Contra el embargo no significa a favor del régimen

CUBA-NACIONES UNIDAS

Redacción Central- Editorial

Estocolmo. PLC. Editorial | Hay escenas que parecen destinadas a repetirse en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En octubre de 1960, en plena Guerra Fría, Nikita Jrushchov protagonizó uno de los episodios más estridentes de la historia del organismo internacional. La leyenda sostiene que el líder soviético llegó a golpear con su zapato el pupitre durante una airada protesta contra el delegado de Filipinas. El episodio ha sido discutido durante décadas y ni siquiera los archivos de la propia ONU permiten zanjar definitivamente si el zapato llegó realmente a golpear la mesa. Lo indiscutible es que hubo gritos, gesticulación, interrupciones y un enorme escándalo diplomático.

Era octubre de 1960. Dos años después, también en octubre, Cuba estaría en el centro del momento más peligroso de la Guerra Fría: la Crisis de los Misiles de 1962, cuando la instalación de armamento nuclear soviético en la Isla llevó a Estados Unidos y la Unión Soviética al borde de una confrontación nuclear.

Más de seis décadas después, la Asamblea General volvió a contemplar una escena de algarabía política, esta vez protagonizada por la delegación cubana durante el debate anual sobre el embargo estadounidense.

Mientras el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, acusaba al régimen cubano de corrupción, represión y privilegios de su élite, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y otros integrantes de la delegación reaccionaron con interrupciones, golpes sobre las mesas y protestas. La situación llegó al punto de que la presidencia de la Asamblea suspendió brevemente la sesión.

La bronca, sin embargo, puede terminar ocultando una cuestión bastante más importante.

La Asamblea General acaba de aprobar por trigésima cuarta vez una resolución que reclama el levantamiento del embargo económico, comercial y financiero estadounidense contra Cuba. Esta vez la votación fue de 130 países a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, el respaldo más débil a la resolución cubana en dos décadas según Naciones Unidas y el más bajo desde 1995 según AFP. En 2025 habían votado favorablemente 165 países.

El Gobierno cubano volverá a presentar esos 130 votos como una victoria política contra Washington. Y, en un sentido estrictamente diplomático, tiene motivos para señalar el evidente aislamiento internacional de Estados Unidos respecto al embargo: 130 gobiernos continúan reclamando su eliminación.

Pero de ahí a interpretar esos votos como un respaldo internacional al régimen cubano existe una enorme distancia.

Ese es precisamente uno de los equívocos que La Habana cultiva cada año.

La resolución sometida a votación no pregunta a los gobiernos del mundo si aprueban el sistema político cubano, si consideran democrático al régimen, si respaldan la existencia de presos políticos, si aceptan las restricciones a la libertad de expresión o si consideran legítimo el monopolio político del Partido Comunista.

Lo que se vota tiene un objeto concreto: la “necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. El texto invoca principios de soberanía, no intervención y libertad de comercio y cuestiona expresamente el alcance extraterritorial de la Ley Helms-Burton.

Por tanto, votar contra el embargo no equivale a votar a favor del régimen cubano.

Un gobierno democrático puede considerar contraproducente, injusta o jurídicamente cuestionable la política estadounidense hacia Cuba y, simultáneamente, condenar las violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades de La Habana. No existe contradicción alguna entre ambas posiciones.

La confusión resulta conveniente para los dos extremos del debate. La Habana intenta apropiarse de los votos contra el embargo como si fueran reconocimientos políticos a su sistema. Desde el extremo contrario, algunos interpretan cualquier oposición a las sanciones estadounidenses como muestra de simpatía hacia el castrismo.

Ambas interpretaciones son simplificaciones.

Precisamente por ello, el resultado de este año merece una lectura más cuidadosa. La resolución volvió a ganar ampliamente, pero su respaldo cayó de 165 votos en 2025 a 130 en 2026. Alemania e Italia estuvieron entre los países que esta vez optaron por abstenerse después de haber respaldado anteriormente la resolución. Washington considera esos desplazamientos una señal de que su ofensiva diplomática contra La Habana comienza a producir resultados.

El retroceso debería preocupar al régimen cubano bastante más que el ruido producido en el salón de la Asamblea General.

La Habana puede celebrar que una amplia mayoría continúa rechazando el embargo. Lo que ya no puede exhibir con la misma facilidad es aquella casi unanimidad internacional que durante años transformó la votación anual en una cómoda ceremonia propagandística. El apoyo llegó a alcanzar 191 votos favorables en 2015 y 2017. Ahora son 130.

Pero tampoco Washington debería confundir la disminución del respaldo con una aprobación internacional de su política. Los 130 votos favorables demuestran que una mayoría muy amplia continúa considerando que el embargo debe terminar.

Esta es precisamente la distinción que debería marcar una política democrática hacia Cuba.

Se puede estar contra el embargo y contra el régimen. Se puede defender la normalización de las relaciones económicas y, simultáneamente, exigir elecciones libres, libertad de prensa, pluralismo político y respeto de los derechos humanos. Se puede considerar equivocada la política de Washington sin comprar por ello la narrativa de La Habana.

La libertad de los cubanos no pertenece ideológicamente ni a quienes defienden el embargo ni a quienes defienden al Gobierno que lo utiliza desde hace décadas como explicación universal de sus fracasos.

Por eso, más que contar zapatos, golpes sobre pupitres o gritos en Naciones Unidas, convendría preguntarse qué significa realmente el voto de cada país.

La respuesta es mucho menos favorable a la propaganda oficial de lo que La Habana pretende: 130 países votaron contra el embargo estadounidense. No votaron para absolver al régimen cubano.

Y esa diferencia es precisamente la que el Gobierno de Cuba preferiría que no se hiciera.