GAESA se queda sola: Europa, Canadá y hasta Rusia retroceden ante el cerco de Washington

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La Habana. PLC. El jueves expiró el ultimátum de Washington y, con él, se produjo una sacudida que reconfigura el mapa económico de Cuba: la retirada masiva de empresas extranjeras vinculadas al conglomerado militar GAESA y a su rama turística Gaviota. La orden ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo, no solo impuso sanciones secundarias a quienes mantuvieran negocios con el holding militar; reveló la fragilidad de un modelo económico que durante décadas se sostuvo sobre la inversión extranjera, la opacidad financiera y la centralización castrense.

La estampida comenzó en Europa y Canadá, pero pronto se extendió a otros continentes. Meliá e Iberostar, pilares del turismo español en la isla, anunciaron la salida de más de una veintena de hoteles. Blue Diamond Resorts, el gigante canadiense que gestionaba 62 instalaciones, abandonó el país de un día para otro. La indonesia Archipelago International retiró sus seis hoteles Aston, dejando vacíos edificios que hace apenas dos temporadas se presentaban como la nueva apuesta del Caribe. Las navieras CMA CGM y Hapag-Lloyd suspendieron operaciones hacia puertos administrados por GAESA, mientras once aerolíneas —entre ellas Air Canada, LATAM, Air France, Iberia y Turkish Airlines— cancelaron más de 1.700 vuelos en lo que va de año.

Pero el impacto internacional no se limitó a Occidente. Rusia, uno de los socios políticos más cercanos del régimen, también sintió el efecto del cerco financiero. Las aerolíneas Rossiya y Nordwind cancelaron rutas hacia Cuba, incapaces de operar en aeropuertos controlados por GAESA sin exponerse a sanciones. Proyectos turísticos rusos anunciados con fanfarria en 2023 y 2024 quedaron congelados, y varias empresas logísticas dejaron de tocar puertos cubanos ante la retirada de las navieras europeas que garantizaban parte del tránsito. La cooperación energética, aunque formalmente intacta, se ralentizó en un contexto donde cualquier transacción en dólares o euros se ha vuelto un campo minado.

China, por su parte, adoptó un perfil bajo. Ninguna gran empresa estatal anunció su salida, pero varias compañías tecnológicas suspendieron entregas a entidades financieras cubanas vinculadas a GAESA. La prudencia china no sorprende: Pekín evita exponerse a sanciones secundarias en un momento de tensiones comerciales con Washington. La retirada silenciosa de proveedores asiáticos ha dejado a la banca cubana aún más aislada, con sistemas de pago interrumpidos y tarjetas internacionales fuera de servicio.

Turquía, que en los últimos años había incrementado su presencia en la isla, también retrocedió. Turkish Airlines redujo drásticamente sus vuelos a La Habana, y empresas de suministros industriales dejaron en pausa contratos con Gaviota ante la incertidumbre regulatoria. Incluso países con relaciones históricas con Cuba, como México, han mostrado cautela: varias compañías de logística y transporte han evitado operar en instalaciones controladas por el conglomerado militar.

La reacción del Gobierno cubano fue inmediata, aunque poco convincente. Granma denunció una “agresión económica sin precedentes”, mientras el canciller Bruno Rodríguez defendía la “eficiencia probada” de GAESA. Pero la narrativa oficial chocaba con la realidad: casi un centenar de hoteles quedaron sin operador, los puertos perdieron conectividad, las aerolíneas redujeron frecuencias a niveles propios de un país en conflicto y la banca internacional cerró filas para evitar cualquier exposición al sistema financiero cubano.

El efecto político es profundo. Por primera vez, el corazón económico del régimen —el conglomerado militar que controla entre el 60% y el 80% de las divisas del país— se ve directamente amenazado desde el exterior. La Habana enfrenta un dilema que había logrado evitar durante décadas: o reestructura su economía para sobrevivir sin GAESA, o se aferra a un modelo que ya no tiene socios dispuestos a sostenerlo. La crisis no solo revela la dependencia estructural del castrismo respecto al capital extranjero; expone también la soledad internacional de un régimen que, incluso entre sus aliados, encuentra ahora más cautela que compromiso.

El 5 de junio de 2026 quedará como una fecha de quiebre. No solo por la magnitud de la retirada empresarial, sino porque mostró que el edificio económico del castrismo —construido sobre la opacidad, el control militar y la ilusión de estabilidad turística— era mucho más vulnerable de lo que sus arquitectos imaginaban. La isla entra en una nueva fase de aislamiento, con menos vuelos, menos comercio, menos divisas y menos aliados dispuestos a asumir riesgos. Y, por primera vez en mucho tiempo, el poder económico de los militares cubanos ya no parece intocable.