Human Rights Watch denuncia la indefensión de miles de cubanos expulsados a México

Foto: © 2026 Josué Leal

Estocolmo  PLC- La escena que describe Human Rights Watch en su informe más reciente sobre las deportaciones de cubanos desde Estados Unidos a México es la de un abandono sistemático. No se trata solo de un cambio de política migratoria, sino de una ruptura abrupta con décadas de excepciones tácitas que habían permitido a miles de cubanos permanecer en territorio estadounidense pese a órdenes de deportación nunca ejecutadas. Entre enero de 2025 y marzo de 2026, la administración de Donald Trump deportó a México a 4.353 cubanos, muchos de ellos personas mayores, enfermas o con décadas de vida en Estados Unidos. Una parte significativa —el informe documenta que una proporción considerable carecía de causas penales abiertas, pese a lo cual fueron expulsados sin evaluaciones individualizadas— quedó atrapada en un limbo legal en un país que no les ofrece protección ni vías claras para regularizar su situación.

El informe recoge testimonios que revelan la crudeza del proceso. “Nos están abandonando aquí a morir”, dice Harold A., un cubano de 58 años deportado a Villahermosa, Tabasco, después de décadas en Estados Unidos. Su frase resume la situación de cientos de personas que, tras ser detenidas en condiciones que HRW califica de inhumanas, fueron trasladadas a México sin documentos, sin dinero y sin acceso a sus pertenencias. Muchos de ellos habían construido familias, trabajado y pagado impuestos durante años. Otros habían huido de la represión política o de la crisis económica en la isla. Ninguno recibió una evaluación individualizada que determinara si corrían riesgo al ser deportados, una violación directa del debido proceso que HRW documenta como práctica sistemática.

La política migratoria de la administración Trump ha convertido a México en un territorio de depósito para personas que Estados Unidos no puede o no quiere devolver a sus países de origen. En el caso cubano, la situación es aún más compleja: el Gobierno de La Habana se niega a recibir a muchos de los deportados, lo que obliga a Washington a trasladarlos a México bajo acuerdos que ninguno de los dos países ha hecho públicos. El resultado es un vacío legal que deja a los deportados en una situación de extrema vulnerabilidad. México no ofrece alojamiento, atención médica ni mecanismos efectivos para obtener un estatus legal duradero. Quienes no logran acceder al sistema de refugio —un proceso lento, saturado y con altas tasas de rechazo— quedan expuestos a la violencia criminal, la explotación laboral y la indigencia.

La dimensión humana del drama es evidente en los testimonios recogidos por HRW. Personas mayores que no pueden acceder a medicamentos esenciales; familias separadas; trabajadores que, tras décadas de vida en Estados Unidos, se encuentran de un día para otro sin techo, sin ingresos y sin posibilidad de trabajar legalmente. La deportación no solo los expulsa del país donde habían construido su vida: los arroja a un territorio donde no tienen redes de apoyo, donde no pueden regularizarse y donde la violencia es una amenaza constante. La frase que da título al informe —“Nos abandonan aquí a morir”— no es una metáfora: es una descripción literal de la situación.

El giro político que ha llevado a esta ola de deportaciones masivas responde a una estrategia más amplia. Durante la campaña de 2024, Trump prometió ejecutar “el mayor operativo de deportación en la historia de Estados Unidos”, y desde su regreso a la Casa Blanca ha ampliado los mecanismos para expulsar a migrantes y ha firmado acuerdos con terceros países dispuestos a recibirlos. Cuba, que durante años se negó a aceptar a muchos de sus nacionales deportados, ha dejado de ser un obstáculo para esa política: Washington ha encontrado en México un destino alternativo que le permite ejecutar deportaciones sin negociar con La Habana.

Para los cubanos deportados, la situación es especialmente dramática. No pueden regresar a la isla porque el Gobierno cubano no los acepta; no pueden permanecer legalmente en México porque no existe un marco que les permita regularizarse; y no pueden volver a Estados Unidos porque tienen órdenes de deportación activas. Quedan atrapados en una especie de tierra de nadie jurídica, sin protección estatal y sin perspectivas de futuro. HRW advierte que esta situación viola estándares internacionales de derechos humanos y expone a los deportados a riesgos graves e inmediatos.

El informe también revela un patrón preocupante: la ausencia de transparencia. Ni Estados Unidos ni México han publicado los acuerdos que permiten estas deportaciones. No se conocen los criterios de selección, ni los procedimientos internos, ni las garantías —si es que existen— para evaluar riesgos individuales. La opacidad convierte a los deportados en sujetos invisibles, sin mecanismos para reclamar, sin acceso a abogados y sin posibilidad de apelar decisiones que afectan su vida y su seguridad.

La crisis migratoria cubana, que ya había alcanzado niveles históricos, adquiere así una nueva dimensión. No se trata solo de la salida masiva de cubanos hacia Estados Unidos, sino de un ciclo de expulsión que devuelve a miles a un país que no es el suyo, que no los reconoce y que no puede protegerlos. La deportación deja de ser un acto administrativo para convertirse en una condena a la precariedad, la violencia y la desprotección.

En un momento en que Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas y sociales de su historia, la situación de los deportados añade una capa más de tragedia. Son cubanos que no pueden volver, que no pueden avanzar y que no pueden rehacer su vida. Son, en palabras del informe, personas “abandonadas a su suerte”. Y su historia, lejos de ser un episodio aislado, es un síntoma de un sistema migratorio que ha dejado de ver a los individuos para convertirlos en cifras, expedientes y cuerpos desplazados entre fronteras.