Gaesa, el Estado paralelo que sostiene a la familia Castro y asfixia a la economía cubana

CUBA-ECONOMÍA

Estocolmo. PLC / En el corazón del poder económico del castrismo no está el Consejo de Ministros ni el Parlamento, sino un conglomerado opaco, blindado por los militares y protegido por estructuras offshore: el Grupo de Administración Empresarial S.A., mejor conocido como Gaesa. Este entramado empresarial, nacido en los años más duros del Período Especial, se ha convertido en un verdadero Estado paralelo que administra los principales flujos de divisas de Cuba, controla sectores estratégicos como el turismo, las remesas, el comercio minorista dolarizado y las finanzas, y funciona como el gran sostén material de la élite gobernante.

Gaesa surge en 1995 como respuesta a una crisis existencial del régimen. Tras el derrumbe del campo socialista y la desaparición de los subsidios soviéticos, el Estado cubano era incapaz de financiar adecuadamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). La solución fue permitir que el propio Ejército generara sus ingresos, creando un conglomerado empresarial que, con el tiempo, dejaría de ser un simple instrumento de autofinanciamiento militar para convertirse en el núcleo del sistema económico y político. Raúl Castro, entonces ministro de las FAR, fue el principal padrino de Gaesa: impulsó su expansión, les abrió el acceso a los sectores más rentables y, ya como presidente, consolidó una estrategia deliberada de centralización de activos en manos de los militares.

El resultado de esa política es que hoy Gaesa administra un volumen de activos equivalente a alrededor del 40% del PIB cubano y controla, según estimaciones de analistas independientes, más del 70% de la economía formal y la inmensa mayoría de las finanzas de la isla. No publica balances, no rinde cuentas transparentes sobre las transferencias al presupuesto estatal y oculta su composición accionaria detrás de un muro de silencio oficial. Sus empresas dominan el turismo a través del Grupo Gaviota, que posee gran parte de los hoteles del país, muchos de ellos gestionados por cadenas extranjeras; controlan agencias de viaje, marinas, restaurantes, servicios de transporte de pasajeros y buena parte de la infraestructura turística que durante años fue la principal fuente de divisas junto con las remesas y las misiones médicas en el exterior.

Pero el poder de Gaesa va mucho más allá del turismo. El conglomerado se ha incrustado en el sistema financiero y comercial de la isla: maneja el banco más importante, controla cadenas de tiendas dolarizadas, participa en el mercado minorista en divisas, gestiona remesas y domina las importaciones y exportaciones clave. La zona económica especial de Mariel, concebida como vitrina para el capital extranjero, también está bajo su paraguas, lo que convierte a Gaesa en una puerta obligada para cualquier inversión relevante en Cuba. Para los cubanos de a pie, esto significa que una parte sustancial de su vida cotidiana —desde el hotel donde trabajan hasta la tienda donde compran alimentos importados o el canal por el que reciben dinero de familiares en el exterior— está mediada por una estructura militar-empresarial que no responde a mecanismos democráticos ni a controles públicos.

La arquitectura de poder de Gaesa está íntimamente ligada a la familia Castro. Raúl Castro no solo fue el impulsor político del conglomerado, sino que colocó al frente de su expansión a una figura clave: su entonces yerno, el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja. Durante casi tres décadas, López-Calleja presidió Gaesa y se convirtió en uno de los hombres más poderosos del país, miembro del Buró Político del Partido Comunista y administrador de los activos más rentables del sistema. Su papel no se limitó a la gestión empresarial; fue el arquitecto de la red de empresas, filiales y estructuras offshore que permiten al conglomerado proteger sus recursos en paraísos fiscales y operar con flexibilidad en el circuito internacional de capitales.

Tras la muerte de López-Calleja en 2022, la continuidad del control familiar sobre Gaesa se ha canalizado a través de su hijo, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro. Este heredero, conocido por su cercanía al núcleo duro del poder, aparece hoy como uno de los interlocutores cubanos en negociaciones sensibles con actores internacionales, lo que refuerza la idea de que Gaesa no es solo un conglomerado económico, sino el instrumento mediante el cual la familia Castro asegura su influencia y su patrimonio en un contexto de crisis prolongada y pérdida de legitimidad interna.

La dimensión internacional de Gaesa ha llamado la atención de Washington. En la lógica de presión sobre el régimen cubano, Estados Unidos ha identificado al conglomerado como el principal sostén económico del castrismo y ha decidido golpearlo directamente. Bajo la administración de Donald Trump se intensificó la estrategia de sanciones, y en 2026 se han anunciado nuevas medidas que buscan cortar el acceso de Gaesa a activos internacionales, dificultar sus operaciones con bancos, aseguradoras y empresas extranjeras, y elevar el costo de cualquier vínculo comercial con la isla. El argumento central es que Gaesa no genera ingresos para el pueblo cubano, sino para una élite corrupta que utiliza esos recursos para mantener el aparato represivo y la estructura de poder.

Las sanciones tienen un efecto multiplicador: no solo afectan a las empresas directamente vinculadas a Gaesa, sino que crean un “riesgo de contaminación” para cualquier compañía extranjera que opere en Cuba. La posibilidad de que se congelen activos, se bloqueen cuentas en Estados Unidos o se restrinjan viajes de accionistas y empleados actúa como un disuasivo potente. En la práctica, esto complica las transacciones del conglomerado, reduce su margen de maniobra y encarece la financiación de proyectos en sectores como el turismo, el comercio minorista en divisas y la infraestructura.

El impacto de estas medidas se combina con una dinámica interna de deterioro económico. Las remesas, que durante años alimentaron buena parte del circuito financiero controlado por Gaesa, han caído de forma significativa. En 2019, antes de la pandemia, los envíos de dinero a la isla superaban los 3700 millones de dólares; en 2024 apenas rondaban los 1100 millones, una caída superior al 40% respecto a 2023. Esta reducción golpea directamente los ingresos del conglomerado, que depende de la circulación de dólares provenientes del exterior para sostener el mercado minorista dolarizado y las operaciones de sus empresas. Al mismo tiempo, las remesas son el sostén económico de más de un tercio de la población cubana, de modo que la contracción de estos flujos agrava la crisis social y aumenta la tensión entre una élite que sigue blindando sus activos y una ciudadanía que enfrenta escasez, inflación y deterioro de servicios básicos.

Gaesa, en este contexto, funciona como un mecanismo de extracción y concentración de riqueza. Mientras el Estado formal se presenta como garante de derechos sociales, el Estado paralelo militar-empresarial se apropia de los sectores más lucrativos, canaliza las divisas hacia circuitos opacos y utiliza estructuras offshore para proteger el patrimonio de la élite gobernante frente a cualquier cambio político. La ausencia de transparencia impide saber cuánto de lo que Gaesa recauda se destina realmente a financiar servicios públicos y cuánto se reserva para sostener el aparato de seguridad, la burocracia partidista y los intereses privados de la familia Castro y su círculo.

Gaesa es el corazón financiero del castrismo, el instrumento que convierte el control político en control material sobre la vida de millones de cubanos. Cualquier transición real deberá enfrentar la cuestión de qué hacer con este conglomerado: cómo auditar sus cuentas, cómo repatriar activos ocultos en paraísos fiscales, cómo desmilitarizar la economía y cómo garantizar que los sectores estratégicos dejen de ser feudos de una familia y se conviertan en espacios regulados por instituciones democráticas, con competencia, transparencia y rendición de cuentas.

Gaesa no es solo un conglomerado empresarial; es el símbolo de un modelo de dominación que combina partido único, control militar y capitalismo de Estado opaco. Mientras esa estructura siga intacta, la familia Castro y sus herederos conservarán un poder desproporcionado sobre el destino de Cuba, aunque cambien los rostros en la presidencia o se introduzcan reformas cosméticas. Por eso, si se quiere hundir realmente al régimen, no basta con sancionar a individuos o limitar viajes: hay que apuntar al imperio en la sombra, desnudar sus mecanismos, cortar sus fuentes de financiación y construir, en paralelo, una alternativa liberal que devuelva la economía a los ciudadanos y saque a Cuba de la lógica de la finca familiar administrada por generales.