Por Marta Pérez
Estocolmo. PLC / El régimen cubano presenta el Proyecto de Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio como una modernización administrativa para facilitar trámites y fortalecer la identidad digital. Sin embargo, detrás de ese discurso se esconde una realidad preocupante: la creación de un sistema centralizado que concentrará los datos personales, biométricos y de domicilio de todos los ciudadanos bajo el control del Ministerio del Interior (MININT).
El proyecto contempla la recopilación de información como huellas dactilares, reconocimiento facial, voz, iris, firma, domicilio e identidad digital, todo integrado en una única base de datos administrada por el mismo organismo responsable de la Seguridad del Estado. En una democracia, un sistema de este tipo estaría sometido a estrictos controles independientes. En Cuba, donde no existe separación de poderes ni supervisión efectiva, el riesgo de abuso es evidente.
Especial preocupación genera el registro obligatorio del domicilio. Más allá de un simple trámite administrativo, la norma facilitaría al régimen localizar con mayor rapidez a opositores, periodistas independientes y activistas, además de obligar a propietarios y familiares a informar sobre quién reside en sus viviendas.
La creación de una identidad digital única también plantea interrogantes. Aunque el proyecto afirma que será una herramienta para acceder a servicios públicos, al depender exclusivamente del MININT podría convertirse en un mecanismo para supervisar la actividad de los ciudadanos en las plataformas oficiales y reforzar el control estatal sobre la vida cotidiana.
Otro aspecto preocupante es que muchas de las sanciones previstas no aparecen definidas en la propia ley, sino que serán desarrolladas posteriormente mediante reglamentos. Esto deja un amplio margen para imponer nuevas obligaciones y castigos sin un verdadero debate público.
Es cierto que cualquier Estado necesita sistemas modernos de identificación y registros actualizados. El problema no es la tecnología, sino quién la controla. En manos de un régimen que reprime la disidencia, criminaliza la protesta y utiliza las instituciones para perseguir a quienes piensan diferente, una base de datos biométrica centralizada puede convertirse en una poderosa herramienta de vigilancia política.
Desde mi perspectiva este proyecto responde tanto a la necesidad de modernizar la administración como al objetivo de fortalecer la capacidad del régimen para controlar a una sociedad cada vez más golpeada por la crisis y el descontento.
La modernización tecnológica solo puede beneficiar a los ciudadanos cuando está acompañada de transparencia, controles independientes y garantías para la protección de los derechos fundamentales. Ninguna de esas condiciones existe hoy en Cuba.
La pregunta no es si el país necesita un sistema de identidad moderno. La verdadera pregunta es si los cubanos pueden confiar sus datos más sensibles a un Estado que ha demostrado durante décadas utilizar la información y las instituciones como instrumentos de vigilancia y represión. En el contexto político actual, la respuesta parece evidente.
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