La pregunta que define el nuevo mapa energético: ¿es Cupet el verdadero receptor del combustible de EE UU?

CUBA-CRISIS ENERGÉTICA

Redacción Central

La Habana. PLC Análisis | La llegada a Cuba de 3,22 millones de barriles de combustibles procedentes de Estados Unidos en julio de 2026 no es solo un récord histórico: es una fractura política. El volumen supera cualquier envío mensual de Venezuela incluso en los años de mayor generosidad chavista y desmonta, con cifras verificables, la narrativa del Gobierno cubano sobre un supuesto “bloqueo petrolero” y la ausencia de barcos en los últimos meses. La magnitud del salto —4,1 veces más que en junio y casi el doble de todo lo recibido en el primer semestre— revela una dependencia energética que ya no se disimula y que se ha convertido en la columna vertebral del funcionamiento básico del país.

El dato más revelador es la composición del cargamento: 2,65 millones de barriles de diésel, 554.000 de gasolina y pequeñas cantidades de lubricantes y otros derivados. Son productos terminados, listos para el consumo, que multiplican su impacto frente a los antiguos envíos de crudo venezolano, que debían ser refinados en instalaciones obsoletas y con rendimientos cada vez más pobres. En términos de disponibilidad real, los 3,22 millones de barriles estadounidenses equivalen a mucho más que cualquier cargamento de crudo recibido en la última década.

La contradicción entre los datos y el discurso oficial es frontal. El 23 de septiembre, en su programa radial, Miguel Díaz-Canel afirmó que “hace nueve meses que no entra un barco de combustible”. La frase ignoró tanto la llegada del tanquero ruso Anatoly Kolodkin en marzo como el récord histórico de julio. Ignoró, además, la evidencia visible en las calles de La Habana: más ómnibus, más camiones, más vehículos estatales circulando después de meses de parálisis. La población lo percibe antes que la propaganda. “Mira, una guagua. Pide un deseo”, dice una madre a su hijo en Centro Habana como si el transporte público fuera un fenómeno astronómico.

¿Quién, aparte de Cupet o Cimex, tiene capacidad para almacenar 3,2 millones de barriles en un solo mes? La respuesta es obvia y políticamente incómoda. Washington autoriza las ventas únicamente al sector privado cubano, pero el sector privado carece de infraestructura para manejar volúmenes masivos. Cupet, sancionada desde junio por Estados Unidos, parece ser el receptor real del combustible.

Aquí emerge una pregunta que ya circula entre analistas en Washington y Miami: ¿es Estados Unidos consciente de que, con toda probabilidad, el combustible que exporta termina almacenado por Cupet, una entidad que figura en su propia lista de sancionadas? La respuesta más plausible es sí. La administración estadounidense conoce la infraestructura disponible en la Isla, sabe que las MIPYMES no tienen tanques, oleoductos ni terminales, y entiende que cualquier operación de volumen necesariamente pasa por instalaciones estatales. Aun así, mantiene el flujo. No es ingenuidad: es política. Washington aprieta al Estado cubano en lo financiero y lo diplomático, pero afloja en lo energético para evitar un colapso que podría generar inestabilidad regional, migración masiva y un cierre total del espacio económico privado que intenta fomentar. Es un equilibrio deliberado: castigo al aparato estatal, oxígeno al sector privado, y combustible suficiente para que la Isla no se hunda del todo.

El auge del combustible estadounidense se inscribe en una transformación comercial mayor. Entre enero y julio, Estados Unidos exportó a Cuba mercancías por 674 millones de dólares, un 61,8% más que en el mismo período de 2025. Solo en julio fueron 148,9 millones, el mayor registro mensual desde que el Census Bureau comenzó a medir este intercambio en 1992. En tres años, EE UU ha pasado de ser el décimo proveedor de Cuba a convertirse en el primero, por delante de España y China. El comercio, sin embargo, es de una sola dirección: Cuba compra, pero no vende.

Paradójicamente, los datos respaldan la denuncia del ministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva Fraga, quien acusa a Washington de fomentar una “dependencia” económica al favorecer las ventas estadounidenses en detrimento de los socios tradicionales del régimen. Pero esa dependencia no es inducida: es consecuencia directa del colapso energético nacional, la caída de los suministros venezolanos, la incapacidad de las refinerías cubanas y la apertura parcial al sector privado como única válvula de escape.

El combustible estadounidense —visible en cada motor encendido— se ha convertido en el nuevo termómetro de la crisis y de la dependencia, y en la evidencia más contundente de que el relato del Gobierno ya no puede sostenerse frente a los números.