.
Pero la propia normativa introduce un elemento mucho menos promocionado que el supuesto salario para estudiar: para determinadas personas en situación de vulnerabilidad, el dinero procede de prestaciones condicionadas de la Asistencia Social y puede tener que ser devuelto.
El texto oficial especifica que el programa contempla un ingreso equivalente al salario mínimo “por ayuda para su devolución posterior” en los supuestos establecidos. Los beneficiarios financiados mediante esas prestaciones pueden ser obligados a devolver parcial o totalmente lo cobrado si abandonan el curso sin justificación, si no aceptan incorporarse a un empleo disponible acorde con la formación recibida o si abandonan voluntariamente ese empleo durante los primeros seis meses sin causa considerada justificada.
La devolución puede exigirse hasta en un plazo de 180 días hábiles. Si el beneficiario demuestra dificultades económicas, podrá establecerse un plan de pagos que no exceda de 12 meses. La falta de devolución puede incluso impedir que la persona acceda posteriormente a otros programas y dar lugar a acciones legales para cobrar la deuda.
Así, lo presentado como incentivo económico para reincorporar jóvenes al mercado laboral contiene también un poderoso mecanismo de condicionalidad.
Para conservar la prestación financiada por la Asistencia Social, el alumno deberá alcanzar como mínimo un 85% de asistencia y aprobar las evaluaciones. Además, una vez terminado el curso, las autoridades darán seguimiento a la permanencia del joven en su puesto de trabajo durante los 12 meses siguientes.
El asunto adquiere mayor importancia cuando se observa la dimensión del problema que el Gobierno pretende enfrentar.
En 2023 se informó, citando cifras oficiales, que alrededor de 800.000 jóvenes cubanos no estudiaban ni trabajaban. Entre los factores señalados entonces aparecían las insatisfacciones profesionales, la falta de motivación para desarrollar proyectos de vida en Cuba y la emigración.
Una investigación independiente publicada en 2025 ofrece otro ángulo preocupante. El VIII Informe sobre Derechos Sociales, basado en 1.344 entrevistas realizadas en 70 municipios, encontró que casi dos de cada diez jóvenes no estudiaban ni trabajaban. Entre los desempleados de entre 18 y 30 años, el 81% llevaba más de un año sin empleo.
Pero acaso el indicador más revelador es otro: el 76% de los encuestados de entre 18 y 30 años declaró querer emigrar.
Ahí se encuentra el verdadero problema que difícilmente puede resolver un curso de seis meses.
Cuba no se enfrenta únicamente a jóvenes que carecen de capacitación. Se enfrenta a jóvenes que, en una proporción importante de acuerdo con esa encuesta, no encuentran perspectivas suficientes dentro del país.
La diferencia es fundamental.
Capacitar para un empleo puede tener sentido cuando existen empleos capaces de proporcionar independencia económica y posibilidades de desarrollo. Pero formar trabajadores para incorporarlos después a una economía que continúa ofreciendo remuneraciones extremadamente deprimidas difícilmente resuelve las causas profundas de la desvinculación.
De hecho, Diario de Cuba señala otro vacío importante de la iniciativa: la información disponible no precisa la cantidad de plazas que tendrá el programa, el presupuesto total destinado a financiarlo ni cuántos empleos podrán ofrecerse una vez finalizados los cursos. La incorporación laboral es el objetivo declarado, pero no existe en la información publicada una garantía general de puesto de trabajo al concluir la capacitación.
La normativa sí dice, sin embargo, que los cursos deben diseñarse en función de las necesidades de fuerza de trabajo de cada territorio y que las autoridades deberán coordinar la inserción laboral de los graduados en las plazas disponibles.
Hay además una paradoja difícil de ignorar. El Estado intenta ahora utilizar dinero público para atraer hacia el trabajo y los estudios a jóvenes cuya desvinculación ha alcanzado niveles suficientemente graves como para convertirse en objeto de una política nacional. Pero el incentivo ofrecido, 3.210 pesos mensuales, se produce en un país donde la pobreza y la pérdida de poder adquisitivo son elementos centrales de la actual crisis social.
El VIII Informe sobre Derechos Sociales encontró que el 89% de las familias encuestadas vivía en condiciones calificadas por el estudio como pobreza extrema y que el 74% de los hogares declaró ingresos inferiores a 23.000 pesos mensuales.
Visto desde esa realidad, el programa puede ayudar individualmente a determinados jóvenes y ofrecerles una capacitación que antes no tenían. Sería injusto descartar ese posible beneficio. Pero presentarlo como respuesta de fondo al problema juvenil cubano supondría confundir sus consecuencias con sus causas.
La cuestión central no es solamente por qué tantos jóvenes cubanos no estudian ni trabajan.
La pregunta mucho más incómoda es por qué tantos no encuentran suficientes razones para incorporarse al sistema económico existente y por qué una proporción tan elevada manifiesta deseos de abandonar el país.
Y en ese terreno, el Acuerdo 10463/2026 resulta revelador precisamente por aquello que no puede solucionar.
El Gobierno puede ofrecer cursos, controlar asistencia, realizar evaluaciones, canalizar a los participantes hacia puestos vacantes e incluso reclamar la devolución del dinero a determinados beneficiarios que incumplan las condiciones.
Lo que ningún decreto puede crear por sí solo es una expectativa de futuro.
Cuba está intentando reincorporar administrativamente a una generación a un sistema del que una parte de esa misma generación se ha desvinculado. El desafío no consiste simplemente en conseguir que regresen a las aulas o acepten un puesto de trabajo. Consiste en conseguir que estudiar, trabajar y permanecer en Cuba vuelva a tener sentido para ellos.
Y ese problema es infinitamente mayor que 3.210 pesos al mes.
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