CUBA-ESTADOS UNIDOS SANCIONES
Redacción Central
La Habana, 16 de octubre. PLC | El Gobierno cubano ha elevado el tono de sus acusaciones contra Estados Unidos ante la cercanía de la votación anual en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el embargo, prevista para el próximo 28 de octubre. Esta vez, el centro de los ataques es el secretario de Estado Marco Rubio, a quien La Habana acusa de presionar y chantajear a gobiernos extranjeros para reducir el tradicional respaldo internacional a la resolución cubana.
La acusación tiene como antecedente inmediato una conversación telefónica mantenida el 13 de octubre entre Rubio y el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Y aquí existe un hecho confirmado por el propio Washington: el Departamento de Estado informó que Rubio pidió a Bukele que El Salvador se uniera a Estados Unidos y a otros países afines para impulsar prioridades compartidas dentro de Naciones Unidas. En esa misma conversación afirmó que el Gobierno cubano no realizará las reformas que el pueblo merece mientras considere que tiene de su lado a la comunidad internacional.
Es decir, Washington no oculta que pretende modificar la correlación diplomática favorable a La Habana. Lo que no aparece probado en la información disponible es la acusación cubana de que esa gestión incluya “chantajes” a los gobiernos.
El canciller Bruno Rodríguez aseguró que Rubio, “nervioso y ansioso” ante lo que calificó como una próxima derrota estadounidense, está presionando y chantajeando a jefes de Estado y de Gobierno para modificar sus votos. El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío fue todavía más lejos y describió las gestiones estadounidenses como un intento de “intimidar, chantajear” y ofrecer incentivos a otros gobiernos.
Miguel Díaz-Canel se incorporó el jueves a la ofensiva retórica. Afirmó que Estados Unidos está presionando a países soberanos y sostuvo que esos esfuerzos constituyen una demostración del aislamiento internacional de Washington respecto a Cuba.
Pero detrás de las acusaciones existe un dato que resulta especialmente incómodo para La Habana: aunque Cuba continúa disponiendo de una mayoría abrumadora en la Asamblea General, esa mayoría se redujo significativamente el pasado año.
En 2024, 187 países respaldaron la resolución cubana. En octubre de 2025 el número cayó a 165, mientras siete países votaron en contra y 12 se abstuvieron. Fue el respaldo más bajo recibido por la resolución en al menos una década.
La votación del próximo 28 de octubre será, por tanto, mucho más que la repetición de un ritual diplomático iniciado hace décadas.
La resolución presentada anualmente por Cuba desde 1992 es no vinculante. Aunque una nueva victoria de La Habana tendría un considerable peso político y propagandístico, no obligaría a Washington a levantar el embargo.
La estrategia de Rubio parece buscar precisamente una modificación de ese valor político: Washington puede perder la votación numéricamente y, al mismo tiempo, presentar como una victoria diplomática cualquier reducción significativa del número de gobiernos que respaldan a Cuba.
No se trata solamente de defender las sanciones. El argumento estadounidense intenta trasladar el debate desde el embargo hacia la naturaleza y actuación del Gobierno cubano. La frase utilizada por Rubio ante Bukele resulta reveladora: mientras La Habana interprete el respaldo internacional como un apoyo a su sistema político, no tendrá incentivos para emprender reformas. Esa es, al menos, la tesis expresada oficialmente por Washington.
La Habana intenta justamente establecer la distinción contraria. Presenta cada voto contra el embargo como una condena internacional a Estados Unidos, pero evita que el debate se convierta en un juicio sobre su propio sistema político, la ausencia de elecciones libres, la represión de la oposición o las restricciones a la libertad de expresión.
Ahí reside una de las contradicciones fundamentales del enfrentamiento.
Un gobierno puede oponerse a las sanciones económicas estadounidenses y, al mismo tiempo, rechazar el sistema político cubano. Votar a favor del levantamiento del embargo no equivale necesariamente a respaldar al Gobierno de La Habana. Del mismo modo, votar contra la resolución cubana tampoco supone necesariamente apoyar todas las medidas adoptadas por Washington.
La batalla de este año intenta borrar precisamente esa ambigüedad.
Hay otro elemento que demuestra que la ofensiva estadounidense no se limita a los pasillos de Naciones Unidas. Mientras La Habana denunciaba las supuestas presiones
La respuesta estadounidense a las acusaciones de La Habana debe entenderse, por tanto, más por sus hechos que por una réplica verbal. Washington reconoce la ofensiva diplomática, pero la presenta como una estrategia para reducir el respaldo político internacional del Gobierno cubano, no como el “chantaje” denunciado por Bruno Rodríguez.
La incógnita será conocer hasta dónde puede llegar esa estrategia el 28 de octubre.
La Habana partirá nuevamente como clara favorita para ganar la votación. Pero para el Gobierno cubano ya no basta con ganar. Lo verdaderamente importante será saber con cuántos votos gana.
Si el respaldo vuelve a disminuir después de la caída de 187 votos en 2024 a 165 en 2025, Rubio habrá conseguido presentar la derrota numérica estadounidense como un avance político. Si Cuba recupera apoyos, La Habana podrá argumentar que el endurecimiento de la Administración de Donald Trump ha vuelto a aislar a Washington.
Entre ambas posiciones queda atrapada una discusión que lleva décadas repitiéndose: Estados Unidos insiste en las sanciones como instrumento de presión y el Gobierno cubano las utiliza como argumento para explicar buena parte de la crisis nacional y como herramienta de movilización diplomática.
Pero la votación de Naciones Unidas no resolverá el problema esencial de Cuba. Ninguna mayoría en Nueva York sustituye las reformas económicas y políticas pendientes dentro de la Isla, ni convierte automáticamente el rechazo internacional al embargo en una legitimación del régimen.
Ese puede ser, precisamente, el terreno donde Rubio intenta cambiar una batalla diplomática que durante más de tres décadas Estados Unidos prácticamente dio por perdida.
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