Estados Unidos desmantela una ruta clandestina de combustible hacia Cuba y expone la fragilidad del nuevo esquema energético del régimen

CUBA-CONTRABANDO COMBUSTIBLE

Redacción Central

Miami. PLC | La incautación en Estados Unidos de más de 609 000 galones de biodiésel destinados a Cuba revela un entramado comercial opaco que contradice la narrativa oficial de La Habana sobre la “legalidad” de sus importaciones y expone la vulnerabilidad del modelo energético que el régimen intenta reconstruir a través de actores privados. La operación, ejecutada por agencias federales en Port Everglades y Houston, apunta directamente a Enetec S. A., una empresa cubana sancionada desde julio de 2026 y vinculada al comercio mayorista de combustibles.

Las autoridades estadounidenses detectaron en septiembre 90 cargamentos valorados en más de 2.8 millones de dólares que tenían como destino Enetec. Setenta y un envíos —496 000 galones— fueron incautados en Florida, mientras otros 19 —119 000 galones— quedaron retenidos en Houston. La intervención fue resultado de una investigación conjunta de Seguridad Nacional (HSI), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Comercio, que concluyó que los cargamentos formaban parte de una operación de exportación ilegal hacia una entidad incluida en la lista de sancionados de la OFAC.

Enetec había sido designada apenas tres meses antes bajo la Orden Ejecutiva 14404, que amplió la autoridad del Gobierno estadounidense para sancionar a entidades vinculadas a sectores estratégicos de la economía cubana, entre ellos el energético. La empresa, creada en 2019 y con sede en La Habana, quedó bloqueada para cualquier transacción con bienes estadounidenses, lo que convierte en ilegal cualquier intento de enviarle combustible desde puertos de Estados Unidos.

Durante la conferencia de prensa celebrada el 7 de octubre en Miami, las autoridades federales insistieron en que la investigación continúa y que aún no pueden revelar la estructura completa de la operación ni los nombres de las empresas involucradas. Sin embargo, sí confirmaron que los envíos se realizaron mediante “redes comerciales engañosas”, diseñadas para evadir controles y ocultar el destino final del combustible.

El agente especial de HSI Miami, José R. Figueroa, afirmó que la incautación demuestra el compromiso de la agencia para impedir que bienes estadounidenses lleguen ilegalmente a Cuba y aseguró que seguirán desarticulando intentos de violar sanciones y controles de exportación. Por su parte, Daniel Alonso, director de Operaciones de Campo de CBP para Miami y Tampa, subrayó que la agencia no solo controla lo que entra al país, sino también lo que sale, y que fue precisamente ese monitoreo el que permitió interceptar los cargamentos.

El caso se produce en un momento en que el régimen cubano intenta abrir el mercado energético a actores privados para compensar su incapacidad de garantizar el suministro. Desde febrero, la Administración Trump autorizó la venta de combustible a entidades privadas cubanas, lo que permitió que las importaciones desde Estados Unidos superaran los 3.2 millones de barriles en julio, casi el doble de lo adquirido en los últimos tres años. A ello se suma el acuerdo de Vanguard Energy, que prevé enviar buques petroleros directamente a clientes privados en la isla sin pasar por el Estado.

Pero la incautación de los cargamentos destinados a Enetec revela el otro lado del experimento: la coexistencia de operaciones legales con redes clandestinas que buscan sortear sanciones y mantener vivo el circuito energético del régimen. Para el PLC, este episodio confirma que la “descentralización” del mercado de combustibles no responde a una apertura real, sino a la incapacidad del Estado para sostener su monopolio y a la proliferación de estructuras paralelas que operan en la sombra.

La investigación en Estados Unidos continúa y podría derivar en cargos contra individuos o empresas. Mientras tanto, el régimen insiste en que la importación de combustibles por entidades estatales y privadas es “legal”, pero la evidencia muestra que una parte significativa de ese flujo depende de rutas opacas, intermediarios sancionados y violaciones sistemáticas de las normas internacionales de comercio.