El régimen se atrinchera tras GAESA: La Habana denuncia ‘agresión económica’ mientras crece la presión internacional

La Habana. PLC. El Gobierno cubano ha salido esta semana en defensa abierta de GAESA, el conglomerado militar que controla buena parte de la economía nacional, en un gesto que revela tanto la magnitud de la presión internacional como la centralidad de esa estructura en la supervivencia del régimen. En un comunicado difundido por Granma y replicado por todos los medios estatales, La Habana aseguró que el Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas “no es una estructura opaca ni paralela al Estado”, sino una herramienta “creada durante el Período Especial para captar divisas y sostener áreas sociales y productivas del país”. La afirmación llega en un momento crítico: el 5 de junio vence el plazo para que empresas extranjeras corten vínculos con GAESA o enfrenten sanciones secundarias de Estados Unidos.

La defensa pública del conglomerado militar no es habitual. Durante años, el régimen evitó mencionar a GAESA en discursos oficiales, consciente de que su mera existencia contradecía la narrativa de un Estado civil, igualitario y transparente. Pero la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo, ha colocado al grupo en el centro de la confrontación bilateral. Washington lo acusa de controlar entre el 50% y el 70% de la economía real, de operar fuera del presupuesto estatal y de financiar estructuras represivas. La Habana responde ahora con un relato que intenta presentar a GAESA como un escudo defensivo frente al embargo y no como el corazón económico del poder militar.

El comunicado oficial va más allá de la defensa técnica. Acusa a Estados Unidos de intentar “aislar al país diplomática, comercial, financiera y energéticamente; imposibilitar la sostenibilidad de la nación; condicionar el diálogo y evaluar variantes de agresión militar”. Es la primera vez en años que el Gobierno cubano vincula directamente la presión económica sobre GAESA con la posibilidad de una agresión militar. El tono, inusualmente alarmista, refleja la preocupación por el impacto real de las sanciones: varias empresas extranjeras han comenzado a retirarse de proyectos turísticos y logísticos gestionados por el conglomerado militar, según fuentes diplomáticas y económicas consultadas por medios independientes.

La narrativa oficial insiste en que GAESA financia obras sociales, desde viviendas hasta policlínicos, y que su eficiencia ha sido “probada” en décadas de crisis. Pero el Gobierno evita responder a las acusaciones centrales: GAESA no publica auditorías, no rinde cuentas a la Contraloría General, no aparece en el presupuesto estatal y controla sectores estratégicos como el turismo, las remesas, las tiendas en MLC, las importaciones y las exportaciones no tradicionales. Economistas cubanos e internacionales coinciden en que su poder económico es incompatible con cualquier intento de reforma estructural. “GAESA es un Estado dentro del Estado”, ha escrito el economista Pavel Vidal. “Su opacidad y su control de las divisas bloquean cualquier proceso de descentralización”.

La defensa del conglomerado militar también revela la fragilidad del modelo económico cubano. Mientras hospitales cierran servicios por falta de insumos, las pensiones se hunden bajo la inflación y la producción agrícola se desploma, GAESA continúa ampliando cadenas hoteleras y captando divisas a través de tiendas en moneda libremente convertible. La contradicción es evidente para la población, pero el Gobierno insiste en que el conglomerado es indispensable para sostener la economía frente a las sanciones. La realidad es más compleja: el turismo y las remesas, dos de los pilares de GAESA, no están prohibidos por el embargo. De hecho, Estados Unidos es el país que más turistas envía a Cuba vía terceros países, y las remesas desde territorio estadounidense superan los 3.000 millones de dólares anuales.

La defensa pública de GAESA llega en un momento en que el régimen enfrenta su mayor crisis de legitimidad en décadas. La inflación descontrolada, el colapso del sistema sanitario, la escasez de alimentos y el éxodo masivo han erosionado la capacidad del Gobierno para sostener su narrativa de estabilidad. En ese contexto, el conglomerado militar aparece como la última estructura sólida del sistema, el núcleo duro del poder económico y político. Su debilitamiento, aunque sea parcial, tendría consecuencias imprevisibles para la élite gobernante.

El comunicado de esta semana no solo intenta blindar a GAESA frente a la presión internacional, sino también reforzar la narrativa interna de resistencia. Presenta al conglomerado como víctima del “imperialismo” y como garante de la economía nacional, pese a que su funcionamiento está rodeado de secretismo y privilegios. La estrategia busca cerrar filas en torno a una estructura que, más que un actor económico, es el pilar financiero del poder militar en Cuba.

La defensa de GAESA, sin embargo, no oculta la realidad: el régimen se encuentra en una posición de vulnerabilidad inédita. Las sanciones internacionales, la crisis interna y la pérdida de aliados estratégicos han reducido su margen de maniobra. En ese escenario, la supervivencia del conglomerado militar se ha convertido en una prioridad absoluta. El comunicado de esta semana no es solo una respuesta a Washington, sino una confesión implícita: sin GAESA, el sistema no se sostiene.