El embargo a Cuba y la ONU: una presión pacífica que las democracias deberían respaldar

CUBA-NACIONES UNIDAS

Por Micaela Hierro Dori

La Asamblea General de la ONU votará de nuevo la resolución contra el embargo a Cuba, en un contexto donde cada vez más países cuestionan el relato del régimen y su falta de democracia. Aunque La Habana utiliza la votación como símbolo político y culpa al bloqueo de su crisis, los datos muestran que EE.UU. es proveedor de alimentos y que la escasez responde a su propio modelo económico.

Buenos Aires. PLC | El 28 de octubre, la Asamblea General de la ONU volverá a votar la resolución titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. Será la 34ª vez que La Habana presenta el texto desde 1992. El ritual es conocido: el canciller Bruno Rodríguez Parrilla presenta un informe de “daños” -este año lo cifró en 8.083,3 millones de dólares-, decenas de delegaciones denuncian la medida como ilegal o inhumana y la resolución se aprueba por amplia mayoría. Lo que ya no es ritual en la priorización de la soberanía de un pueblo oprimido a la de un gobierno tirano, por parte de los países que votan a favor de esta resolución que en sí es una infamia a uno de los principales propósitos de Naciones Unidas que es “estimular el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos.”

La resolución nació con poco apoyo. El 24 de noviembre de 1992 obtuvo 59 votos a favor, 3 en contra (Estados Unidos, Israel y Rumania) y 71 abstenciones; otros 46 países no votaron. Incluso aliados de Washington como Canadá, Francia y España la apoyaron, molestos porque la Ley para la Democracia en Cuba de ese año extendía el embargo a filiales de empresas estadounidenses en el exterior. El respaldo creció durante los años noventa y se estabilizó por encima de 180 votos desde comienzos de este siglo. El pico llegó en 2016, durante el deshielo de Barack Obama donde muchos pensamos erróneamente que lo mejor era levantar una política fracasada de presión y quitarle la excusa al régimen de su fracaso. Fue así que se llegaron a 191 votos a favor y, por primera vez, la abstención de Estados Unidos e Israel. El régimen sólo ganó tiempo y aire para permanecer en el poder. Si el criterio es “no cambió el régimen”, también fracasó el acercamiento. En 2025 la tendencia se quebró: 165 votos a favor, 7 en contra (Estados Unidos, Israel, Argentina, Hungría, Paraguay, Macedonia del Norte y Ucrania) y 12 abstenciones. Para Argentina fue un giro histórico: por primera vez abandonó su voto tradicional a favor de la resolución que solía negociar el voto de Cuba (y su ámbito de influencia en el bloque latinoamericano y el G77) a favor de la causa de Malvinas. Ucrania también votó en contra por primera vez, y varios países europeos que antes acompañaban a La Habana, como Rumania, reprocharon a Cuba la participación de ciudadanos cubanos en la guerra de agresión rusa y le pidieron que retire ese apoyo. La razón de fondo es la misma en todos los casos: es cada vez más difícil presentar al régimen cubano como una víctima inocente cuando encarcela opositores, se alinea con Moscú y responsabiliza a un tercero de una crisis que su propio modelo económico produjo.

Este año, Washington desplegó una campaña diplomática para sumar más votos en contra o abstenciones. El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, sostuvo que apoyar la resolución solo refuerza los argumentos del régimen y demora las reformas que la isla necesita. Organizaciones de la oposición cubana como Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y la Asamblea de Resistencia Cubana (ARC) están en campaña de incidencia internacional pidiendo a los países democráticos que voten apoyando el embargo como presión para la democratización de Cuba.

La resolución aunque no es vinculante, pues la Asamblea General no tiene facultades para levantar el embargo, que es una ley que solo el Congreso de los EEUU puede derogar; le sirve al régimen cubano como un símbolo de apoyo político internacional. Los argumentos centrales de la resolución son: Primero, bajo el argumento de la no injerencia, el texto invoca la igualdad soberana de los Estados, la no intervención en asuntos internos y la libertad de comercio y navegación. Segundo, pide a todos los Estados rechazar leyes como la Helms-Burton de 1996, que sanciona a empresas de terceros países que operan con bienes confiscados en Cuba. Tercero, el gobierno cubano sostiene el punto del costo humanitario, que el “bloqueo” es la causa de la escasez de alimentos, medicinas y energía, y lo califica de “genocida”. Este año se suma a su alegato el corte de las importaciones de combustible dispuesto por Washington a fines de enero de 2026.

Estos argumentos son fácilmente desarmados, pues en cuanto al primero, la soberanía es del pueblo, no de un gobierno que no surge de elecciones libres y competitivas. Además, desde la Declaración de Viena de 1993, los derechos humanos son una preocupación legítima de la comunidad internacional y no son un asunto interno. En cuanto al segundo argumento, los países que reclaman la extraterritorialidad de la medida también deberían sumarse a la medida que busca democratizar, si lo hicieran quizás pudieran comerciar con una Cuba democrática y no seguir haciéndolo con una Cuba que viola sistemática los derechos humanos, incluso los derechos de los trabajadores que indirectamente están vinculados a sus empresas y negocios internacionales. Y el tercero, que es el que sostiene todo el relato emocional del régimen, no resiste el contraste con los datos. Principalmente porque los alimentos y las medicinas están exceptuados de embargo. Y luego, que Estados Unidos es uno de los principales proveedores de la mesa cubana por lo que el régimen presenta como el corazón del “castigo colectivo” -la comida- es insostenible. En 2025, EE.UU. exportó a Cuba 476,74 millones de dólares en productos agrícolas. Ningún país “genocida” le vende pollo a su víctima o un país bloqueado no le compra pollo a quien lo bloquea. Cuba lo hace todos los meses. En el comercio total de bienes, los principales socios de Cuba siguen siendo China, Venezuela y España. La ley exige que Cuba pague por adelantado y en efectivo, sin crédito. Es una condición exigente, pero no explica la escasez: ningún proveedor del mundo le da crédito blando a un Estado que acumula deudas impagas con sus propios aliados.

El embargo no es un castigo sin condiciones: tiene una puerta de salida escrita en la ley. La Ley Helms-Burton o “Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana” establece que puede levantarse cuando exista en Cuba un gobierno de transición que libere a los presos políticos, legalice la actividad política independiente, garantice la libertad de prensa y sindical y se comprometa a celebrar elecciones libres y multipartidarias. Es decir, la llave la tiene La Habana. Bastaría con que el régimen hiciera lo que cualquier democracia de la región da por sentado para que la presión desapareciera. Y es una presión pacífica. No hay tropas, no hay bombardeos, no hay ocupación. Es la decisión soberana de un país de no comerciar libremente con una dictadura que confiscó bienes sin compensación y que mantiene presos a cientos de ciudadanos por manifestarse, como ocurrió tras las protestas del 11 de julio de 2021. Las democracias que defienden la solución pacífica de los conflictos deberían ver en este instrumento exactamente eso: una forma de presionar por la apertura sin recurrir a la fuerza. Votar con La Habana no es neutralidad; es aliviar al régimen uno de los pocos costos que todavía paga por negarse a democratizar.

Los países que se reconocen democráticos, y en particular los de América Latina que conocieron dictaduras, tienen la oportunidad de ser coherentes. No se trata de aplaudir cada medida de Washington ni de ignorar el sufrimiento del pueblo cubano. Se trata de no regalarle al régimen un respaldo internacional que usa para justificar su fracaso y prolongar su permanencia.

Un voto en contra o una abstención no es un voto contra Cuba. Es un voto por los cubanos que todavía esperan elegir libremente a sus gobernantes.

Este artículo ha sido publicado paralelamente en BAE NEGOCIOS

Micaela Hierro Dori

Micaela Hierro Dori, internacionalista y politóloga. Presidente de la Asociación Civil Cultura Democrática y autora del libro “Memoria y Cultura por la Democracia en Cuba”