Estados Unidos entra en el corazón minero de Cuba: Gillon Capital aspira al control del níquel de Moa

Prensa Libre Cuba | Análisis

La salida parcial de la minera canadiense Sherritt International Corp. de Cuba y la entrada inmediata de la firma estadounidense Gillon Capital LLC en las negociaciones para adquirir una participación mayoritaria en la compañía han abierto un nuevo capítulo en la relación económica y política entre La Habana y Washington. Lo que comenzó como un movimiento empresarial motivado por el endurecimiento de las sanciones estadounidenses se ha transformado en un episodio con implicaciones geopolíticas de largo alcance. Por primera vez en más de seis décadas, una empresa estadounidense podría convertirse en accionista mayoritario de la explotación de níquel y cobalto de Moa, uno de los yacimientos más importantes del mundo y una de las pocas fuentes de ingresos estables del Estado cubano.

Sherritt, que operaba en Cuba desde hace más de treinta años, anunció a mediados de mayo que suspendía su participación directa en la empresa conjunta Moa debido a las crecientes dificultades para operar bajo el régimen de sanciones. La compañía llegó a considerar la disolución de la sociedad, pero la decisión fue revertida tras la aparición de un nuevo actor: Gillon Capital LLC, un family office estadounidense vinculado a la familia Washburne, con estrechos lazos con la administración de Donald Trump. El acuerdo preliminar firmado entre ambas partes incluye un warrant que permitiría a Gillon adquirir suficientes acciones para alcanzar el 55% de la compañía, convirtiéndose así en accionista mayoritario si decide ejercer la opción.

El movimiento no habría sido posible sin el visto bueno inicial del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro, que confirmaron no tener objeciones a las negociaciones. En un contexto de sanciones reforzadas y tensiones diplomáticas, la autorización resulta significativa. Washington no solo permite la operación: la facilita. La entrada de un actor estadounidense en un sector estratégico cubano, en un momento de máxima presión política, sugiere que la Casa Blanca ve en esta operación una herramienta adicional para influir en La Habana.

La minería de Moa no es un activo menor. Cuba posee algunas de las mayores reservas de níquel del mundo, un mineral crítico para la industria global de baterías, acero inoxidable y tecnologías de transición energética. El níquel y el cobalto representan una de las pocas fuentes de divisas relativamente estables para el régimen. Que una firma estadounidense pueda controlar indirectamente una parte sustancial de esa producción altera el equilibrio tradicional de la economía cubana, históricamente dependiente de socios políticos —primero la Unión Soviética, luego Venezuela— y de empresas dispuestas a operar en condiciones de riesgo.

Para La Habana, la salida de Sherritt supone la pérdida de un socio histórico, estable y políticamente neutral. La llegada de Gillon, en cambio, introduce un actor con intereses alineados con la política exterior estadounidense. La operación coloca al régimen en una posición incómoda: aceptar la entrada de capital estadounidense en un sector estratégico o arriesgarse a perder una fuente vital de ingresos en un momento de crisis económica sin precedentes. La decisión, en cualquier caso, implica concesiones.

El movimiento también tiene una lectura política. En un momento en que la administración Trump endurece su postura hacia Cuba, evalúa opciones militares y presiona por reformas económicas y políticas profundas, la entrada de Gillon Capital puede interpretarse como una forma de aumentar la influencia estadounidense desde dentro del sistema económico cubano. Controlar una parte significativa de la producción de níquel no solo tiene valor económico: otorga capacidad de negociación. En un país donde la economía estatal es el núcleo del poder político, cualquier actor que logre insertarse en sectores estratégicos adquiere un peso que trasciende lo empresarial.

La operación, sin embargo, no está exenta de incertidumbre. El acuerdo es preliminar y requiere aprobaciones regulatorias adicionales. Gillon deberá decidir si ejerce el warrant y asume el control mayoritario. Y La Habana tendrá que evaluar hasta qué punto está dispuesta a permitir que un actor estadounidense, con vínculos directos con la Casa Blanca, se convierta en socio dominante en uno de sus sectores más sensibles.

Lo que sí parece claro es que la salida de Sherritt y la posible entrada de Gillon Capital marcan un punto de inflexión. Cuba pierde a un socio tradicional y se enfrenta a un escenario en el que la presencia económica estadounidense podría convertirse en un instrumento de presión política. En un país donde la economía y la política son inseparables, la operación tiene un significado que va más allá de los balances financieros. Es un recordatorio de que, incluso en medio de la confrontación, la influencia puede llegar por vías inesperadas.