La Habana. PLC | El asesinato de Yarielys Gigato Medina, madre de dos niñas y un niño, no puede reducirse a otro episodio de la crónica criminal cubana. Su muerte se incorpora a un registro independiente que ya atribuye a 2026 una cifra de violencia feminicida superior a la documentada durante todo el año anterior, mientras el Estado continúa sin ofrecer información pública suficiente para evaluar los riesgos, determinar responsabilidades institucionales y proteger a las mujeres amenazadas.
Yarielys Gigato Medina fue asesinada en la mañana del 30 de octubre dentro de su vivienda, situada en el kilómetro 2,5 de la carretera de Viñales, en la provincia de Pinar del Río. El Observatorio de Género de Alas Tensas, conocido como OGAT, señala como presunto agresor a una expareja de la víctima.
La organización informa que Yarielys Gigato Medina tenía 36 años y era madre de tres menores. Su asesinato dejó a dos niñas y un niño sin el cuidado de su madre, una consecuencia que extiende el daño mucho más allá de la víctima y coloca a toda una familia ante una situación de profunda vulnerabilidad.
Existen, sin embargo, discrepancias entre las fuentes sobre la edad de la víctima. Alas Tensas, y algunos medios informan que tenía 36 años, mientras Martí Noticias y otros reportes iniciales la sitúan en 34. Ante esa diferencia, debe darse prioridad al dato de 36 años publicado por el observatorio que verificó el caso, pero la falta de información oficial vuelve a dejar una cuestión básica pendiente de confirmación pública.
Ileana Álvarez, directora de OGAT, calificó el asesinato como un ataque de “crueldad estremecedora” y advirtió que la violencia ejercida contra Yarielys Gigato Medina refleja el ensañamiento con el que son asesinadas numerosas mujeres en Cuba. De acuerdo con la información recibida por el observatorio, la víctima fue golpeada con un objeto contundente y atacada también con un arma blanca.
Algunos medios sostienen que el presunto agresor se entregó posteriormente a la Policía. No obstante, esa versión procede de reportes preliminares y, hasta la publicación de las informaciones consultadas, las autoridades cubanas no habían divulgado un comunicado que aclarara oficialmente la identidad y situación procesal del sospechoso ni el curso de la investigación.
La ausencia de información oficial no constituye un detalle menor. Impide saber si existían denuncias anteriores, órdenes de alejamiento, antecedentes de amenazas o solicitudes de protección. También imposibilita evaluar si las instituciones tuvieron conocimiento previo del peligro y si actuaron para evitarlo.
El caso de Yarielys Gigato Medina es el sexto feminicidio documentado por OGAT en Pinar del Río durante 2026. Antes habían sido registradas las muertes de Mileidis Dueñas Pérez, asesinada el 16 de enero en San Juan y Martínez; Ana Yancy Guillot, el 7 de marzo en la capital provincial; Yarisleidis Saavedra Hernández, el 7 de abril; Juana María Baños González, el 14 de julio en Paso Real de San Diego; y Ana Vivian Suárez Cruz, de 21 años, el 13 de agosto en La Palma.
El asesinato eleva a 61 el registro de feminicidios y asesinatos de mujeres y niñas contabilizados por OGAT durante 2026. Al 1 de noviembre, el observatorio había registrado además 38 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres ocurridos en contextos de violencia feminicida. También mantenía bajo investigación 11 posibles feminicidios y 18 intentos reportados durante el año.
La cifra de 61 exige, no obstante, una explicación metodológica. Algunos medios y recuentos difundidos por EFE sitúan el total en 57. 14ymedio explica que la diferencia se debe a que su balance contabiliza 57 víctimas de violencia machista, mientras OGAT incorpora en su registro más amplio determinados asesinatos de mujeres y niñas clasificados según su propia metodología. Por tanto, no se trata necesariamente de cuatro casos inventados o desaparecidos, sino de registros que no emplean exactamente los mismos criterios de clasificación.
Para evitar confusión, el dato debe presentarse con atribución: OGAT contabiliza 61 casos en su registro de feminicidios y asesinatos de mujeres y niñas en 2026, mientras otros recuentos periodísticos hablan de 57 feminicidios. La discrepancia refuerza la necesidad de que el Estado publique información nominal, actualizada y verificable, en lugar de dejar toda la documentación en manos de observatorios independientes y medios de comunicación.
Más allá de la diferencia entre registros, la tendencia resulta inequívoca. El informe semestral de OGAT documentó 49 feminicidios entre enero y agosto de 2026, frente a 34 durante el mismo periodo de 2025, un aumento del 44,1 %. En apenas ocho meses, el registro de 2026 ya había igualado el total anual actualizado de 2025.
La violencia ejercida por parejas y exparejas constituye el patrón predominante. De los 49 casos analizados por OGAT entre enero y agosto, 38 fueron clasificados como feminicidios íntimos y 37 fueron cometidos por parejas o exparejas. Veinticinco agresores eran exparejas y 12 mantenían una relación afectiva con las víctimas cuando ocurrió el crimen.
La separación aparece así como una etapa de peligro especialmente alto. Entre los 13 feminicidios cometidos por exparejas en los que existía información definida sobre denuncias anteriores, nueve registraban denuncias previas. OGAT considera que este patrón demuestra la necesidad de activar evaluaciones de riesgo, medidas de protección y seguimiento antes, durante y después de una ruptura.
Tampoco el hogar representa necesariamente un espacio seguro. Treinta y dos de los 49 feminicidios examinados, equivalentes al 65,3 %, ocurrieron en algún tipo de vivienda. El asesinato de Yarielys Gigato Medina se integra en ese patrón: fue atacada precisamente en el lugar donde debía haber estado protegida.
La dimensión familiar de esta violencia suele quedar relegada detrás del número total. Durante los primeros ocho meses de 2026, OGAT identificó a 26 mujeres asesinadas que tenían menores a su cargo. Al menos 40 niñas, niños y adolescentes dependían de ellas. Con los tres hijos de Yarielys Gigato Medina, el impacto vuelve a extenderse hacia menores que pierden no solo a su madre, sino también una figura central de protección, cuidados y sustento.
Esos niños no deberían convertirse en una nota secundaria dentro de la noticia. Cada feminicidio abre una crisis de cuidados y obliga a familias, muchas veces empobrecidas y fragmentadas por la emigración, a reorganizar la custodia, la vivienda y la alimentación de quienes dependían de la víctima.
La crisis económica no causa por sí sola un feminicidio ni reduce la responsabilidad individual del agresor. Pero puede multiplicar la vulnerabilidad de las mujeres sometidas a violencia. La falta de transporte, vivienda, dinero, alimentos, medicamentos, comunicación y redes familiares disminuye las posibilidades reales de abandonar al agresor y sostener una vida independiente. OGAT advierte que el deterioro de los servicios esenciales y la sobrecarga de los cuidados hacen todavía más difícil escapar de una relación violenta.
Frente a esta emergencia, la respuesta oficial sigue siendo insuficiente. Cuba no tipifica el feminicidio como delito autónomo en su Código Penal, carece de una ley integral específica contra la violencia hacia las mujeres y las niñas y no dispone de una red nacional de refugios que pueda ofrecer protección inmediata en todas las provincias. Tampoco publica información que permita conocer cuántas mujeres solicitaron ayuda, qué medidas recibieron, cuánto demoró la respuesta o cuántas medidas de protección fueron incumplidas.
Las cifras oficiales divulgadas en 2026 tampoco resuelven el problema. El Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género informó que 49 mujeres de 15 años o más aparecieron como víctimas de asesinatos por razones de género en procesos judiciales juzgados durante 2025. Sin embargo, ese indicador contabiliza procesos concluidos en los tribunales, no necesariamente crímenes cometidos durante ese año. Un asesinato anterior puede incorporarse a la estadística cuando termina el juicio, mientras otro más reciente puede quedar fuera si todavía no existe sentencia.
Contar sentencias no equivale a construir un sistema de prevención. Para proteger vidas es necesario saber cuándo ocurrió el hecho, qué señales lo precedieron, si existieron denuncias, qué respuesta ofreció la Policía y dónde fallaron las instituciones. El Estado cubano posee los expedientes policiales, judiciales, forenses y administrativos necesarios para responder esas preguntas, pero no los convierte en información pública oportuna y verificable.
Esa opacidad explica la importancia del trabajo desarrollado por Alas Tensas. OGAT mantiene desde 2019 un registro independiente sustentado en una red de observadoras, fuentes comunitarias, familiares, medios de prensa y otras plataformas de mujeres. Los casos que todavía no reúnen los elementos necesarios permanecen bajo investigación en lugar de incorporarse automáticamente al recuento.
La sociedad civil está haciendo, bajo condiciones de censura, represión y escaso acceso a documentos oficiales, una tarea que correspondería al Estado. Mientras las autoridades poseen policías, fiscales, tribunales y medicina legal, son activistas y periodistas quienes reconstruyen los hechos, identifican patrones y preservan los nombres de las víctimas.
Yarielys Gigato Medina no debe quedar convertida en el número 61 de una lista. Era una mujer de 36 años y madre de tres hijos. Su asesinato dejó a dos niñas y un niño sin madre y volvió a demostrar que las mujeres cubanas continúan expuestas a la violencia dentro de sus propios hogares, con escasas rutas de protección y bajo un sistema que informa tarde, informa parcialmente o simplemente guarda silencio.
La responsabilidad penal corresponde al autor del crimen. Pero la responsabilidad de prevenir, proteger, investigar con transparencia y reparar a los familiares pertenece al Estado. Después de seis casos documentados en Pinar del Río y decenas en todo el país durante 2026, la inacción ya no puede presentarse como desconocimiento.
En Cuba, el problema no es solamente que continúen asesinando mujeres. Es que los observatorios independientes siguen obligados a contar las muertes porque las instituciones que podrían haber actuado antes no explican qué hicieron, qué dejaron de hacer ni cómo impedirán que vuelva a ocurrir.
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