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Fraude digital, tarjetas clonadas y suplantación de identidad: el BCC admite la crisis sin admitir culpables.

La crisis bancaria cubana no se resolverá con declaraciones de principios. Requiere transparencia, auditorías externas, datos públicos, responsabilidad penal efectiva y un rediseño del sistema financiero que permita confianza. Foto © PLC.

Redacción Central

La Habana. PLC | La declaración publicada por el Banco Central de Cuba, firmada por su presidenta Juana Lilia Delgado Portal, pretende ser un golpe sobre la mesa: “tolerancia cero” ante cualquier conducta oportunista o ilícita dentro del sistema bancario. Pero el documento, más que una advertencia, es el síntoma de un sistema que intenta reafirmar autoridad en medio de una crisis estructural que ya no puede ocultar. Lo más revelador no es lo que dice, sino lo que evita decir.

El memorándum no menciona ningún caso concreto, ninguna sucursal, ningún expediente, ningún nombre. Sin embargo, llega apenas cuatro días después de la detención de empleados del Banco Popular de Ahorro y BANDEC en Santiago de Cuba, implicados en un esquema ilegal de conversión de efectivo por transferencias electrónicas con comisiones del 30 al 50 %. Las autoridades ocuparon dinero, máquinas contadoras, tarjetas y libretas con registros de operaciones. El operativo fue público, documentado y grave. Pero el Banco Central decidió no mencionarlo.

Ese silencio es significativo. El BCC intenta proyectar una imagen de control institucional, pero evita reconocer que las irregularidades no son episodios aislados, sino parte de un deterioro sistémico. La declaración tampoco vincula su mensaje a las 20 modificaciones anunciadas el mismo día para “modernizar” el sistema bancario: apertura parcial al capital privado y extranjero, nuevos créditos al consumo, digitalización de servicios. Reformas que, sin transparencia ni estabilidad, corren el riesgo de convertirse en nuevas oportunidades para la corrupción.

El memorándum exige investigaciones profundas, depuración de responsabilidades y protección a denunciantes. Afirma que “no habrá espacio para la complicidad, el encubrimiento ni la impunidad”. Pero el propio sector bancario ha sido escenario de irregularidades graves durante todo 2026. En abril, el Tribunal Provincial de Santiago condenó a tres personas a penas de 10 a 15 años por malversación y falsificación de documentos bancarios en un caso que involucró más de cinco millones de pesos. En julio, denuncias ciudadanas mostraban que para retirar 2.000 pesos era necesario transferir 2.800: una comisión del 40 % en un mercado paralelo que opera a plena luz del día.

A esto se suma el auge del fraude digital: suplantación de identidad, “tarjeteo”, estafas en plataformas de pago y vulnerabilidades en los sistemas electrónicos. La crisis de liquidez, la pérdida de valor del peso y la incapacidad del Estado para garantizar efectivo han creado un ecosistema donde la ilegalidad se vuelve funcional. Cuando el sistema formal no responde, el informal ocupa su lugar.

El Banco Central insiste en que estas conductas “no caracterizan a los bancarios cubanos” y atribuye las dificultades del sector al “bloqueo” y a la crisis económica. Pero evitar mencionar la corrupción interna como causa estructural es una forma de negar el problema. La crisis del sistema bancario no es solo consecuencia del contexto económico: es resultado de años de desinversión, opacidad, falta de controles independientes y un modelo que concentra poder sin mecanismos de supervisión reales.

El memorándum ordena que el documento se difunda y se cumpla “con carácter obligatorio”. Es un gesto de autoridad en un momento en que la autoridad se erosiona. La pregunta es si un texto sin nombres, sin expedientes y sin reconocimiento explícito de las causas profundas puede revertir un fenómeno que ya se ha extendido por todo el país.

La crisis bancaria cubana no se resolverá con declaraciones de principios. Requiere transparencia, auditorías externas, datos públicos, responsabilidad penal efectiva y un rediseño del sistema financiero que permita confianza. Mientras tanto, el mercado paralelo seguirá creciendo, los fraudes digitales seguirán proliferando y los ciudadanos seguirán pagando comisiones abusivas para acceder a su propio dinero.

El memorándum del Banco Central intenta cerrar filas, pero lo que revela es que las filas ya están abiertas. Y que la crisis del sistema bancario no es una desviación: es el reflejo de un Estado que ha perdido capacidad de control sobre sus propias instituciones.


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