CUBA-ECONOMÍA
Por Antonio Suárez Fonticiella
La Habana. PLC / La expansión de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en Cuba fue presentada por las autoridades como una vía para dinamizar la economía, ampliar la oferta de productos y aliviar parte de la carga que durante décadas asumió el Estado. Sobre el papel, la idea parecía razonable: permitir la iniciativa privada para cubrir espacios donde el aparato estatal había demostrado ser incapaz de responder a las necesidades de la población.
Sin embargo, la experiencia cotidiana de miles de cubanos muestra una realidad mucho más compleja.
La pregunta ya no es solamente si existen MIPYMES, sino quién puede comprar en ellas y bajo qué condiciones.
Un modelo que no funciona para todos
La mayoría de los trabajadores estatales, pensionados y jubilados reciben sus salarios y pensiones mediante tarjetas bancarias. En teoría, este sistema debía facilitar las operaciones financieras, reducir el uso del efectivo y modernizar la economía.
Pero la práctica ha demostrado que una bancarización sin suficiente liquidez, sin una infraestructura eficiente y sin mecanismos que garanticen el acceso real al dinero puede convertirse en una nueva barrera para la población.
Los bancos enfrentan una escasez crónica de efectivo. Quienes intentan retirar dinero suelen encontrar límites muy bajos, en ocasiones de apenas 500 o 1,000 pesos por persona. A esto se suma otro problema: con frecuencia el efectivo disponible se entrega en billetes de baja denominación, dificultando aún más las compras diarias.
Para muchas personas, especialmente jubilados y trabajadores con ingresos limitados, esta situación representa un obstáculo adicional cuando intentan adquirir productos básicos.
La segunda barrera: cuando el dinero existe, pero no se puede usar
El siguiente problema aparece al llegar a numerosas MIPYMES.
Aunque algunas aceptan pagos electrónicos, muchas otras priorizan el efectivo o establecen restricciones para los pagos mediante transferencia o tarjeta bancaria. Esto crea una contradicción difícil de explicar: el ciudadano recibe su salario por el banco, pero cuando intenta utilizar ese dinero en una parte importante del mercado encuentra limitaciones.
Aquí surge una pregunta que las autoridades deberían responder:
Si el propio Gobierno estableció la bancarización como una política económica, ¿por qué existen MIPYMES que no aceptan tarjetas o pagos electrónicos como una vía normal para que los consumidores puedan comprar?
La responsabilidad no puede recaer únicamente sobre el ciudadano, quien queda atrapado entre un sistema bancario que no le permite disponer libremente de su dinero y un mercado donde algunos establecimientos no ofrecen alternativas suficientes de pago.
Si el Estado decidió impulsar la bancarización, también tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que funcione: disponibilidad de efectivo, sistemas electrónicos estables, seguridad en las operaciones y reglas claras para todos los actores económicos.
De lo contrario, la consecuencia vuelve a recaer sobre la población, como ha ocurrido durante décadas: trabajadores, pensionados y familias comunes son quienes terminan pagando el costo de las decisiones económicas tomadas desde las instituciones.
Un círculo que afecta al consumidor
La situación genera una cadena difícil de romper:
El banco no entrega suficiente efectivo; el consumidor no puede retirar completamente su salario; algunas MIPYMES limitan los pagos electrónicos; y el ciudadano termina sin poder acceder libremente a productos que, en teoría, están disponibles para la venta.
El problema no es solamente comercial. Es una falla de conexión entre las políticas económicas y la realidad diaria de las personas.
¿A quién beneficia realmente este sistema?
La creación de las MIPYMES fue presentada como una medida destinada a mejorar la oferta para la población y ampliar las opciones económicas del país.
Sin embargo, cuando una parte importante de los consumidores enfrenta dificultades para pagar, resulta inevitable preguntarse si el objetivo inicial está siendo alcanzado.
El debate no debería centrarse únicamente en la existencia de empresas privadas, sino en si el sistema completo permite que esas empresas funcionen de manera accesible para la mayoría de los cubanos.
En distintos espacios públicos y redes sociales también han circulado cuestionamientos sobre la presunta vinculación de algunas MIPYMES con personas cercanas a estructuras de poder o antiguos funcionarios. Estas afirmaciones requieren pruebas específicas para cada caso y no pueden generalizarse, pero reflejan una percepción de desconfianza presente entre sectores de la ciudadanía.
Una contradicción económica que exige respuestas
Si el Estado impulsa la bancarización, debe garantizar que los ciudadanos puedan utilizar su dinero cuando lo necesiten.
No es suficiente obligar a la población a recibir ingresos mediante tarjetas si después existen obstáculos para acceder al efectivo o realizar pagos en los comercios donde necesita comprar.
Una economía moderna no puede funcionar con reglas contradictorias: bancos que restringen el efectivo y establecimientos que limitan los pagos electrónicos.
La solución no puede ser trasladar las consecuencias al pueblo.
El ciudadano común no diseñó este sistema, pero es quien enfrenta las filas interminables en los bancos, los límites para retirar su propio dinero, la dificultad para comprar alimentos y productos básicos, y la frustración de tener recursos depositados que no siempre puede utilizar.
Más allá de las MIPYMES
El verdadero debate no debería ser solamente si las MIPYMES existen, sino si el modelo económico garantiza que el cubano tenga acceso real a los bienes y servicios disponibles.
Mientras persistan problemas como la falta de efectivo, las restricciones en los medios de pago y la imposibilidad de utilizar con normalidad el propio salario, continuará abierta una pregunta que millones de cubanos se hacen diariamente:
¿Puede considerarse exitoso un sistema económico cuando las personas tienen dinero en el banco, pero encuentran obstáculos para usarlo en su vida cotidiana?
La respuesta a esta contradicción no puede seguir esperando. El Gobierno debe revisar las políticas que impuso y asumir las consecuencias de un sistema donde, una vez más, el mayor peso termina cayendo sobre la población.
Descubre más desde Prensa Libre Cuba
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Sé el primero en comentar