Sin embargo, los primeros análisis jurídicos apuntan a que Bolsonaro afronta un obstáculo considerable: tendría que demostrar no simplemente que existieron irregularidades o confusión en determinadas mesas, sino que estas poseen entidad suficiente para invalidar una parte decisiva de la elección. Foto de archivo
BRASIL-ELECCIONES
Redacción Central
Brasilia. PLC | La elección presidencial brasileña terminó en las urnas, pero la disputa política acaba de trasladarse a los tribunales. Flávio Bolsonaro, derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta del domingo 25 de octubre, anunció que no reconoce el resultado y que pedirá la anulación de los comicios, amparándose en la controvertida decisión judicial que prolongó durante dos horas la jornada electoral.
Sin embargo, los primeros análisis jurídicos apuntan a que Bolsonaro afronta un obstáculo considerable: tendría que demostrar no simplemente que existieron irregularidades o confusión en determinadas mesas, sino que estas poseen entidad suficiente para invalidar una parte decisiva de la elección. Los especialistas consideran remotas sus posibilidades.
Los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral (TSE) dan a Lula 64.256.232 votos, equivalentes al 51,79% de los votos válidos. Bolsonaro obtuvo 59.826.041, el 48,21%. La diferencia supera los 4,4 millones de votos. Con ese resultado, Lula consigue un cuarto mandato presidencial después de haber terminado segundo en la primera vuelta, cuando Bolsonaro había obtenido el 47,03% frente al 45,16% del mandatario.
La controversia surgió en las últimas horas de la votación. El magistrado del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin decidió prolongar hasta las 19:00 el funcionamiento de las secciones electorales ante denuncias relacionadas con problemas en el transporte público. Posteriormente se aclaró que la extensión se aplicaba a las secciones que todavía permanecían abiertas cuando se adoptó la decisión.
Ahí se encuentra el núcleo del argumento de Bolsonaro. El candidato del Partido Liberal sostiene que la decisión modificó las condiciones de la elección cuando algunas mesas ya habían cerrado y que, por tanto, produjo una desigualdad entre los electores que pudieron continuar votando y aquellos cuyos centros habían concluido sus operaciones.
“Es imposible reconocer el resultado de las elecciones en el contexto como estas cosas ocurrieron”, afirmó al anunciar que recurriría a la Justicia. Bolsonaro acusó además a Zanin, antiguo abogado de Lula y nombrado para el Supremo durante su presidencia, de haber cambiado las reglas durante el partido.
Pero su posición tropieza con una contradicción políticamente incómoda: su propia campaña había solicitado horas antes una extensión de dos horas de la votación en 17 ciudades de São Paulo, Paraná y Santa Catarina debido a las fuertes lluvias. El equipo de Lula también había solicitado una prolongación, aunque argumentando dificultades en el transporte público.
El presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, sostuvo al anunciar el resultado que la Justicia Electoral había superado las dificultades de la jornada y expresó “absoluta seguridad” en el proceso electoral. El TSE informó además que unos 128,2 millones de los más de 158 millones de ciudadanos habilitados acudieron a las urnas. La abstención quedó alrededor del 19,2%, por debajo del 21,08% registrado en la primera vuelta.
La eventual batalla judicial tendrá que enfrentarse además a reglas bastante exigentes.
El artículo 220 del Código Electoral considera nula, entre otras hipótesis, una votación efectuada en día, hora o lugar diferente del establecido o cerrada antes de las 17:00. El artículo 224 establece que, si una nulidad alcanza a más de la mitad de los votos del país en una elección presidencial, las demás votaciones quedan afectadas y el tribunal debe fijar una nueva elección en un plazo de entre 20 y 40 días.
Ese es el resquicio legal alrededor del cual podría construirse la ofensiva bolsonarista: intentar demostrar que la modificación del horario produjo una irregularidad electoral de suficiente extensión como para comprometer la validez de la votación. Pero de la existencia de esos artículos no se desprende automáticamente que la situación del domingo encaje en ellos. Esa será precisamente la cuestión jurídica que tendría que resolver la Justicia Electoral.
Por ahora, el hecho fundamental permanece intacto: el TSE proclamó la reelección de Lula. Brasil se encamina hacia un cuarto mandato del líder del Partido de los Trabajadores, mientras Bolsonaro intenta abrir en los tribunales la batalla que perdió en las urnas.
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