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El Banco Central de Cuba confirmó que la primera casa de cambio privada del país ya funciona en Santa Clara, Villa Clara, bajo supervisión estatal. Además, existen otras solicitudes para crear entidades similares.

¿Quiénes son los propietarios reales de esta casa de cambio? ¿Con cuánto capital comenzó a operar? ¿Cuál es el origen de ese capital? Foto de la casa de cambio privada en Santa Clara/JM.

Por Juan Moreno | Prensa Libre Cuba

La Habana. PLC Opinión | Y aquí surge una pregunta que muchos cubanos tienen derecho a hacerse.

Durante años, el llamado Plan Maceta —basado fundamentalmente en el Decreto‑Ley 149 de 1994— permitió investigar y confiscar bienes cuando las autoridades consideraban que una persona había obtenido un patrimonio “sin causa legítima” y desproporcionado respecto de sus ingresos.

Entonces, ¿cómo es posible que ahora exista una casa de cambio privada autorizada para manejar operaciones con monedas extranjeras?

La cuestión no es tener dólares. El dinero extranjero puede ser perfectamente legítimo. La cuestión es otra:

¿De dónde proviene el capital con el que opera esa casa de cambio?

Si el dinero pertenece legítimamente a sus propietarios y está debidamente declarado, regulado y fiscalizado, debe existir documentación que lo demuestre.

Pero si algún propietario utilizara fondos obtenidos ilícitamente en otro país, estaríamos ante un asunto completamente distinto: posibles delitos financieros, fraude o apropiación indebida, según las leyes del país de origen y las circunstancias concretas.

Por eso las preguntas son inevitables:

¿Quiénes son los propietarios reales de esta casa de cambio? ¿Con cuánto capital comenzó a operar? ¿Cuál es el origen de ese capital? ¿Quién fiscaliza sus operaciones y garantiza que las mismas reglas aplicadas al ciudadano durante el “Plan Maceta” se aplican también a quienes ahora manejan grandes cantidades de divisas?

Y quizás la pregunta más importante:

¿Existe igualdad ante la ley para todos?

No afirmamos que los dueños de esta casa de cambio hayan cometido delito alguno. Pedimos transparencia.

Porque si el Estado cubano puede exigirle a un ciudadano que explique de dónde salió su dinero, también debería poder explicar públicamente quién está detrás de las empresas que ahora tendrán autorización para manejar las divisas del país.


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