La espectacular entrada de hidrocarburos estadounidenses no se corresponde, al menos de manera perceptible y proporcional, con una recuperación semejante de los servicios que más necesita la población. Foto archivo.
CUBA-COMBUSTIBLE ESTADOUNIDENSE
Redacción Central
La Habana. PLC | Mientras Cuba continúa padeciendo apagones, transporte paralizado y servicios públicos sometidos a una escasez extrema de combustible, desde Estados Unidos ha comenzado a llegar a la Isla una cantidad de hidrocarburos impensable hasta hace apenas unos meses. El contraste ha abierto una pregunta inevitable: ¿dónde termina realmente ese combustible?
Las cifras oficiales estadounidenses confirman que no se trata de cargamentos marginales. En julio de 2026, Estados Unidos registró exportaciones hacia Cuba por 3,222 millones de barriles de productos petrolíferos, frente a 778.000 barriles en junio. De ellos, 2,654 millones correspondieron a destilados, fundamentalmente diésel, y otros 554.000 a gasolina terminada. El promedio de julio alcanzó aproximadamente los 103.900 barriles diarios.
Entre enero y julio fueron exportados alrededor de 4,896 millones de barriles. Y el flujo comercial continuó creciendo en agosto: las ventas estadounidenses de combustibles y aceites alcanzaron ese mes unos 74,9 millones de dólares y acumularon aproximadamente 231,7 millones desde enero.
El cuadro resulta todavía más extraordinario cuando se observa el comercio global. Según la Oficina del Censo estadounidense, las exportaciones de bienes de Estados Unidos a Cuba ascendieron a 148,9 millones de dólares en julio y 202,5 millones en agosto. En los primeros ocho meses de 2026 sumaron 876,5 millones, superando ya los 809,6 millones registrados durante todo 2025.
El combustible llega dentro de un mecanismo concebido precisamente para favorecer al sector privado cubano y no al aparato estatal. Las regulaciones estadounidenses permiten determinadas exportaciones de gas y derivados del petróleo destinadas a entidades privadas elegibles y consumidores particulares. El esquema excluye operaciones destinadas al Gobierno cubano, las Fuerzas Armadas y entidades estatales sancionadas.
Y ahí comienza el problema.
Una cosa es quién figura formalmente como comprador y otra, mucho más difícil de determinar dentro de la economía cubana, quién recibe, almacena, distribuye y finalmente consume millones de barriles.
Jorge Piñón, investigador energético de la Universidad de Texas en Austin y uno de los especialistas que desde hace años sigue los movimientos de petróleo cubanos, ha expresado precisamente sus dudas ante semejante volumen. Según información publicada este mes, Piñón considera que solamente la estatal CUPET posee capacidad para almacenar cantidades de esa magnitud.
Esa observación cambia sustancialmente la naturaleza del debate. No demuestra por sí sola que el Estado cubano esté apropiándose del combustible comprado por empresas privadas, pero plantea un interrogante difícil de eludir: ¿cómo pueden pequeñas y medianas empresas supuestamente independientes recibir, almacenar y distribuir cantidades de hidrocarburos comparables a las necesidades energéticas de un país?
La información suministrada a Prensa Libre Cuba recoge testimonios y denuncias según los cuales empresas privadas actuarían como intermediarias de estructuras estatales y parte del combustible estaría siendo incorporado a los circuitos de distribución controlados por el Estado.
Hay, sin embargo, un antecedente mucho menos discutible que alimenta las sospechas.
A comienzos de octubre, agentes federales estadounidenses anunciaron la incautación de más de 600.000 galones de biodiésel, valorados en unos 2,8 millones de dólares, que se dirigían hacia Cuba. Las autoridades estadounidenses afirmaron que el cargamento estaba destinado a Enetec, una compañía estatal cubana sancionada. El ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, negó posteriormente a Reuters que existiera contrato alguno con esa empresa.
El episodio demuestra por qué Washington no puede limitarse a comprobar quién aparece en la factura de compra. El seguimiento del destinatario final se ha convertido en una cuestión fundamental.
Y existe otra contradicción todavía más perturbadora. La espectacular entrada de hidrocarburos estadounidenses no se corresponde, al menos de manera perceptible y proporcional, con una recuperación semejante de los servicios que más necesita la población.
El transporte público continúa gravemente deteriorado. Los apagones siguen condicionando la vida cotidiana. Hospitales, acueductos y otros servicios públicos permanecen sometidos a una crisis energética profunda. Los testimonios proporcionados desde la Isla describen asignaciones mínimas de diésel para servicios esenciales, mientras en determinados circuitos comerciales existen grandes cantidades de combustible vendido en divisas.
Es precisamente esa contradicción la que exige una investigación transparente.
Los datos estadounidenses disponibles tienen una limitación decisiva: registran exportaciones y valores comerciales, pero no establecen quién termina consumiendo el producto dentro de Cuba. La información comercial sobre los envíos de agosto, por ejemplo, identifica productos, puertos y valores, pero no compradores ni vendedores.
Por eso sería precipitado afirmar que los millones de barriles documentados van directamente a la policía, las Fuerzas Armadas o la élite gobernante. Pero sería igualmente irresponsable ignorar las señales que obligan a Washington a investigar el recorrido completo del combustible.
La cuestión trasciende además el petróleo. Desde la ampliación de las MIPYMES, uno de los grandes interrogantes de la política estadounidense hacia Cuba ha sido determinar dónde empieza realmente la empresa privada y dónde termina el Estado en una economía donde este conserva el poder regulatorio, financiero, aduanero y sobre las principales infraestructuras.
El combustible ha convertido ese problema en algo cuantificable.
En julio se produjo un salto extraordinario hasta 3,222 millones de barriles. En agosto, las exportaciones estadounidenses de combustible alcanzaron unos 74,9 millones de dólares. Mientras tanto, los cubanos siguen viviendo bajo apagones y servicios básicos deteriorados.
La paradoja es demasiado grande para despacharla como una simple cuestión comercial.
Si las exportaciones fueron autorizadas para sostener al sector privado y beneficiar a la población, Estados Unidos tiene ahora el desafío de garantizar que el combustible no termine sosteniendo precisamente las estructuras estatales que las regulaciones pretendían excluir.
Y el Gobierno cubano, si quiere disipar las sospechas, tendría una vía extraordinariamente sencilla: hacer públicos los importadores, las cantidades recibidas, los depósitos utilizados, las empresas distribuidoras y los destinatarios finales.
Mientras esa trazabilidad no exista, el extraordinario flujo de combustible estadounidense seguirá dejando abierta una pregunta tan elemental como incómoda: si entra tanto combustible en Cuba y los servicios esenciales continúan prácticamente sin él, ¿quién se lo está quedando?
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