Mercados de barrio: maquillaje comercial en medio del desabastecimiento

CUBA-ECONOMÍA

Redacción Central

La Habana. PLC | El Gobierno cubano presenta los llamados mercados de barrio como una solución para abaratar la vida en medio de la crisis de abastecimiento, pero todo en esta nueva fórmula huele más a reordenamiento administrativo y propaganda que a una verdadera política pública orientada a garantizar derechos básicos.

Según la versión oficial, se han creado hasta ahora 24 mercados de barrio —otras fuentes hablan ya de 30 establecimientos— destinados a reubicar y transformar bodegas, mercados y carnicerías, priorizando alimentos y artículos de aseo con una reducción de precios de entre un 10 y un 15 por ciento respecto a otros comercios. Funcionarios del Ministerio de Comercio Interior han llegado incluso a prometer rebajas de hasta un 30 por ciento en entrevistas televisivas, en un país donde el salario medio y las pensiones han sido pulverizados por la inflación y la escasez.

La lista de productos anunciados es, en apariencia, la de una canasta básica ampliada: arroz, azúcar, granos, conservas de tomate, pastas, café, aceite vegetal, leche en polvo, pollo, huevos, salchichas, picadillo, harina de trigo, sopas instantáneas, además de detergente, jabón, papel sanitario, desodorante y crema dental. Sobre el papel, el proyecto pretende acercar estos bienes a la población y “suplir, en parte”, el déficit de productos que antes se entregaban mediante la canasta normada. En la práctica, el propio lenguaje oficial reconoce que no se trata de restituir derechos perdidos, sino de administrar la escasez y trasladar el costo de la crisis al consumidor.

El modelo de gestión confirma esa lógica. Los mercados de barrio siguen siendo establecimientos estatales, pero su administración se entrega mediante licitación a empresas, mipymes, cooperativas y otros actores económicos, mientras el Estado conserva la propiedad de los inmuebles. Para atraer gestores, se ofrecen bonificaciones fiscales —como una reducción del cinco por ciento en el impuesto sobre ventas— y hasta dos años sin pagar arrendamiento, prorrogables si el administrador invierte en el local. Es decir, se socializan los riesgos de la crisis y se privatiza parcialmente la gestión, pero sin garantías de transparencia, competencia real ni protección efectiva al consumidor.

La apuesta oficial es que estas ventajas para los gestores se traduzcan en precios más bajos para la población. Sin embargo, ni el Gobierno ni el MINCIN han presentado estudios serios sobre la estructura de costos, la capacidad de abastecimiento o el impacto real de estas medidas en el poder adquisitivo de las familias. En un contexto de crisis energética, apagones prolongados, problemas de transporte, falta de combustible y caída de la producción nacional, prometer rebajas del 15 al 30 por ciento sin abordar las causas estructurales del desabastecimiento es, como mínimo, una forma de marketing político.

Mientras se inauguran mercados de barrio con cámaras y titulares optimistas, la realidad cotidiana sigue marcada por colas, precios volátiles, ofertas irregulares y una dependencia creciente de remesas y del mercado informal. El propio Estado recurre cada vez más al sector no estatal para reactivar establecimientos que han permanecido años cerrados o desabastecidos, como carnicerías y bodegas, sin asumir su responsabilidad en el deterioro de la infraestructura, la falta de inversión y la ausencia de reglas claras para la iniciativa privada.

La descentralización empresarial que se invoca desde La Habana no viene acompañada de una descentralización política ni de un marco institucional que permita a los municipios y provincias decidir de manera autónoma sobre producción, comercio y regulación. Los territorios “seleccionan” entidades y actores económicos, pero siempre dentro de un esquema donde el Partido y el aparato central conservan el control último sobre licencias, permisos y acceso a divisas. La autonomía que se promete es, en realidad, una delegación condicionada, revocable y subordinada a la lógica del poder.

Para la ciudadanía, el resultado es un paisaje fragmentado: algunos barrios pueden contar con un mercado de barrio con cierta oferta y precios algo más bajos; otros siguen dependiendo de bodegas vacías, tiendas en divisas inaccesibles y un mercado informal donde los precios se disparan. La supuesta “equidad” del sistema se sustituye por una geografía de privilegios y carencias, determinada por conexiones políticas, capacidad de gestión local y la voluntad de actores privados de asumir riesgos en un entorno jurídico incierto.

Desde una perspectiva liberal y democrática, la cuestión de fondo no es si los mercados de barrio pueden ofrecer un detergente o un kilo de arroz un poco más barato, sino quién decide, con qué reglas y con qué controles. Sin transparencia en las licitaciones, sin competencia abierta, sin libertad de empresa plena y sin un Estado sometido al escrutinio ciudadano, cualquier reforma comercial corre el riesgo de convertirse en otro mecanismo de reparto discrecional de oportunidades entre actores cercanos al poder.

Los mercados de barrio podrían ser parte de una transición hacia un sistema más abierto, donde la iniciativa privada, las cooperativas y los municipios gestionen el comercio con reglas claras y derechos garantizados. Pero mientras se mantenga el monopolio político, la criminalización de la disidencia y la ausencia de instituciones independientes, estas medidas seguirán siendo parches sobre una estructura que no se quiere cambiar.

En definitiva, el problema no es el formato del mercado, sino el modelo de país. Sin libertad económica, sin seguridad jurídica y sin pluralismo político, ningún mercado de barrio podrá compensar la crisis de fondo: la de un sistema que ha agotado su capacidad de ofrecer prosperidad y que ahora intenta administrar la escasez con titulares optimistas y reformas a medias.