Ortega elimina las elecciones para blindar su poder y confirmar la dictadura que Nicaragua ya era

NICARAGUA

Estocolmo. PLC / Daniel Ortega no sorprendió a nadie cuando anunció, durante el 47 aniversario de la revolución sandinista, que en Nicaragua no volverá a haber elecciones. Lo que sí hizo fue decir en voz alta lo que su régimen llevaba años ejecutando en silencio: la cancelación definitiva de la alternancia democrática y la consolidación de un poder familiar que ya no pretende disimular su naturaleza autoritaria.

El mensaje, pronunciado ante miles de simpatizantes, clausura la vía electoral como mecanismo de renovación política. Ortega afirmó que no permitirá comicios que puedan ser “aprovechados por la oposición para atrapar el Gobierno”, una frase que revela la verdadera razón de la decisión: el miedo a perder el poder. Tras casi dos décadas de control absoluto, Ortega sabe que cualquier proceso mínimamente competitivo pondría en riesgo la continuidad de su dinastía política junto a Rosario Murillo, convertida en copresidenta mediante una reforma constitucional hecha a medida en 2025.

La suspensión indefinida de elecciones no es un giro repentino, sino la culminación de un proceso de cierre político iniciado en 2018. Desde entonces, el régimen ha eliminado partidos, encarcelado opositores, ilegalizado más de 6.000 organizaciones civiles y forzado al exilio a miles de nicaragüenses. Las últimas elecciones ya habían sido una ficción: los principales candidatos opositores fueron detenidos antes de la votación de 2021, lo que permitió a Ortega asumir su cuarto mandato consecutivo sin competencia real.

El anuncio confirma lo que analistas venían advirtiendo: Nicaragua ya era una dictadura, pero ahora lo es sin ambigüedades. La decisión de eliminar la vía electoral busca blindar al régimen frente a cualquier apertura que permita la expresión de la disidencia. Ortega y Murillo prefieren clausurar el sistema antes que arriesgarse a una mínima competencia que pueda erosionar su control. En palabras del politólogo Manuel Orozco, el país atraviesa una etapa de desgaste acelerado del régimen, marcada por represión, deterioro económico y aislamiento internacional, factores que incrementan el temor del oficialismo a perder el poder si se abriera una ventana electoral.

La Nicaragua de hoy es un país sin oposición interna, sin instituciones independientes y sin horizonte democrático. Con la eliminación de las elecciones, Ortega no solo confirma la naturaleza dictatorial de su gobierno: ratifica que su permanencia depende exclusivamente de impedir que los ciudadanos puedan elegir otra opción. El régimen ya no compite, ya no simula, ya no oculta. Simplemente se aferra al poder y declara que nunca lo soltará.