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Cuba profundiza la dolarización parcial y habilita a las empresas privadas a operar directamente en divisas

El reconocimiento oficial de estas operaciones confirma que el sector privado ya maneja flujos significativos de moneda extranjera y que el Gobierno busca regularlos sin renunciar a su supervisión centralizada. Foto © PLC generada por la inteligencia artificial.

La Habana. PLC | La aprobación de las Resoluciones 102/2026 del Banco Central de Cuba y 103/2026 del Ministerio de Economía y Planificación marca uno de los cambios más significativos en la arquitectura financiera del país desde la expansión del sector privado en 2021. Las nuevas normas, publicadas el 10 de septiembre en la Gaceta Oficial, permiten por primera vez que empresas privadas y personas naturales abran cuentas bancarias en divisas sin autorización previa, reciban pagos en efectivo en moneda extranjera y realicen pagos directos al exterior para importaciones y financiamientos.

El alcance de la medida es amplio y confirma la aceleración de la dolarización parcial que el régimen ha venido implementando en sectores estratégicos. Las empresas privadas podrán depositar dólares, euros u otras divisas aceptadas por el Banco Central, gestionar compras internacionales desde sus cuentas fiscales, recibir ingresos por exportaciones, comercio electrónico y transferencias desde el exterior, así como realizar pagos en plaza dentro del país en moneda extranjera o en pesos cubanos. Las resoluciones también autorizan la venta de divisas en el mercado cambiario y las transferencias entre cuentas en moneda extranjera de empresas y personas naturales.

La normativa establece que los titulares de las cuentas son responsables de todas las operaciones registradas, mientras que los bancos deberán aplicar procedimientos de debida diligencia para prevenir lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Este punto confirma que el Gobierno busca ampliar el uso de divisas sin perder control sobre los flujos financieros y sin relajar los mecanismos de vigilancia.

El nuevo marco redefine la distribución de ingresos en divisas: los actores económicos sin coeficiente de retención aprobado conservarán el 80 % de sus ingresos en moneda extranjera, mientras que el 20 % restante se acreditará en pesos cubanos al tipo de cambio vigente. Las modalidades de inversión extranjera y los proyectos financiados desde el exterior podrán retener el 100 % de sus ingresos en divisas.

El paquete normativo se suma a las 176 reformas económicas aprobadas en junio, que incluyen la autorización para crear empresas privadas con más de 100 trabajadores, abrir cuentas bancarias en el exterior sin aprobación previa y permitir que el sector privado establezca agencias de turismo. La ampliación del uso de divisas dentro del sistema bancario cubano es coherente con este proceso de liberalización parcial, aunque mantiene intacto el control estatal sobre los principales flujos financieros y sobre las operaciones de comercio exterior.

La medida también revela una contradicción estructural: mientras el Estado insiste en que el embargo estadounidense limita su capacidad para abastecer al país, las nuevas normas demuestran que existen mecanismos para importar bienes y gestionar pagos internacionales desde cuentas privadas en divisas. El reconocimiento oficial de estas operaciones confirma que el sector privado ya maneja flujos significativos de moneda extranjera y que el Gobierno busca regularlos sin renunciar a su supervisión centralizada.

La dolarización parcial avanza, pero no implica una liberalización plena. El Estado conserva la capacidad de definir qué divisas se aceptan, cómo se distribuyen los ingresos y bajo qué condiciones pueden extraerse fondos en efectivo. Las extracciones dependerán de la disponibilidad de los bancos y de sus políticas comerciales, un recordatorio de que la apertura financiera sigue condicionada por la escasez estructural de liquidez en la Isla.

La aprobación de estas resoluciones confirma que el Gobierno cubano está reconfigurando su modelo económico hacia un esquema híbrido en el que el sector privado opera en divisas, pero bajo una supervisión estricta y con límites definidos por la administración central. Para las empresas privadas, la medida abre nuevas posibilidades de gestión y financiamiento; para el Estado, representa un intento de ordenar un proceso de dolarización que ya ocurre de facto en la economía cotidiana.


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