CUBA-DERECHO SOCIAL
Por Antonio Suárez Fonticiella
La Habana. PLC. Opinión / Hablar de un Estado de Derecho Social significa hablar de mucho más que leyes, tribunales o instituciones. Significa hablar de un Estado cuya razón de ser debe estar vinculada a la protección de la persona, la justicia, la igualdad, la dignidad y las condiciones necesarias para que cada ciudadano pueda desarrollar una vida digna.
En el caso cubano, la propia Constitución establece que Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, y coloca entre sus fundamentos la dignidad, la equidad, la igualdad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva.
La pregunta que surge entonces, especialmente ante la realidad de 2026, es inevitable:
¿Hasta qué punto esos principios constitucionales se están convirtiendo en una realidad concreta para el ciudadano cubano?
El Estado Social se demuestra en la vida cotidiana
Un Estado que se define como social no puede ser evaluado únicamente por sus declaraciones.
Debe ser evaluado por lo que ocurre en los hogares.
La justicia social debería poder sentirse en el salario de un trabajador, en la pensión de un jubilado, en la disponibilidad de alimentos, en el acceso a medicamentos, en el funcionamiento de los hospitales, en la educación, en la vivienda, en el transporte y en los servicios básicos.
Porque para una familia que pasa largas horas sin electricidad, la justicia social no es un concepto académico.
Para quien no puede comprar los alimentos necesarios con sus ingresos, tampoco.
Para un jubilado cuyo ingreso pierde capacidad adquisitiva frente al aumento de los precios, la discusión deja de ser ideológica y se convierte en una cuestión de supervivencia.
Y para quien trabaja todos los días pero no consigue que su salario alcance para cubrir sus necesidades fundamentales, aparece una pregunta mucho más profunda:
¿Qué significa realmente prosperidad social si el esfuerzo individual no permite vivir con dignidad?
Derechos escritos y derechos ejercidos
Cuba ha desarrollado en los últimos años un amplio proceso legislativo después de la Constitución de 2019. La Asamblea Nacional ha presentado nuevas normas como instrumentos destinados a fortalecer las garantías ciudadanas, el debido proceso y la seguridad jurídica. La Ley de Proceso Administrativo, por ejemplo, fue presentada como una vía para fortalecer la posibilidad de reclamar frente a actuaciones de la Administración Pública.
Esto representa un principio importante:
un derecho solamente adquiere verdadera fuerza cuando el ciudadano puede ejercerlo y reclamarlo efectivamente.
No basta con que una Constitución reconozca derechos.
No basta con aprobar leyes.
No basta con crear instituciones.
El verdadero Estado de Derecho Social comienza cuando el ciudadano puede enfrentarse jurídicamente a una decisión que considera injusta y encontrar una respuesta institucional imparcial.
La propia dirigencia parlamentaria cubana ha reconocido que no basta con aprobar leyes y que resulta esencial controlar su cumplimiento.
Ese punto es fundamental.
Porque entre aprobar una norma y hacerla realidad existe una diferencia enorme.
Justicia social también significa poder reclamar
Un Estado Social no debería considerar al ciudadano solamente como receptor de servicios o beneficiario de políticas públicas.
También debe considerarlo como titular de derechos.
Eso significa que una persona debe poder reclamar cuando considera que una institución ha actuado incorrectamente.
Debe poder cuestionar una decisión administrativa.
Debe poder exigir transparencia.
Debe poder denunciar un abuso.
Debe poder expresar una inconformidad.
Y debe contar con instituciones capaces de escucharla.
La relación entre Estado y ciudadano no debería construirse únicamente desde la obediencia.
También debe construirse desde la responsabilidad del poder frente al ciudadano.
Cuba atraviesa una prueba histórica
La realidad económica actual convierte todo esto en una discusión todavía más importante.
Cuba atraviesa una de sus crisis económicas y energéticas más profundas de las últimas décadas. Reuters reporta que en agosto de 2026 los apagones en varias provincias superan en algunos casos las 20 horas diarias y que la crisis está afectando sectores esenciales de la economía y la vida cotidiana.
Frente a esa realidad, el Gobierno ha impulsado nuevas transformaciones económicas.
En junio de 2026, el primer ministro Manuel Marrero Cruz defendió las transformaciones económicas anunciadas y sostuvo que su propósito esencial es mejorar la calidad de vida y avanzar hacia un socialismo próspero y sostenible.
Aquí aparece precisamente la gran prueba.
Si el objetivo declarado es mejorar la calidad de vida, los resultados tienen que poder medirse en la calidad de vida.
No solamente en decretos.
No solamente en resoluciones.
No solamente en discursos.
Sino en la mesa de las familias, en los salarios, en la producción, en los servicios públicos y en las oportunidades que tiene cada ciudadano.
El Estado Social necesita producir bienestar
Existe una contradicción que Cuba no puede ignorar.
Un Estado puede declarar que protege al trabajador, pero si el salario pierde continuamente su capacidad de compra, la protección se vuelve insuficiente.
Puede garantizar determinados servicios sociales, pero si esos servicios se deterioran por falta de recursos, también necesitan ser revisados.
Puede hablar de igualdad, pero si las diferencias económicas crecen y una parte de la población tiene acceso a recursos que otra no puede conseguir, la discusión sobre equidad vuelve a aparecer.
La justicia social no significa que todos tengan exactamente lo mismo.
Significa que las reglas y las instituciones deben permitir que las personas puedan vivir con dignidad y que nadie quede abandonado frente a sus necesidades esenciales.
La prosperidad individual también importa
Hay otro aspecto que merece especial atención.
La Constitución cubana no habla solamente de bienestar colectivo. También habla de prosperidad individual y colectiva.
Esto adquiere una importancia enorme en la Cuba actual.
Una persona que trabaja, produce, emprende o crea un negocio no debería ser vista únicamente como alguien que obtiene un beneficio particular.
Su actividad también puede generar empleo, bienes, servicios, impuestos y riqueza para la sociedad.
Por eso, justicia social y prosperidad individual no necesariamente tienen que ser conceptos enfrentados.
Una sociedad necesita proteger a quienes se encuentran en situaciones vulnerables, pero también necesita crear condiciones para que quienes producen puedan crecer.
Sin riqueza suficiente resulta cada vez más difícil sostener un verdadero Estado Social.
El gran desafío cubano
La discusión, por tanto, no debería reducirse a si Cuba mantiene o abandona el socialismo.
La cuestión más profunda es:
¿Cómo conseguir que los principios de justicia social, dignidad, bienestar y prosperidad establecidos en la Constitución se conviertan en experiencias concretas para los ciudadanos?
Ese es el verdadero desafío.
Porque un Estado de Derecho Social no puede medirse únicamente por lo que promete.
Debe medirse por lo que garantiza.
No solamente por las leyes que aprueba, sino por la capacidad de hacerlas cumplir.
No solamente por los servicios que ofrece, sino por la calidad y accesibilidad de esos servicios.
No solamente por la igualdad declarada, sino por las oportunidades reales.
Y no solamente por la protección social, sino por la posibilidad de que cada ciudadano pueda trabajar, producir, prosperar y construir su futuro.
La pregunta que queda sobre la mesa
Cuba tiene ante sí una realidad difícil.
La crisis económica, energética y social obliga a replantearse muchas cosas.
Pero cualquier transformación debería partir de una idea fundamental:
el ciudadano debe estar en el centro.
Si el Estado se define como un Estado de derecho y de justicia social, entonces la persona no puede ser una cifra dentro de una estadística ni únicamente un destinatario de decisiones.
Debe ser el sujeto principal de esas decisiones.
Porque al final, la verdadera medida de un Estado de Derecho Social no está en lo que dice de sí mismo.
Está en una pregunta mucho más sencilla:
¿Puede un ciudadano común vivir con dignidad, ejercer sus derechos, reclamar cuando estos son vulnerados, trabajar y prosperar dentro de las reglas establecidas?
Si la respuesta es sí, los principios comienzan a convertirse en realidad.
Si la respuesta es no, entonces el desafío no consiste solamente en defender los principios.
Consiste en hacerlos realidad.
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