Washington golpea el corazón energético del régimen: CUPET entra en la lista negra de EE UU

Estados Unidos ha asestado uno de los golpes más sensibles al aparato económico cubano al sancionar a la Unión Cuba‑Petróleo (CUPET), la empresa estatal que controla toda la cadena de combustibles en la Isla. La decisión, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, llega en un momento de máxima fragilidad para el sistema energético cubano y apenas dos días después de que trascendiera un acuerdo privado para enviar 250.000 barriles de diésel y gasolina a Cuba.

La sanción, impuesta bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Donald Trump, congela cualquier activo de CUPET bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos y empresas de EE UU realizar transacciones con la entidad. Washington sostiene que la petrolera estatal ha sido utilizada durante décadas como herramienta de control social y fuente de enriquecimiento para las élites del poder. Rubio acusó al régimen de “robar y acaparar” el combustible disponible, desviándolo hacia el jet privado de los Castro, las fuerzas de seguridad y los hoteles turísticos, mientras la población enfrenta apagones masivos y colas interminables para llenar un tanque.

El anuncio altera de inmediato el tablero energético. El acuerdo de la empresa estadounidense Vanguard Energy —que preveía enviar 250.000 barriles destinados al sector privado cubano— dependía del uso de tanques, logística y supervisión de CUPET. Con la petrolera ahora sancionada, cualquier operación que implique coordinación, pagos o alquiler de infraestructura queda en el aire. El proyecto, que buscaba abrir una vía de abastecimiento para mipymes y actores no estatales, se enfrenta a un obstáculo que puede resultar definitivo.

La medida se inscribe en una ofensiva más amplia de la Administración Trump, que en mayo amplió el marco de sanciones para sectores estratégicos como energía, defensa, minería y servicios financieros. Washington argumenta que el régimen ha instrumentalizado la energía como arma política y mecanismo de lucro cleptocrático. En paralelo, medios estadounidenses recuerdan que CUPET posee activos que fueron “expropiados ilegalmente” a ciudadanos de EE UU, un elemento que refuerza la justificación legal de la sanción.

En La Habana, el golpe se interpreta como un mensaje inequívoco: cualquier intento de reconfigurar el mapa energético cubano —incluidos los acuerdos privados que buscan sortear el monopolio estatal— será examinado con lupa por Washington. La sanción a CUPET no solo bloquea operaciones presentes, sino que condiciona cualquier proyecto futuro que dependa de la infraestructura estatal.

La ofensiva llega en un momento en que el régimen intenta proyectar una imagen de control pese al deterioro económico y al creciente malestar social. Con CUPET en la lista negra, el margen de maniobra del Gobierno se estrecha aún más. Y el pulso entre Washington y La Habana vuelve a situarse, una vez más, en el terreno donde más duele: el combustible que mantiene en pie al país.